Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Una vez más, el presidente Rodrigo Chaves enfrentará un proceso de levantamiento de la inmunidad.
En esta ocasión, es el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) quien solicitó a la Asamblea Legislativa quitar el beneficio al mandatario.
La institución investiga un supuesto delito de beligerancia política, que en esencia implica usar fondos públicos o recursos del Estado para favorecer la elección de un partido o candidato en específico.
La ley electoral exige al mandatario una completa objetividad en el proceso electoral, por lo que ordenó hace una semana suspender las conferencias de prensa del Consejo de Gobierno y emitir cualquier mensaje por medio de las redes sociales.
Sin embargo, las denuncias en contra del mandatario vienen desde hace años.
En ese sentido, el expediente que investiga el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) agrupa 15 de las 24 denuncias en trámite en contra del presidente de la República.
“A diferencia de otros funcionarios y políticos sancionados por beligerancia, por el cargo del denunciado se debe solicitar al Parlamento el desafuero”, dijo el TSE.
Esto implica, que el Congreso debe conformar una nueva comisión, analizar el tema y tomar una decisión en el plenario.
Durante el mes de septiembre, los diputados conocieron un proceso de levantamiento del fuero contra el mandatario por el supuesto delito penal de concusión, que en esencia es un caso de corrupción.
Sin embargo, varios diputados del PUSC no dieron sus votos y con ello, Chaves se salvó de ser el primer presidente en enfrentar un caso penal en el ejercicio del cargo.
El expediente en investigación incluye reclamos de líderes de diversos partidos, entre ellos Allen Alexander Solera Cordero y Ricardo Sancho Chavarría del Partido Liberación Nacional; José Fabián Solano Fernández del Acción Ciudadana; Johana Obando Bonilla, diputada independiente; y Claudio Alberto Alpízar Otoya de Esperanza Nacional, entre otros.
La sanción por el delito de beligerancia política es severa, ya que incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo que oscila de dos a cuatro años y la destitución inmediata.
En el caso de Chaves, es el único delito electoral que permitiría revocar el mandato de un presidente.
En ese sentido, la legislación costarricense exige neutralidad absoluta a los funcionarios públicos, en especial a los del más alto nivel del Ejecutivo, para garantizar procesos electorales justos y libres.
