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Sábado, 16 de noviembre de 2019



COLUMNISTAS


Un “lujo” que el país no se puede dar

Roberto Dobles [email protected] | Lunes 25 marzo, 2019


Costa Rica descarta que la energía se convierta en una fuente clave de la competitividad nacional, la cual es vital para el desarrollo, razón por la cual los países en el mundo la implementan y la fortalecen continuamente para impulsar su crecimiento económico y social y su prosperidad. Este es un “lujo” que el país no se puede dar.

Veamos lo que está pasando en el mundo y en Costa Rica.

En el mundo, el Foro Económico Mundial nos ha recordado, como lo han hecho muchas otras organizaciones internacionales, que “el aumento de la competitividad significa un aumento de la prosperidad”.

La competitividad energética de un país es un componente clave de su competitividad nacional, porque es el motor que impulsa y fortalece la economía y la sociedad en general.

Sobre el tema de la energía como parte de la ventaja competitiva de las naciones, el Foro Económico Mundial nos ha recordado también lo siguiente en un informe titulado “Energy as a Competitive Advantage”:

• “Las naciones desarrolladas y las economías emergentes ahora están orientándose hacia políticas que permiten un mayor control sobre el suministro y el costo de la energía para sus ciudadanos y las empresas ubicadas allí”.

• “A pesar de las políticas ‘verdes’ fuertemente expresadas, la economía básica (‘basic economics’) domina las políticas energéticas”.

• “La tecnología es un impulsor (‘driver’) clave de la política energética. Los adelantos tecnológicos, que reducen continuamente los costos de la energía y aumentan la eficiencia, están expandiendo continuamente las reservas energéticas, no solo para la política de inversión verde (energía solar o eólica, por ejemplo), sino especialmente en hidrocarburos como el gas natural”.

• “Es igualmente importante establecer precios de energía a largo plazo que sean realistas y competitivos para garantizar una estructura de costos competitivos de las empresas y un suministro ininterrumpido de energía”.

• “Los ejecutivos de las empresas, tanto de países desarrollados como de países emergentes, han enfatizado la necesidad de que en los países donde operan se invierta en una infraestructura energética que permita un suministro de energía confiable, sostenible y eficaz en costos (‘cost-effective’) para ayudar a desarrollar y retener una posición fuerte y competitiva en el mercado global”.

• “Los ejecutivos de las empresas tienen claro el impacto de la política energética de una nación en sus negocios. La disponibilidad y el costo de la energía afectan la forma en que una empresa toma decisiones con respecto a la ubicación de sus instalaciones, sus inversiones en I + D, sus objetivos de eficiencia operativa y sus estrategias de cadena de suministro y logística”.

La prestigiosa firma consultora McKinsey & Company confirma también, en un estudio titulado “Energy: a Key to Competitive Advantage”, que “la energía se ha convertido en un factor estratégico en la competencia global” y que “la energía es uno de los factores estratégicos que están conduciendo las decisiones de las empresas”.

La International Energy Agency (IEA) señala igualmente que “La energía es un habilitador (‘enabler’) crítico” del desarrollo y que “Los servicios energéticos modernos de bajo costo mejoran la vida de los pobres de innumerables maneras”.

Lo que señalan estas tres organizaciones internacionales, entre muchas otras, no puede ser más claro. Es evidente que en el mundo se entiende muy bien que los costos competitivos de la energía son cada vez más un factor clave de la competitividad, el crecimiento económico y la prosperidad de los países.

Se comprende muy bien igualmente que el desarrollo energético (incluyendo la transición energética, como parte integral de este desarrollo) debe tener, para su éxito, un balance apropiado y competitivo en su evolución en el tiempo entre lo económico (crecimiento, generación de recursos fiscales, etc.), lo social (aumento del empleo y reducción de la pobreza, etc.) y lo ambiental (sostenibilidad).

Se tiene claro que el desarrollo energético no puede darse en contra de lo económico con energía de alto costo porque abate el desarrollo económico y social y la prosperidad, además de abatir la transición energética.

Para que se impulsen continuamente el desarrollo, la prosperidad y el bienestar, la transición energética debe darse con fuentes de energía que simultáneamente sean de alta competitividad (bajo costo y alta calidad), de alto impacto social (generación de empleo, reducción de la pobreza, etc.) y de bajo impacto ambiental.

La competitividad energética de un país fomenta la inversión nacional y atrae la inversión externa. Y sin inversión no hay reactivación económica, crecimiento económico ni prosperidad.

El desarrollo de la inversión local y extranjera es clave para apoyar el fortalecimiento de los principales indicadores nacionales, tales como crecimiento económico, infraestructura, desempleo, pobreza e inseguridad.

La energía es un insumo clave en la producción de bienes y servicios, por lo que un costo alto y no competitivo aumenta los costos de los bienes y servicios y reducen el crecimiento económico.

Los altos costos de la energía, tanto directos (como en el consumo energético de electricidad en el sector residencial) como indirectos (contenidos en los precios de todos los bienes y servicios, incluyendo los alimentos, la vivienda y el transporte), impactan además más fuertemente a los más pobres, al ser estos costos proporcionalmente mucho más altos en la “billetera” de los hogares más pobres que en la de los hogares más ricos.

Por todas estas razones, los países en el mundo buscan mejorar continuamente su competitividad energética como una fuente clave de ventaja competitiva para potenciar la prosperidad.

En el mundo se tiene muy claro que el crecimiento económico y la prosperidad solo vienen con la inversión y que la inversión solo viene con un aumento continuo de la competitividad que supere la de otros países, incluyendo la competitividad energética.

En Costa Rica, “la economía básica” no es una prioridad de la política energética nacional. Por esta razón es que la reducción de los costos nacionales de la energía, para llevarlos a los niveles de competitividad internacional (para al menos equipararlos con los precios internacionales y no tener una desventaja competitiva) o para llevarlos a niveles inferiores (para tener una ventaja competitiva energética superior que apoye el desarrollo, la prosperidad, el bienestar), no es una prioridad.

La competitividad y la economía básica no forman parte de las prioridades energéticas nacionales. Consecuentemente, no forman parte de las políticas y estrategias de crecimiento económico y de satisfacción de las necesidades esenciales de prosperidad de la población.

Como lo indiqué en una columna anterior, para darse cuenta que este tema no es una prioridad, basta con comprobar los altos y crecientes costos de la energía que tenemos con respecto a otros países y el hecho de que la reforma energética (para reducir significativamente los costos para llevarlos a niveles internacionales) no forma parte tampoco de ningún plan ni de la reactivación económica.

Más bien todo apunta a que los costos de la energía continuarán aumentando en el país, lo que agravará aún más la situación. Lo siguiente es una pequeña muestra de esta cruda realidad:

• Con respecto a la electricidad, a pesar del importante aumento que se dio en enero pasado de las ya altas tarifas eléctricas que tenemos, la ARESEP tiene en este momento en fila la resolución de varias solicitudes nuevas de aumento.

Son muchos los factores que impulsan la incontenible espiral de aumentos de los costos de la electricidad, los cuales incluyen una costosa matriz energética, un elevadísimo endeudamiento y serios problemas financieros y pérdidas que tiene el ICE.

El elevadísimo endeudamiento en moneda extranjera de la institución es uno de los muchos factores que ponen una alta presión sobre el aumento constante de las tarifas eléctricas. La prensa nacional reportó en noviembre pasado que los jerarcas del ICE revelaron ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa “que las deudas de la institución alcanzan los $4.156 millones”. El riesgo cambiario (ingresos en colones y pago de amortización e intereses en moneda extranjera) y el aumento de las tasas internacionales de interés no hacen más que agravar la situación.

Los medios de comunicación informaron el año pasado que el “Pago de la deuda del Grupo ICE crece a un ritmo vertiginoso” y que el ICE “pagó ¢177.780 millones en intereses de créditos y bonos el año pasado (2017), un 87% más frente a 2014. El costo financiero generó una pérdida de ¢51.700 millones en 2017”.

Para 2018, la prensa informó que “el ICE proyectó pérdidas de ¢314 mil millones” y que los “Datos aportados por la entidad apuntan que el ICE tendrá pérdidas este año (2018) por ¢314.000 millones, cifra muy superior al balance negativo registrado en 2017, que fue de ¢51.706 millones”.

Ante esta situación, la auditora de la institución indicó hace menos de dos semanas a la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa “que actualmente el Instituto Costarricense de Electricidad tiene ‘riesgo de sostenibilidad’”.

Con respecto a los combustibles derivados de petróleo, que representan casi las dos terceras partes del consumo energético nacional, un estudio elaborado como parte del ingreso del país a la OCDE señaló que varias de las condiciones del suministro nacional de combustibles derivados de petróleo “le cuestan a Costa Rica un pago adicional correspondiente a 1,35 puntos porcentuales de su producto interno bruto (PIB), es decir, casi ¢500.000 millones anuales actualizados a 2019”.

RECOPE no ha indicado públicamente si las nuevas opciones de fuentes de energía que está visualizando en el futuro son de menor costo. Más bien hay dudas, inclusive en un plan tan sencillo y de impacto energético muy moderado como es la mezcla de biocombustibles con gasolina (etanol) y con diésel (biodiésel), que aún no ve la luz del día.

Con relación al etanol, que en principio sería la primera etapa del plan, los medios de comunicación informaron la semana pasada que inclusive la “Defensoría duda del plan para mezclar etanol con gasolinas”. Para iniciar este plan, se pretende agregar “hasta un 10% de etanol en la gasolina súper”. Los consumidores estarían obligados a comprar únicamente esta mezcla, ya que no se vendería gasolina súper sola.

Todavía no se ha informado públicamente si el plan de mezclar etanol con gasolina y biodiésel con diésel aumentará aún más los precios de ambos combustibles.

En cuanto a impuestos, los que se aplican a los combustibles son muy elevados en comparación con muchos países con los que competimos en el comercio internacional y por atraer inversión externa. A pesar de esta desventajosa situación, el gobierno anunció hace poco que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para aumentar aún más los impuestos a los combustibles.

Lo anterior es una pequeña muestra de situaciones que revelan que los costos de la energía en el país continuarán aumentando y que debilitarán aún más el raquítico crecimiento económico que tenemos, el cual se ha venido ralentizando además.

Es de conocimiento público que el bajo crecimiento económico que tenemos no es suficiente para resolver los serios problemas que el país tiene (económicos, fiscales, de desempleo, de pobreza, de infraestructura económica y social, entre muchos otros).

Como consecuencia de este bajo y decreciente crecimiento, los medios de comunicación han informado, entre otros aspectos, que “el desempleo en Costa Rica se disparó al 12% en el último trimestre de 2018” (uno de los niveles históricos más altos) y “la pobreza se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en 2018, lo cual significó un incremento de 1,1 puntos porcentuales”. La gente necesita trabajo e ingresos para vivir, comer, transportarse y educarse, pero esto no está ocurriendo.

La información disponible induce a pensar que en el país se descarta que la competitividad energética se convierta en una fuente de competitividad que impulse fuertemente el crecimiento y la prosperidad, como lo es cada vez más en los países en el mundo.

Los dogmas y el populismo energético, que se dan de manera creciente en el país, no hacen más que crear confusión y deteriorar la situación.

Y para agravar aún más esta cruda realidad, la pérdida continua de competitividad energética se da en un ambiente de pasividad y de resignación colectiva de los consumidores directos e indirectos de energía, que al final son toda la población y todas las empresas.

Mientras que en el mundo la competitividad energética mejora continuamente, aquí más bien se deteriora permanentemente. No es así como el país va a prosperar.



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