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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó este martes la solicitud de adición y aclaración presentada por el presidente Rodrigo Chaves, quien cuestiona una reciente resolución que, según él, impone una “mordaza al Gobierno y a él de cara al próximo proceso electoral”.
La gestión del mandatario pretendía que el Tribunal respondiera una serie de consultas sobre los límites del principio de neutralidad política aplicable a las autoridades gubernamentales durante campañas electorales.
No obstante, la Magistratura dejó claro que solo puede pronunciarse sobre aspectos directamente contenidos en la parte dispositiva de la sentencia, es decir, sobre el “por tanto” del fallo.
“La intención del señor Chaves no era que se precisara el contenido de lo resuelto o lo ordenado, sino cuestionar los razonamientos y argumentaciones de la resolución”, explicó el TSE en su comunicado.
El conflicto entre Chaves y el TSE se intensificó a raíz de una sentencia del pasado 24 de junio, en la que el órgano electoral acogió un recurso de amparo interpuesto por Claudio Alpízar, líder del partido Esperanza Nacional.
En ese fallo, el Tribunal concluyó que las declaraciones del presidente afectaron el derecho de los ciudadanos a un sufragio libre, al tratar de influir en su decisión mediante expresiones vertidas desde espacios oficiales como conferencias de prensa.
Aunque la resolución no contempla sanciones directas, sí advierte sobre la utilización de la investidura presidencial y de recursos públicos para incidir en la contienda política, lo que —según el TSE— afecta la equidad electoral y vulnera principios constitucionales de neutralidad.
Inconforme con el fallo, Chaves elevó el tono y acusó al Tribunal de tratar de silenciar al Ejecutivo.
“¿Mencionaron alguna plataforma política en el documento? ¿Dijeron qué color de bandera, cómo se llama, alguna insignia?”, cuestionó en una de sus intervenciones, intentando desligarse de cualquier referencia explícita a partidos o candidatos.
En su recurso, el presidente solicitó aclaraciones puntuales sobre los conceptos jurídicos aplicados, los recursos públicos supuestamente mal utilizados y las intervenciones públicas consideradas indebidas. Además, exigió saber a cuál agrupación política habría favorecido, según el criterio del Tribunal.
La controversia se da en un contexto en el que el TSE ha dictado medidas para impedir que el aparato estatal sea usado como plataforma de propaganda durante el proceso electoral que culminará en 2026.
Entre esas disposiciones figura una restricción al Ejecutivo y demás instituciones públicas para abstenerse de difundir contenidos que exalten su gestión, ya sea en redes sociales o medios tradicionales, desde octubre de este año y hasta el final del proceso electoral.
Chaves calificó esta directriz como “el acto más oscuro en materia electoral para Costa Rica desde la fundación de la Segunda República” y ha insistido en que se trata de un intento por limitar la capacidad del Gobierno de comunicar sus logros y mostrar el trabajo de sus jerarcas.
