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Domingo 13 Septiembre, 2009

“Ultima” ley del Cafta

El 3 de setiembre de 2009 LA REPUBLICA publicó un artículo sobre la “última” ley del Cafta. Este artículo menciona que Costa Rica debe correr para aprobar una ley sobre cláusulas de propiedad intelectual antes del 31 de diciembre de 2009 o nuestro país perderá beneficios arancelarios de productos de exportación a Estados Unidos. En esta “última” ley se incluye una definición de un “agroquímico nuevo”, la cual define cuáles productos agroquímicos serán monopolizados por reglas de propiedad intelectual.
Lo cierto es que esta ley la pueden enterrar. COMEX había impulsado un texto con una definición de “agroquímico nuevo” que no solo era diferente a la del TLC, sino que le hubiera dado alcance retroactivo al TLC en esta materia. Con el texto que impulsaba COMEX, las transnacionales agroquímicas hubieran podido monopolizar 170 diferentes tipo de productos agroquímicos que ya existían en el país desde hace décadas, cargándoles así decenas de millones de dólares de costos adicionales por año a nuestros agricultores y consumidores.
Cuando los diputados José Joaquín Salazar, Marvin Rojas, Sergio Alfaro, Ovidio Agüero, Mario Quirós y José Manuel Echandi alertaron en la Comisión de Asuntos Agropecuarios sobre las anomalías y consecuencias de esta definición de “agroquímico nuevo” en el texto propuesto por COMEX, se cambió el texto para que fuera más consistente con el TLC y no definiera como “nuevo” lo que no es nuevo.
Esto no se puede considerar un beneficio para los productores de agroquímicos genéricos. Es un derecho fundamental de todos los costarricenses que leyes no sean contrarias a tratados y que no tengan consecuencias retroactivas. No se puede decir que la corrección a una inconstitucionalidad es un “beneficio” para alguien. Es un derecho. Imaginemos que se promoviera una ley que tuviera una cláusula que dictara el fusilamiento de ciertas personas, y que un nuevo texto eliminara esa cláusula. Sería absurdo decir que el nuevo texto “beneficia” a las personas que originalmente hubieran sido fusiladas con la versión original.
Además, el gobierno actual está lejos de querer permitir el rompimiento de monopolios de las grandes empresas transnacionales agroquímicas. Por ejemplo, a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad una ley este pasado diciembre para registrar agroquímicos cuyos trámites de registro llevan cuatro o cinco años paralizados, el MAG no ha aprobado un solo producto a la cual las transnacionales haya manifestado su oposición.

Román Macaya H.
Ex precandidato presidencial del PAC