Tope a pensiones

El anuncio del Ministro de Trabajo de poner un tope a las pensiones a partir del 1° de setiembre, es una decisión de las más acertadas de los primeros días de la gestión

Hablando Claro

Tope a pensiones

Calificado como un primer paso, el establecimiento de un tope a pensiones en curso de pago que anunció recientemente el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, apunta en la dirección no sólo de entrarle al agudo problema del déficit que ocasiona en las finanzas públicas el sostenimiento de regímenes jubilatorios deficitarios, tanto como la necesidad de establecer (ojalá ello fuera posible algún día) el principio  de solidaridad social que debe llevar implícito un sistema de pensiones que cubra a toda la población en condiciones de razonabilidad y proporcionalidad.

Resulta lamentable constatar lo que salta a la vista: hay tales odiosas disparidades de beneficios en los sistemas jubilatorios que lo único que logran es agudizar el escozor ciudadano respecto de lo que grupos con acceso al poder han logrado consolidar a lo largo de décadas con absoluto desprecio al sano manejo de las finanzas públicas y por supuesto, con total desdén respecto de lo que ha implicado la consolidación de privilegios para esa minoría privilegiada.

Mientras que el promedio de pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS ronda los 303 mil colones mensuales, hay quienes han aprovechado los recovecos del sistema para servirse con la cuchara grande: pensiones del 100% del salario, parientes que heredan esas pensiones, ex diputados que cobran con jugosos aumentos anuales del 30% , educadores librados de tope postergando su fecha de retiro y claro, los 910 pensionados con cargo al presupuesto que, validos de sus conexiones con el poder político tradicional, han mantenido -en contra de lo que dispuso la ley #7858 -sus jubilaciones mucho muy por encima del tope de los 10 salarios mínimos que estableció esa legislación de 1998.

Por eso, no pareciera excesivo aventurarse a decir que el anuncio del Ministro de Trabajo de establecer ese tope a partir del 1° de setiembre próximo (alrededor de 2,376,000 colones mensuales) es una decisión política de las más acertadas de los primeros días de la gestión.

Porque habla de la determinación de retomar las capacidades de rectoría de un ministerio venido a menos en las últimas décadas y habla también de la voluntad política para actuar en la dirección que clama una ciudadanía que urge recuperar la equidad perdida, pues aunque la determinación de poner tope a las 910 pensiones sólo derivará en un ahorro anual de 12 mil millones de colones que es poco para el hueco de las finanzas públicas, lanza un mensaje muy claro.

Por supuesto habrá que ver ahora por la vía jurisdiccional si se puede mantener la decisión política de imponer el tope. Si es así, lo celebraremos. De lo contrario, seguiremos hipotecando el futuro.

De paso, también está en juego la recuperación para el Ministerio de Trabajo de la capacidad de regir la política pública de la “Seguridad Social” como bien dice su nombre. Y si ello ocurre, esperemos que quiera y pueda entrarle al tema de la morosidad de Asignaciones Familiares, que ronda la bicoca de 150 mil millones de colones. 

Vilma Ibarra