Tráfico de droga a cárcel encierra a mujeres
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Sábado 23 junio, 2012
Al menos el 20% de población femenina en prisión por ese delito
Tráfico de droga a cárcel encierra a mujeres
Se exponen a penas de ocho años como mínimo
Tratar de introducir pequeñas cantidades de drogas como la marihuana a la cárcel, le costó la libertad al 20% de las mujeres que hoy están tras las rejas.
Por ese error, pasarán como mínimo ocho años en prisión.
Debido a que sus motivaciones para hacerlo están alejadas del tráfico común de las redes locales e internacionales de drogas, varios diputados buscan reducir esa pena por medio de una reforma a la ley.
Esto, porque a final de cuentas, ellas pueden “ser víctimas”, explica Annie Saborío, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) y una de las proponentes.
La presión de las parejas, que ya se encuentran en prisión, para que les lleven marihuana, cocaína o crack, así como la necesidad económica de “jugársela” a cambio de dinero, las impulsa a hacerlo, agrega la legisladora.
En el Buen Pastor, principal centro de reclusión de mujeres en el país, hay al menos 102 féminas en esta situación, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, la mayoría de ellas con niños pequeños, o ancianos bajo su cargo.
A ellas, se les suman otras diez reclusas de Liberia.
La ley de estupefacientes establece penas entre ocho y 20 años de cárcel, para quienes se dedican al tráfico nacional o internacional de drogas.
En ese sentido, se considera tráfico el tratar de introducir un puro de marihuana a la cárcel.
“La sanción debe darse, pero tiene que ser de una forma diferenciada por las situaciones que rodean a la mujer, en ese sentido, no es lo mismo ser parte de una red internacional o un grupo nacional, que tratar de introducir solo droga a la cárcel”, expresó Saborío.
La idea de los legisladores es que los jueces evalúen las condiciones que rodean a la mujer y reconozcan que su actividad principal en la vida, no está relacionada con el narco.
La propuesta es estudiada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso y cuenta con un amplio apoyo de legisladores.
En los casos en que las mujeres sorprendidas acepten un proceso abreviado y admitan la culpa, los jueces suelen imponer la pena mínima de ocho años.
Pero en aquellas ocasiones en que no aceptan la culpa, el juez puede establecer sanciones más altas.
Lo ideal sería bajar la sanción o establecer penas alternativas, agrega Carmen Muñoz, legisladora de Acción Ciudadana.
“A las mujeres que tratan de meter un puro de marihuana a la cárcel, la ley las está tratando como si anduvieran dos toneladas de cocaína encima. Es cierto que es una conducta negativa que establece la ley, pero debería ser proporcional, podría ser trabajo comunitario o social, o bien la cárcel con menos tiempo, pues aquí confluyen muchos aspectos como la ignorancia, falta de conocimiento y la prisión”, dijo Muñoz.
El cambio a la legislación también es avalado por altos jerarcas del Poder Judicial, entre ellos Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública, quien alertó del tema a los legisladores, durante una serie de encuentros sobre seguridad ciudadana, realizados durante este año.
“No hay proporción, ni la ley permite a los jueces valorar atenuantes”, explicó Marta Iris Muñoz, durante uno de esos encuentros.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Tráfico de droga a cárcel encierra a mujeres
Se exponen a penas de ocho años como mínimo
Por ese error, pasarán como mínimo ocho años en prisión.
Debido a que sus motivaciones para hacerlo están alejadas del tráfico común de las redes locales e internacionales de drogas, varios diputados buscan reducir esa pena por medio de una reforma a la ley.
Esto, porque a final de cuentas, ellas pueden “ser víctimas”, explica Annie Saborío, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) y una de las proponentes.
La presión de las parejas, que ya se encuentran en prisión, para que les lleven marihuana, cocaína o crack, así como la necesidad económica de “jugársela” a cambio de dinero, las impulsa a hacerlo, agrega la legisladora.
En el Buen Pastor, principal centro de reclusión de mujeres en el país, hay al menos 102 féminas en esta situación, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, la mayoría de ellas con niños pequeños, o ancianos bajo su cargo.
A ellas, se les suman otras diez reclusas de Liberia.
La ley de estupefacientes establece penas entre ocho y 20 años de cárcel, para quienes se dedican al tráfico nacional o internacional de drogas.
En ese sentido, se considera tráfico el tratar de introducir un puro de marihuana a la cárcel.
“La sanción debe darse, pero tiene que ser de una forma diferenciada por las situaciones que rodean a la mujer, en ese sentido, no es lo mismo ser parte de una red internacional o un grupo nacional, que tratar de introducir solo droga a la cárcel”, expresó Saborío.
La idea de los legisladores es que los jueces evalúen las condiciones que rodean a la mujer y reconozcan que su actividad principal en la vida, no está relacionada con el narco.
La propuesta es estudiada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso y cuenta con un amplio apoyo de legisladores.
En los casos en que las mujeres sorprendidas acepten un proceso abreviado y admitan la culpa, los jueces suelen imponer la pena mínima de ocho años.
Pero en aquellas ocasiones en que no aceptan la culpa, el juez puede establecer sanciones más altas.
Lo ideal sería bajar la sanción o establecer penas alternativas, agrega Carmen Muñoz, legisladora de Acción Ciudadana.
“A las mujeres que tratan de meter un puro de marihuana a la cárcel, la ley las está tratando como si anduvieran dos toneladas de cocaína encima. Es cierto que es una conducta negativa que establece la ley, pero debería ser proporcional, podría ser trabajo comunitario o social, o bien la cárcel con menos tiempo, pues aquí confluyen muchos aspectos como la ignorancia, falta de conocimiento y la prisión”, dijo Muñoz.
El cambio a la legislación también es avalado por altos jerarcas del Poder Judicial, entre ellos Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública, quien alertó del tema a los legisladores, durante una serie de encuentros sobre seguridad ciudadana, realizados durante este año.
“No hay proporción, ni la ley permite a los jueces valorar atenuantes”, explicó Marta Iris Muñoz, durante uno de esos encuentros.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net