Tren eléctrico y las prioridades del gobierno

El gobierno acaba de anunciar que pretende enviar antes del 30 de abril, final del período de sesiones extraordinarias, el empréstito por $550 millones para financiar parte del proyecto del tren eléctrico de pasajeros. En la página web del Incofer se presentan algunas otras características del proyecto, tiene un costo aproximado de $1,300 millones, es decir la constructora financiaría los restantes $750 millones. Cubriría un área de 78 km y atravesaría parte de las cuatro provincias que componen la gran área metropolitana (GAM). Más allá de esas características ya empiezan a florecer opiniones de políticos locales tanto a favor como en contra del proyecto, sin embargo, la pregunta inicial podría ser: cuáles son algunos otros elementos necesarios para evaluar el costo-beneficio de este proyecto. Porque realmente es muy probable que a la mayoría de la población le encante la idea de viajar en un tren moderno y seguro similares a los de otros países, igualmente que a la mayoría de las personas les gustaría comprarse un carro de lujo. Pero realmente debería el país o un hogar promedio realizar esa inversión sin analizar las consecuencias económicas de la misma, aquí intentamos estudiar con la poca información disponible de los primeros datos que se han hecho públicos algunas posibles consecuencias.

El costo del proyecto implica que el gobierno deba realizar al menos dos pagos anuales, uno por el monto del crédito con el BCIE y otro por el monto del proyecto financiado por el concesionario. Si ambos créditos fueran concedidos con condiciones especiales, por ejemplo, un plazo de 30 años, una tasa de 3,5%, implicaría pagos anuales por $30millones por el crédito y $41millones por el financiamiento otorgado por el concesionario del tren. Esto suma aproximadamente $70 millones por año, más algún monto que el gobierno tenga que pagar al concesionario para hacer los viajes rentables o bien le dé un subsidio al usuario directamente, ya que es bien conocido que la mayoría de las propuestas de este tipo de proyecto en el pasado uno de sus principales escollos es la nula rentabilidad por la escala del país.

La realidad actual obliga al país y a las autoridades a tener que analizar estos pagos desde varias ópticas. La primera es la realidad fiscal, desde antes de la emergencia sanitaria actual la situación de las finanzas del gobierno era complicada, con un alto nivel de déficit y deuda pública con respecto al PIB.

La segunda realidad está fuertemente relacionada con la primera, la ley fiscal aprobada en el año 2019 obliga a que cuando el nivel de deuda es superior a ciertos umbrales el nivel del gasto debe reducirse de forma automática. Dado que aun antes de la situación actual el país ya se dirigía a esta realidad, ahora es más cierto que nunca. Esta realidad obliga a que estos pagos no puedan ser financiados con más deuda, sino que debe ser con más impuestos o con recortes al gasto en otras áreas, es decir el gobierno deberá priorizar donde quiere dejar de gastar para pagar por el tren eléctrico.

Aquí es donde entra la última realidad, si bien el tren es un proyecto atractivo y deseable desde muchos aspectos, desde el punto de vista de prioridad quedan algunas dudas. Según la ruta trazada en el plan presentado por el Incofer, esta facilitaría el traslado y probablemente subsidiaría el costo del mismo de los pasajeros que viven en la mayoría de los cantones que actualmente poseen mayor nivel de ingresos y de desarrollo humano del país (Cartago, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, San Pablo de Heredia, Heredia, Belén, Flores, San Joaquín, Santa Ana y Alajuela, entre otros), pero mejoraría en muy poco el nivel de vida de los habitantes de Los Chiles, Upala, Talamanca, Desamparados o Alajuelita y sobretodo las áreas rurales.

El problema es que el gobierno estaría no solamente pidiendo a estas poblaciones que paguen por la inversión del tren, sino que también subsidien el costo del viaje a poblaciones con mayor desarrollo relativo. Estaríamos mejorando el transporte para poblaciones que tienen servicio de bus, taxi y otros, de forma accesible e inmediata comparadas con poblaciones donde estos servicios son escasos y de muy mala calidad. Esto, sin duda, en el mejor de los casos ensancharía la brecha social entre regiones y en el peor podría ser visto como un premio para las poblaciones que eligieron al gobierno actual.

Otra realidad es la de la competencia, ¿es un servicio de transporte subsidiado por el estado competencia desleal para los demás servicios de transporte? Lo cierto es que la discusión es interesante y el Gobierno tiene el deber, especialmente en la coyuntura actual, de explicar muy bien los compromisos de gasto en que va a poner a la población de todo su país por las próximas décadas, así como el beneficio esperado. Uno de los lemas del gobierno es: desatando nudos, pero ojalá no sea para crear brechas sociales más amplias.