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Jueves, 15 de noviembre de 2018



COLUMNISTAS


UN NUEVO PODER JUDICIAL

Luis Alejandro Álvarez [email protected] | Miércoles 25 octubre, 2017


UN NUEVO PODER JUDICIAL

Hoy el Poder Judicial está herido, no de muerte, pero su estado de salud nos atañe a todos.

Vivimos un momento sin parangón de la historia de Costa Rica: el fiscal general y un magistrado, se encuentran suspendidos por un plazo de tres meses mientras son investigados.

El fiscal general acumula años de ser cuestionado dado que bajo su gestión se han desestimado causas de relevancia en temas de corrupción.

El magistrado, que ha entrado en severas contradicciones en sus declaraciones a la prensa, y con actuaciones que no parecieran rimar con la esencia de lo que significa ejercer su cargo.

La Corte Plena tiene la obligación de que los ciudadanos mantengamos la credibilidad en un sistema que si bien no es perfecto, ha garantizado un equilibrio en este exitoso experimento que se llama Costa Rica.

La Inspección Judicial debe estar a la altura del momento, y actuar inflaqueable.

El Poder Judicial debe salir fortalecido de la crisis actual.

Es válido plantearse la conveniencia de revisar los mecanismos de elección de los magistrados.

Una de las primeras y más importantes reformas a la legislación sería prohibir a quienes siendo parte del Ejecutivo, ministros o viceministros, o cargos de confianza, o habiendo sido electos como diputados, puedan trasladarse a formar parte del Poder Judicial. Existiría eso sí, un plazo de al menos seis años para que esos funcionarios puedan ser electos magistrados, o fiscal general.

Otro de los temas que deben valorarse, es si la elección de los magistrados se debe hacer por periodos con reelección, o un plazo mayor sin esta; o incluso si debe ser un nombramiento vitalicio.

Hay naciones que se han decantado por lo último. Un ejemplo de ello es la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que elige a sus magistrados de por vida, cerrándose así cualquier posible intervención de agentes externos que estén interesados o no en una posible reelección.

En 2012, un miembro del Legislativo manifestó votar en contra de la reelección de un magistrado, para dar “una llamada de atención” al Poder Judicial. Situaciones como esas son lamentables.

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa debe emitir criterios, de los cuales no sea válido apartarse, eliminando cualquier nombramiento para los aspirantes que no hayan sido examinados y hayan tenido la aprobación de los diputados.

Incluso, no está de más modificar la Constitución para que los magistrados sean electos por una mayoría súper calificada que represente un 75% de los diputados, hoy 43, lo que obliga a una mayor negociación y acuerdo entre las diferentes fracciones.

Los nublados del día deben dejarnos lecciones positivas y a partir de ellas mejorar el sistema.