Tres "fantasmas" persiguen a Costa Rica
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 16 agosto, 2011
Inseguridad, infraestructura y economía son viejos líos, hasta el momento imbatibles
Tres “fantasmas” persiguen a Costa Rica
Para solventar falencias se deben tomar decisiones con ejecutividad
La inseguridad, las deficiencias en infraestructura y los problemas económicos, han sido las principales dificultades del país en las últimas décadas, y se han convertido en fantasmas que desvelan a la sociedad costarricense.
La incapacidad gubernamental, la falta de recursos económicos y la maraña legal que evita la toma de decisiones rápidas, son las razones que explican el arrastre de esos problemas y hasta el momento su imbatibilidad.
En el caso del fantasma de la inseguridad, uno de cada cuatro nacionales dice que él o alguno de sus familiares cercanos fue víctima del hampa en los últimos cuatro meses.
A pesar de esta situación, tuvo que pasar casi un año y medio y varios encontronazos entre Laura Chinchilla, presidenta de la República, y los diputados, para que la Asamblea Legislativa aprobara la semana anterior, un proyecto que favorece la lucha contra el hampa.
Se trata de un impuesto de $300 para las sociedades anónimas, el cual le permitirá al Estado recaudar aproximadamente $72 millones que se utilizarán exclusivamente para tratar de frenar a los criminales.
La necesidad de recursos es urgente, ya que la ineficaz lucha contra la criminalidad se explica en parte, por el escaso gasto del Gobierno en esta materia.
Un informe del Banco Mundial calcula el gasto anual del país en $790 millones, de los cuales, $325 millones son invertidos en atención médica.
Esto significa que anualmente el Estado apenas invierte poco más de $175 por cada costarricense.
Para tratar de remediar esta situación, Chinchilla y su equipo de trabajo impulsaron el impuesto para las sociedades anónimas y aún están a la espera de una reforma fiscal, nuevos tributos para los casinos y la aprobación de un préstamo de $192 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, iniciativas que dejarían recursos frescos para tratar de ahuyentar al fantasma de la inseguridad.
Sin embargo, no solo se necesita más dinero, sino también la elaboración de políticas y planes eficaces, tanto en el plano represivo como preventivo y en ese aspecto, el Gobierno parece haber fallado hasta el momento.
Durante la pasada campaña presidencial, Chinchilla, entonces candidata por Liberación Nacional, se presentó como una experta en el tema de la seguridad que vendría a resolver o al menos, a atenuar las preocupaciones de los costarricenses en ese ámbito por medio de un plan integral.
Al término de su primer año de Gobierno y tras la elaboración de la Política Integral de Sostenibilidad de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (Polsepaz), las críticas no se han hecho esperar, ya que el cacareado plan no pasó de ser un diagnóstico con una propuesta de soluciones que ya se venían ejecutando.
Mientras tanto, la criminalidad no dio tregua. Al finalizar el año pasado, se produjeron más de 11 mil asaltos y 638 robos a viviendas, para los cuales, se llegó a usar armas de fuego en el 78% de los casos.
En medio de dicho panorama, José María Tijerino tuvo que renunciar como ministro de Seguridad, tras una serie de errores políticos que incluyeron hasta reclamos de gobiernos amigos como México por declaraciones brindadas por él.
Con el cambio de titular en la cartera de Seguridad, el Gobierno apuesta ahora a una solución tecnológica. Mario Zamora, nuevo ministro, dio a conocer a LA REPUBLICA un plan que consiste en utilizar sistemas de información, computadoras, cámaras, dispositivos GPS y otras herramientas tecnológicas para luchar contra el hampa y solventar de una vez por todas, ese complejo problema.
Otro de los fantasmas que persiguen a los costarricenses son las deficiencias en infraestructura.
Sin importar si se trata de vías cantonales o rutas nacionales, los conductores irremediablemente tendrán que atravesar huecos o en el mejor de los casos, baches enormes.
La incapacidad del gobierno, la maraña legal y la falta de recursos, son una vez más las razones de los graves atrasos en infraestructura.
Estudios de Lanamme estiman que solo el 12% de las vías nacionales está “en condiciones aceptables”, al resto le urge una reconstrucción o su capa asfáltica debe ser eliminada entre otras razones.
A inicios de la semana anterior, Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, anunció con bombos y platillos la inversión de $247 millones para dar mantenimiento a las vías nacionales.
Eso sí, para que el Ministerio de Obras Públicas pudiera echarles mano a esos recursos provenientes del impuesto a los combustibles, tuvieron que pasar 30 meses de trámites y tres inviernos, entre el inicio del concurso público para licitar, la concesión de las obras y finalmente la esperada ejecución.
Mientras tanto, los conductores debieron tolerar la pena y los gastos generados por conducir en vías en mal estado.
Por esta razón, no es gratuito que el Foro Económico Mundial haya determinado que las vías nacionales estén entre las peores del mundo, de acuerdo con un estudio de competitividad global que ubicó a Costa Rica en el puesto 111 de 139 en ese ámbito.
Sin embargo, Ana Lorena López, viceministra de Obras Públicas, considera que el estado de las carreteras no es tan malo.
“Hay dos maneras de ver el estado de las vías, desde el punto de vista del confort y desde el plano estructural. Desde este último punto, el 85% está en buen estado, es decir, con bacheos y recarpeteo”, agregó López.
La incapacidad gubernamental para arreglar los problemas en infraestructura, queda al desnudo si se considera que $350 millones provenientes de un préstamo con el BID, se encuentran ociosos desde el año pasado, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el empréstito.
Otro de los problemas sin resolver en este sector está relacionado con la imposibilidad de dar en concesión el puerto de Moín, el cual es administrado por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La oposición del sindicato de dicha institución, a dar en concesión la terminal portuaria o permitir incluso la competencia, como ahora pretende el Gobierno, ha evitado que se resuelva este problema, pese a que Moín se ubica en el puesto 132 de una lista de 139 puertos alrededor del mundo.
Mención aparte, merece el estado de decenas de puentes y los fallidos intentos de la administración anterior y de esta, para crear líneas de transporte público intersectoriales.
El tercero de los fantasmas es el costo de la vida.
Al finalizar este año se espera que el crecimiento de la producción nacional con relación al año anterior, oscile entre el 4% y el 5%.
La inflación acumulada entre enero y julio de 2011 es la más baja registrada en los últimos diez años y la cantidad de turistas (6%) y las exportaciones (8%) aumentan en comparación con el primer semestre de 2010.
Sin embargo, los nacionales tienen preocupación sobre su futuro económico.
La última encuesta de CID Gallup para LA REPUBLICA refleja el pesimismo de los costarricenses, quienes consideran en el 61% de los casos que su situación económica no mejorará este año.
Asimismo, señalan que el costo de la canasta básica es su principal problema familiar en el 40% de los casos.
El panorama económico negativo que vislumbran los nacionales se debe a que la riqueza no está bien distribuida, porque el Gobierno no es capaz de cobrar los impuestos existentes y no ha logrado aprobar nuevos gravámenes progresivos a través de un plan fiscal que se viene impulsando desde la administración de Abel Pacheco.
Por otra parte, la inversión social que ayudaría a los sectores más desposeídos a salir adelante no ha sido suficiente.
“El grupo que recibe menos ingresos se amplía cada vez más. Costa Rica está entre los países que más han aumentado la desigualdad en los últimos años, por eso la percepción ciudadana sobre el mal estado de la economía”, indica Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional.
A este panorama, hay que agregarle los eventuales efectos que se produzcan por las condiciones económicas mundiales.
La primera rebaja de la calificación de la deuda de Estados Unidos, por parte de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, provocó a inicios de la semana pasada una estampida de inversores en Wall Street, que se saldó con la sexta peor caída en puntos jamás registrada para el Dow Jones.
Las posibilidades de una nueva recesión en Estados Unidos y en el resto del mundo, afectarían también al país. Ante este panorama, es necesario un acuerdo nacional, que parece no ser sencillo, por la ingobernabilidad.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Tres “fantasmas” persiguen a Costa Rica
Para solventar falencias se deben tomar decisiones con ejecutividad
La incapacidad gubernamental, la falta de recursos económicos y la maraña legal que evita la toma de decisiones rápidas, son las razones que explican el arrastre de esos problemas y hasta el momento su imbatibilidad.
En el caso del fantasma de la inseguridad, uno de cada cuatro nacionales dice que él o alguno de sus familiares cercanos fue víctima del hampa en los últimos cuatro meses.
A pesar de esta situación, tuvo que pasar casi un año y medio y varios encontronazos entre Laura Chinchilla, presidenta de la República, y los diputados, para que la Asamblea Legislativa aprobara la semana anterior, un proyecto que favorece la lucha contra el hampa.
Se trata de un impuesto de $300 para las sociedades anónimas, el cual le permitirá al Estado recaudar aproximadamente $72 millones que se utilizarán exclusivamente para tratar de frenar a los criminales.
La necesidad de recursos es urgente, ya que la ineficaz lucha contra la criminalidad se explica en parte, por el escaso gasto del Gobierno en esta materia.
Un informe del Banco Mundial calcula el gasto anual del país en $790 millones, de los cuales, $325 millones son invertidos en atención médica.
Esto significa que anualmente el Estado apenas invierte poco más de $175 por cada costarricense.
Para tratar de remediar esta situación, Chinchilla y su equipo de trabajo impulsaron el impuesto para las sociedades anónimas y aún están a la espera de una reforma fiscal, nuevos tributos para los casinos y la aprobación de un préstamo de $192 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, iniciativas que dejarían recursos frescos para tratar de ahuyentar al fantasma de la inseguridad.
Sin embargo, no solo se necesita más dinero, sino también la elaboración de políticas y planes eficaces, tanto en el plano represivo como preventivo y en ese aspecto, el Gobierno parece haber fallado hasta el momento.
Durante la pasada campaña presidencial, Chinchilla, entonces candidata por Liberación Nacional, se presentó como una experta en el tema de la seguridad que vendría a resolver o al menos, a atenuar las preocupaciones de los costarricenses en ese ámbito por medio de un plan integral.
Al término de su primer año de Gobierno y tras la elaboración de la Política Integral de Sostenibilidad de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (Polsepaz), las críticas no se han hecho esperar, ya que el cacareado plan no pasó de ser un diagnóstico con una propuesta de soluciones que ya se venían ejecutando.
Mientras tanto, la criminalidad no dio tregua. Al finalizar el año pasado, se produjeron más de 11 mil asaltos y 638 robos a viviendas, para los cuales, se llegó a usar armas de fuego en el 78% de los casos.
En medio de dicho panorama, José María Tijerino tuvo que renunciar como ministro de Seguridad, tras una serie de errores políticos que incluyeron hasta reclamos de gobiernos amigos como México por declaraciones brindadas por él.
Con el cambio de titular en la cartera de Seguridad, el Gobierno apuesta ahora a una solución tecnológica. Mario Zamora, nuevo ministro, dio a conocer a LA REPUBLICA un plan que consiste en utilizar sistemas de información, computadoras, cámaras, dispositivos GPS y otras herramientas tecnológicas para luchar contra el hampa y solventar de una vez por todas, ese complejo problema.
Otro de los fantasmas que persiguen a los costarricenses son las deficiencias en infraestructura.
Sin importar si se trata de vías cantonales o rutas nacionales, los conductores irremediablemente tendrán que atravesar huecos o en el mejor de los casos, baches enormes.
La incapacidad del gobierno, la maraña legal y la falta de recursos, son una vez más las razones de los graves atrasos en infraestructura.
Estudios de Lanamme estiman que solo el 12% de las vías nacionales está “en condiciones aceptables”, al resto le urge una reconstrucción o su capa asfáltica debe ser eliminada entre otras razones.
A inicios de la semana anterior, Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, anunció con bombos y platillos la inversión de $247 millones para dar mantenimiento a las vías nacionales.
Eso sí, para que el Ministerio de Obras Públicas pudiera echarles mano a esos recursos provenientes del impuesto a los combustibles, tuvieron que pasar 30 meses de trámites y tres inviernos, entre el inicio del concurso público para licitar, la concesión de las obras y finalmente la esperada ejecución.
Mientras tanto, los conductores debieron tolerar la pena y los gastos generados por conducir en vías en mal estado.
Por esta razón, no es gratuito que el Foro Económico Mundial haya determinado que las vías nacionales estén entre las peores del mundo, de acuerdo con un estudio de competitividad global que ubicó a Costa Rica en el puesto 111 de 139 en ese ámbito.
Sin embargo, Ana Lorena López, viceministra de Obras Públicas, considera que el estado de las carreteras no es tan malo.
“Hay dos maneras de ver el estado de las vías, desde el punto de vista del confort y desde el plano estructural. Desde este último punto, el 85% está en buen estado, es decir, con bacheos y recarpeteo”, agregó López.
La incapacidad gubernamental para arreglar los problemas en infraestructura, queda al desnudo si se considera que $350 millones provenientes de un préstamo con el BID, se encuentran ociosos desde el año pasado, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el empréstito.
Otro de los problemas sin resolver en este sector está relacionado con la imposibilidad de dar en concesión el puerto de Moín, el cual es administrado por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La oposición del sindicato de dicha institución, a dar en concesión la terminal portuaria o permitir incluso la competencia, como ahora pretende el Gobierno, ha evitado que se resuelva este problema, pese a que Moín se ubica en el puesto 132 de una lista de 139 puertos alrededor del mundo.
Mención aparte, merece el estado de decenas de puentes y los fallidos intentos de la administración anterior y de esta, para crear líneas de transporte público intersectoriales.
El tercero de los fantasmas es el costo de la vida.
Al finalizar este año se espera que el crecimiento de la producción nacional con relación al año anterior, oscile entre el 4% y el 5%.
La inflación acumulada entre enero y julio de 2011 es la más baja registrada en los últimos diez años y la cantidad de turistas (6%) y las exportaciones (8%) aumentan en comparación con el primer semestre de 2010.
Sin embargo, los nacionales tienen preocupación sobre su futuro económico.
La última encuesta de CID Gallup para LA REPUBLICA refleja el pesimismo de los costarricenses, quienes consideran en el 61% de los casos que su situación económica no mejorará este año.
Asimismo, señalan que el costo de la canasta básica es su principal problema familiar en el 40% de los casos.
El panorama económico negativo que vislumbran los nacionales se debe a que la riqueza no está bien distribuida, porque el Gobierno no es capaz de cobrar los impuestos existentes y no ha logrado aprobar nuevos gravámenes progresivos a través de un plan fiscal que se viene impulsando desde la administración de Abel Pacheco.
Por otra parte, la inversión social que ayudaría a los sectores más desposeídos a salir adelante no ha sido suficiente.
“El grupo que recibe menos ingresos se amplía cada vez más. Costa Rica está entre los países que más han aumentado la desigualdad en los últimos años, por eso la percepción ciudadana sobre el mal estado de la economía”, indica Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional.
A este panorama, hay que agregarle los eventuales efectos que se produzcan por las condiciones económicas mundiales.
La primera rebaja de la calificación de la deuda de Estados Unidos, por parte de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, provocó a inicios de la semana pasada una estampida de inversores en Wall Street, que se saldó con la sexta peor caída en puntos jamás registrada para el Dow Jones.
Las posibilidades de una nueva recesión en Estados Unidos y en el resto del mundo, afectarían también al país. Ante este panorama, es necesario un acuerdo nacional, que parece no ser sencillo, por la ingobernabilidad.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net