UCR llama a respetar dinero del FEES sin importar intento del rector por aumentar salario a 22 funcionarios sin sustento
Negociaciones arrancarán la otra semana con el Poder Ejecutivo
En medio de cuestionamientos recientes por un fallido intento de aumento salarial a 22 puestos de confianza, la Universidad de Costa Rica (UCR) hizo un llamado firme a respetar los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), de cara al inicio del proceso de negociación del presupuesto para el año 2026.
El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, quien semanas atrás se vio obligado a derogar incrementos salariales que habrían elevado los sueldos de algunos funcionarios hasta los ¢4,1 millones mensuales, será parte del proceso de negociación junto a sus homólogos del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
La primera sesión se realizará el martes 27 de mayo en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
“Esperamos un proceso de negociación donde impere el diálogo, la transparencia y el respeto a lo establecido en la Constitución Política de la República en materia de inversión en Educación Superior Pública”, declaró Araya.
El artículo 78 de la Constitución Política establece que el gasto en educación pública —incluyendo la enseñanza superior— no debe ser inferior al 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Araya enfatizó que una mayor inversión permitiría reforzar la regionalización universitaria y ampliar los programas de becas estudiantiles.
El llamado a proteger el FEES adquiere mayor relevancia tras la controversia del aumento salarial.
A finales de abril, bajo una fuerte presión política y social, Araya revocó la medida tras ser calificada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, como “vergonzosa” e “inmoral”.
El mandatario cuestionó que se pretendiera financiar el incremento con recursos del FEES sin un sustento técnico válido.
Aunque inicialmente el rector justificó el ajuste como un paso necesario para adaptar la institución al modelo de salario global y corregir inequidades internas, la falta de transparencia y el rechazo generalizado obligaron al Consejo Universitario a anular la decisión.
