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Domingo, 29 de noviembre de 2020



COLUMNISTAS


Un ambiente de amenazas, necesidades y carencias

Siany Villalobos [email protected] | Martes 26 mayo, 2020


La situación del país y del mundo entero no se encuentra de la mejor forma, Costa Rica no escapa a esa situación, día a día se complica el panorama financiero, según datos emitidos por el Ministerio de Hacienda se proyecta una caída de ingresos fiscales por aproximadamente 975 mil millones de colones, a causa de la emergencia nacional del Covid-19.

Las medidas establecidas en los protocolos del Ministerio de Salud, para evitar el contagio son absolutamente necesarias. Sin embargo, existe en el ambiente la incertidumbre de cuál es o será la ruta a seguir para subsistir económicamente tanto a nivel familiar, como a nivel empresarial.

La población se encuentra con el temor de ser contagiado y aun más con comprometer la vida o perder a un ser querido. Los temores son múltiples, la pérdida de empleo o reducción de jornada abonan a la inseguridad.

No son pocos los costarricenses que hace buen tiempo se han embarcado con créditos de toda clase, prevaleciendo el de consumo, se han comprometido superando inclusive su capacidad de pago y esa situación resulta aún más asfixiante.

Ni que decir de los funcionarios públicos que se encuentran con salarios embargados o con una liquidez muy baja, pues ya fueron impactados sus bolsillos con la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Publicas, Ley 9635, con rebajo en el pago de anualidades, que pasaron de aumentos porcentuales a aumentos nominales, sujetos al resultado de la evaluación del desempeño, rebajos de la dedicación exclusiva y de la prohibición a menos de la mitad, aumentos anuales establecidos por ley de forma nominal y aumentos en el pago de la renta de forma porcentual.

La responsabilidad del Poder Ejecutivo es primordial para marcar la ruta, la economía debe dinamizarse, es fundamental buscar estrategias que permitan salir poco a poco de este bache, y aunque suene grosero, el gobierno no podrá otorgar bonos de ayuda de manera indefinida, pues las finanzas del país nos son sanas, ni tampoco lo soportarán.

La ruta que está marcando el gobierno de la República se sustenta en solicitud de más créditos a organismos multilaterales como el BID, BCIE, FMI, CAF, Banco Mundial, Agencia Francesa, entre otros, basado en que el Estado requiere la suma de ¢4.4 billones para cubrir una tercera parte de las necesidades brutas de financiamiento para el año 2020.

Estos créditos se están justificando en la necesidad de mantener el funcionamiento del Estado en la atención de la crisis sanitaria, económica y social provocada por Covid-19, mismos que representarán aproximadamente un 12.45% del PIB.

Es entendible la situación, pero no puede ser la única alternativa, pues cada día se endeuda más el país, porque es evidente que existe una caída en la recaudación de impuestos tributarios. Ahora bien, lo cierto, es que la deuda proyecta un crecimiento del 62.6% al 67 % del PIB, según información del Ministerio de Hacienda.

La preocupación es mayúscula, a la fecha no es perceptible la ruta clara e innovadora del Gobierno de la República, no se ve en el horizonte un plan de sostenibilidad en el tiempo para las familias, ni mucho menos para las empresas que son las mayores generadoras de empleos y de aportes tributarios. No se ve ni por asomo como reactivar la económica, incentivar el consumo, dado que lo que prevalece es un ambiente de amenazas, necesidades y carencias.


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