Si el país entra a la Alianza del Pacífico sin negociar los términos del ingreso, simplemente con una adhesión, el agro correría suerte parecida a la de las Zonas Francas si se les desmonta su escudo arancelario

De cal y de arena

Tonalidades del proteccionismo

A fin de multiplicar el dinamismo de la economía nacional en términos de una mayor y más diversa producción a costos apropiados para enfrentar la competencia de los mercados y con el importante objetivo de generar más empleo, se abrió paso a las zonas francas. Se atrajo inversión privada —nacional y extranjera— para montar y operar empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios de la más amplia diversidad. Fabricantes de bienes, exportadores de servicios, promotores de la investigación científica enfrentados a mercados sometidos a un mundo de competencia por lo general dificultoso por despiadado y exigente, llegaron atraídos por este régimen de gestión empresarial, por la gracia de un amplio esquema de beneficios, estímulos, ventajas, coberturas proteccionistas —como quiera que se les llame— que se materializan en exoneraciones de impuestos de importación y de exportación, exenciones de impuestos a las compras locales, a las utilidades y a las remesas de capital o dividendos, por lo general también de tributos municipales, sin excluir diferenciadas tarifas de servicios públicos. Le ha ido bien al país con este modelo de atracción de inversiones: 311 compañías se han amparado al régimen de zonas francas empleando a 122 mil personas y comprando a proveedores nacionales —entre 2010 y 2014— más de $6.400 millones en bienes y servicios lo que da idea del efecto multiplicador que podría ser mayor —y esta es una extendida crítica— si ampliara su encadenamiento a más proveedores. En 2014 los salarios pagados alcanzaron los $1.600 millones. Los bienes y servicios incubados en las Zonas Francas aportan casi la mitad de las exportaciones nacionales. El balance de resultados hecho por COMEX en el que figuran estos datos, habla de que el beneficio país neto que mide el retorno que recibe el país a cambio de esos incentivos otorgados al régimen, pasó de $1.749 millones a $3.125 millones entre 2010 y 2014.

La gran pregunta es si las zonas francas podrían aportar esa estimulante cosecha de buenos resultados sin ese generoso ramillete de beneficios, estímulos, ventajas, favorecimientos arancelarios que acompañan su decisión de invertir. Claro que no; sus inversiones están inducidas determinantemente por ese cúmulo de estímulos y exenciones que les permite marginarse del esquema impositivo rutinario que cae sobre el grueso de las sociedades mercantiles. Cambiarles las reglas de juego las pondría en la ruta de Villadiego, en busca de otros países donde hallen coberturas con iguales o mejores ribetes y que existen como realidad incontrastable en nuestro entorno. Es esta la misma cuestión que salta al examinar los condicionantes de la producción del agro costarricense y sus costos. En los tratados comerciales con México, Colombia, Perú y Chile el sector agrícola nacional logró que el gobierno negociara montos y plazos de aranceles para una serie de ítems acordes con la realidad de nuestro mundo productivo. Hay rubros excluidos y otros muchos más sometidos a distinta desgravación, tomando en cuenta las características de nuestro mercado y las de la contraparte. Si el país entra a la Alianza del Pacífico sin negociar los términos del ingreso, simplemente con una adhesión, el agro correría suerte parecida a la de las Zonas Francas si se les desmonta su escudo arancelario. ¡A ver quién daría cuentas a los 247 mil empleos directos!

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