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En 2012 gobierno podría bajar gastos por unos $450 millones
Tijeretazos con zocada de faja estatal

Solución para crisis fiscal sería una minirreforma tributaria y reducir burocracia

Este año se caracterizará por los recortes y mayor restricción del gasto público.
El crecimiento esperado del déficit fiscal, en 2012, es la razón de que haya una reducción de los recursos estatales. La proyección es que los egresos asciendan a un 18,2% de la producción.
Las posibles soluciones para aumentar los ingresos, ante los obstáculos al paquete de impuestos, serían pactar una minirreforma tributaria, reducir el peso del Gobierno y disminuir su planilla.
La austeridad presupuestaria ascendería este año a unos $450 millones, lo que significa un 50% más de los recortes realizados en 2011.
La mayoría de estos recursos ($350 millones) sería por concepto de la directriz de contención del gasto. Mientras que el dinero restante por tijeretazos en los ministerios.
La reducción significaría poco más de un 3% del presupuesto del Gobierno, que ascenderá a $11,5 mil millones este año.
Por su parte, las familias y empresas estarían más afectadas por los recortes debido al deterioro de los servicios prestados por el Estado y la falta de inversión en infraestructura.
Mientras que los ganadores son los empleados públicos porque los recortes no rigen para los sueldos.
Los salarios, pensiones y la deuda pública representan el 52% de los recursos estatales para este año.
El crecimiento del gasto público es el culpable de que el déficit fiscal previsto, este año, sea mayor.
La proyección, para 2012, es que este índice ascienda a un 5,5% de la producción nacional. En 2011 fue de un 4,4%.
El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado.
Este comenzó a incrementarse tras la crisis global, debido a que la economía disminuyó y con ello los ingresos tributarios.
Lo anterior, seguido de una expansión del gasto público que hizo aumentar el déficit.
El año pasado, tras un esfuerzo extra en recaudación, el Estado consiguió aumentar sus ingresos en un 11% comparados con los de 2010.
Pero el gasto público siguió creciendo a raíz de la contratación de 30 mil nuevos empleados y un aumento salarial extraordinario para más de 100 mil funcionarios.
El Gobierno aún apuesta a que la reforma fiscal resolverá sus problemas de escasez de recursos frescos.
Sin embargo, esta salida aún está lejos debido a la oposición al proyecto dentro de la Asamblea Legislativa, los empresarios y los sectores sociales.
Para resolver la actual situación, el Estado podría pactar una minirreforma tributaria en el Congreso.
La medida debería incluir la creación del impuesto al valor agregado (IVA) para ampliar la base tributaria a los servicios.
La tasa podría establecerse en un 10%, pero excluyendo la educación y la salud que no son gravados en ningún país desarrollado.
Otra opción sería establecer un impuesto más alto a las bebidas alcohólicas y los cigarrillos.
Igual debería ocurrir con los casinos que, aunque no generen enormes ingresos, los empresarios de esta industria ganarían mayor seguridad a cambio de contribuir con el bienestar del país.
El sector financiero también sería objeto de nuevos gravámenes, como aumentar a un 15% la tasa que se cobra por los intereses de los depósitos bancarios, en vez del actual 8%.
Por su parte, el Banco Central debería cobrar el canon completo de supervisión a los intermediarios financieros, empresas de seguros y de valores.
“Antes de pensar en recortes al gasto social, el Central debería cobrar los $38 millones anuales por el canon de fiscalización del mercado financiero”, dijo el economista Leiner Vargas.
Otra medida eficaz sería reducir el tamaño del Estado fusionando instituciones que realizan labores similares.
Incluso hay empresas públicas ineficientes que son subvencionadas por los contribuyentes por ser deficitarias.
El Gobierno debería plantearse el futuro de estos entes, ya sea cerrándolos o vendiéndolos, lo que generaría algún dinero extra.
Además, la planilla estatal podría disminuir en un 5% y congelarse los salarios de los empleados públicos por un año.
Los privilegios de los funcionarios, sobre todo la garantía de trabajo de por vida, también podría evaluarse.
De hecho, la administración de Laura Chinchilla ha comenzado a analizar la posibilidad de reducir la cantidad de trabajadores.
Las vías serían a través de la pensión anticipada o una movilización laboral.
La medida sería costosa, pero a largo plazo liberaría al Estado del crecimiento insostenible de los salarios.
“Todo lo que queda pendiente requeriría leyes adicionales, para ajustar lo que podrían ser temas relacionados con la planilla del Gobierno”, explicó Chinchilla.
Por otra parte, el Congreso podría avalar la solicitud del Ministerio de Hacienda de poder emitir $2 mil millones de eurobonos.
La medida aliviaría el mercado interno que está siendo distorsionado por el Gobierno, que financia su déficit dentro del país.
Sin embargo, su demanda de recursos hace que suban las tasas de interés y quita dinero que podría destinarse a financiar a compañías y familias.
Por otra parte, el sector empresarial, opuesto a la reforma fiscal, hizo la propuesta de que el país siga el ejemplo de Brasil, que aprobó una disminución de impuestos para reactivar la actividad económica.
La nación sudamericana redujo a cero los tributos a la inversión extranjera, al capital de riesgo y servicios financieros.
Además aplicó una reducción impositiva a bienes de consumo fundamental de la población como son los alimentos.
“Deberíamos ver las acciones que se están tomando en el resto del mundo para reactivar las economías, en lugar de insistir en un proyecto que a todas luces vendrá a hacer más difícil la recuperación económica”, afirmó Jaime Molina, vicepresidente de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.

Oscar Rodríguez
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