Ticos desconfían de Fiscalía en investigación contra Rodrigo Chaves por financiamiento electoral del 2022
La mitad de los nacionales cree que el Ministerio Público no actúa bien en torno a las investigaciones
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La imagen del presidente Rodrigo Chaves no se ha visto afectada por la investigación que realiza la Fiscalía en torno al supuesto financiamiento paralelo de campaña que habría permitido al mandatario recibir dinero al margen de la ley.
Y es que la opinión del 59% de ciudadanos no cambió de parecer en torno al mandatario tras conocer los señalamientos de Carlo Díaz, fiscal general, en contra de Chaves en torno a este tema y, más aún, el 18% mejoró su apreciación del presidente, según la última encuesta de la empresa Enfoque Investigaciones, que recolectó la información del 15 al 24 de febrero, con una muestra de 800 personas cara a cara a nivel nacional y un margen de error de 3,4%.
La medición establece también que solo el 9% de los ciudadanos empeoró su percepción del presidente.
Paralelamente, solo el 23% confía en el trabajo de la Fiscalía, mientras que un apabullante 66% no confía en Carlo Díaz.
La información surge a pocos días de una manifestación nacional que están organizando figuras ligadas al chavismo para pedir la renuncia de Díaz, Orlando Aguirre, presidente de la Corte, Marta Acosta, contralora general, y Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea.
“Los números de Rodrigo Chaves a esta altura de su presidencia son inéditos para un presidente. El mandatario goza de una amplia simpatía de los costarricenses. En estos momentos goza de un 62% de opiniones positivas, frente a un 23%”, dijo Mario Quirós, director de Enfoque Investigaciones.
El caso
Después de una investigación de tres años, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó que Rodrigo Chaves, presidente de la República, Stephan Brunner, vicepresidente, y el canciller Arnoldo André serían responsables de al menos cuatro delitos electorales.
Se presume que la campaña que llevó a Chaves al poder en 2022 se benefició de dinero captado por dos estructuras paralelas que operaron al margen de la ley.
Esto, sin el control partidario de Progreso Social ni reportes mensuales de los donantes al TSE. De esta manera, la campaña pudo haber recibido dinero de empresas o extranjeros.
Una de las estructuras fue el fideicomiso Costa Rica Próspera y la otra fue la cuenta bancaria de Sofía Agüero. Ella es hija del diputado Waldo Agüero y coordinó la agenda de Chaves durante 2021.
El informe fue secuestrado por el Ministerio Público a mediados de mes.
Al presidente Chaves se le menciona como posible responsable de cometer tres delitos electorales, incluido recaudar fondos sin autorización del TSE. Los dos fideicomisos sumaron más de ¢248 millones.
La creación de una estructura ilegal de financiamiento para campañas políticas podría llevar a los responsables a enfrentar penas de cárcel de entre dos y seis años, según establece el Código Electoral en los artículos 275 y 276.
Este castigo busca prevenir el uso de mecanismos ilegales que permitan la entrada de recursos de empresas, extranjeros o actividades ilícitas en las campañas políticas.
El fiscal Carlo Díaz explicó anteriormente que el TSE levantó secretos bancarios y tributarios como parte de las pesquisas, y que dicha información es clave para la investigación, por lo que pidieron a la Sala III que diera el permiso para secuestrar los documentos. La Fiscalía estaría preparando una eventual acusación.
Ticos no confían en la Fiscalía
Una amplia mayoría de los costarricenses no confía en la Fiscalía General, a la vez que hace una dura evaluación sobre el trabajo del fiscal general Carlo Díaz. (Cifras en porcentaje según encuesta de Enfoque Investigaciones, que recolectó la información del 15 al 24 de febrero, con una muestra de 800 personas cara a cara a nivel nacional, un margen de error de 3,4% y un nivel de confianza del 95%).
Confianza en el presidente Rodrigo Chaves ante investigaciones
El presidente Rodrigo Chaves es investigado por el Ministerio Público por la creación de una supuesta estructura de financiamiento paralelo para la campaña del 2022.
La presunción es que pudo haber recibido dinero de empresas o extranjeros para impulsar su candidatura, lo cual es ilegal y se castiga con penas de prisión que oscilan entre 2 y 6 años de cárcel.
No obstante, las pesquisas que realiza la Fiscalía bajo la guía de Carlo Díaz, fiscal general, no han afectado al presidente, ya que la mayoría de ticos no les da crédito.
(Cifras en porcentaje según encuesta de Enfoque Investigaciones, que recolectó la información del 15 al 24 de febrero, con una muestra de 800 personas cara a cara a nivel nacional, un margen de error de 3,4% y un nivel de confianza del 95%).
