TENGO UN SECRETO...
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 07 diciembre, 2010
El levantamiento del secreto bancario no es necesario
TENGO UN SECRETO…
Lo compartiría con el Ministerio de Hacienda, pero solo bajo condiciones razonables
De nuevo, el tema del levantamiento del secreto bancario está sobre el tapete legislativo, con el propósito de darle a Hacienda un acceso más ágil a las cuentas bancarias de los contribuyentes.
El proyecto de ley para reducir la protección que reciben las cuentas, fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa a finales del mes pasado.
Por cierto, si Hacienda pudiera comparar las declaraciones tributarias con los datos bancarios, sería más difícil para el contribuyente esconder ingresos, y evadir sus obligaciones impositivas.
Sin embargo, no hay ninguna necesidad de cambiar las reglas actuales, dado que Hacienda ya cuenta con toda la potestad que necesita, para reducir la evasión tributaria.
Además, hay varias formas mediante las cuales Hacienda podría reducir la evasión; no obstante, el proyecto no contempla aprovechar ninguna de ellas.
Uno de los principales problemas de la propuesta es que eliminaría la obligación de Hacienda de obtener la orden de un juez, para exigir al banco entregar los datos de un contribuyente.
Tampoco tendría el director de Tributación que firmar la solicitud, por el contrario, cualquier funcionario de Hacienda podría exigir al banco entregar los datos de sus clientes, sin que ni siquiera sepan que alguien está viendo su información personal.
Ante esta situación, muchos clientes bancarios temen que un acceso más amplio a sus datos incremente el riesgo de que esa información se filtre a manos de maleantes, que luego los extorsionen.
Por su parte, varios bancos están preocupados por el hecho de que Hacienda interfiera más aún en las cuentas de sus clientes, y que los exponga a un mayor riesgo de demandas, por cualquier incumplimiento alegado.
En este caso, no hay ninguna justificación para ampliar el poder de Hacienda, sobre todo porque ya cuenta con las herramientas necesarias para conseguir este tipo de información, sin necesidad de comparecer ante un juez.
En el momento en que Hacienda considere de forma objetiva que alguien está evadiendo sus obligaciones tributarias, puede iniciar una auditoría formal a esa persona, sea física o jurídica.
Como parte del proceso, Hacienda puede exigirle a esa persona la entrega de los datos bancarios.
En términos prácticos, el contribuyente no puede rehusarse a hacerlo, de ser así se expone al cobro de una renta presuntiva, que ascendería a un monto equivalente a casi $200 mil.
Exigir la entrega de los datos, únicamente como parte de un auditoraje, limitaría las instancias en las cuales se utilice esa medida, de modo que no se abuse.
Precisamente que la orden de iniciar la auditoría tenga que ser firmada por el director de Tributación le da otro grado de protección al contribuyente, que además sabría que Hacienda va a tener acceso a sus datos financieros.
El hecho de que la solicitud la haga Hacienda directamente al contribuyente, y no a su banco, le hace la vida más serena a las instituciones financieras.
La única solicitud que debería poder hacer Hacienda al banco, es la de confirmar que el contribuyente haya enviado los datos de todas las cuentas que tenga.
Bajo este esquema, el banco recibiría la petición de entregar los datos de su cliente, que tiene todo el derecho de ordenar el envío, dado que los datos de la cuenta son propiedad de él o ella.
Persistiría el problema de que el contribuyente no sepa cuáles funcionarios tendrían acceso a sus datos financieros, una vez que Hacienda los reciba, ni cuánto tiempo permanecerían en el Ministerio, hasta que se destrocen.
Sin embargo, esta incertidumbre existe hoy, en el caso de los datos conseguidos por Hacienda, tras una orden judicial.
Queda el asunto del cumplimiento con las normas de los países ricos, algunos de los cuales han denunciado a Costa Rica como paraíso fiscal, al no divulgar de forma ágil los datos bancarios costarricenses de los contribuyentes de esas naciones.
Sin embargo, la forma de colaborar con otros países es un problema de rango menor, dado que este tipo de investigación no ocurre con mucha frecuencia.
Además, una solicitud de otro país normalmente viene de su fiscalía, de modo que es menos probable que un juez costarricense rehúse ordenar el acceso a una cuenta.
La evasión fiscal es un serio problema en este país, que tiene el efecto no solo de reducir la recaudación, sino también de obligar a los contribuyentes decentes a pagar más.
En este caso, Hacienda debería mejorar su rendimiento no solo en el área de las auditorías, sino también en otras más.
Varios funcionarios de alto nivel han señalado la falta de controles en aduanas, que manejan el flujo de bienes, valorados en cientos de millones de dólares cada año.
Tema relacionado es el del contrabando de mercancías, que ni siquiera pasan por aduanas.
Además, los negocios informales no contribuyen con el Estado, mientras sus decenas de miles de integrantes aprovechan los servicios sociales sin costo.
Sin embargo, la propuesta reforma del secreto bancario no obliga a Hacienda a resolver ninguno de esos serios problemas —o de aprovechar las herramientas de las cuales ya dispone, para encontrar los datos financieros de los contribuyentes, que pretende buscar.
Fred Blaser
Co presidente
República Media Group
TENGO UN SECRETO…
Lo compartiría con el Ministerio de Hacienda, pero solo bajo condiciones razonables
De nuevo, el tema del levantamiento del secreto bancario está sobre el tapete legislativo, con el propósito de darle a Hacienda un acceso más ágil a las cuentas bancarias de los contribuyentes.El proyecto de ley para reducir la protección que reciben las cuentas, fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa a finales del mes pasado.
Por cierto, si Hacienda pudiera comparar las declaraciones tributarias con los datos bancarios, sería más difícil para el contribuyente esconder ingresos, y evadir sus obligaciones impositivas.
Sin embargo, no hay ninguna necesidad de cambiar las reglas actuales, dado que Hacienda ya cuenta con toda la potestad que necesita, para reducir la evasión tributaria.
Además, hay varias formas mediante las cuales Hacienda podría reducir la evasión; no obstante, el proyecto no contempla aprovechar ninguna de ellas.
Uno de los principales problemas de la propuesta es que eliminaría la obligación de Hacienda de obtener la orden de un juez, para exigir al banco entregar los datos de un contribuyente.
Tampoco tendría el director de Tributación que firmar la solicitud, por el contrario, cualquier funcionario de Hacienda podría exigir al banco entregar los datos de sus clientes, sin que ni siquiera sepan que alguien está viendo su información personal.
Ante esta situación, muchos clientes bancarios temen que un acceso más amplio a sus datos incremente el riesgo de que esa información se filtre a manos de maleantes, que luego los extorsionen.
Por su parte, varios bancos están preocupados por el hecho de que Hacienda interfiera más aún en las cuentas de sus clientes, y que los exponga a un mayor riesgo de demandas, por cualquier incumplimiento alegado.
En este caso, no hay ninguna justificación para ampliar el poder de Hacienda, sobre todo porque ya cuenta con las herramientas necesarias para conseguir este tipo de información, sin necesidad de comparecer ante un juez.
En el momento en que Hacienda considere de forma objetiva que alguien está evadiendo sus obligaciones tributarias, puede iniciar una auditoría formal a esa persona, sea física o jurídica.
Como parte del proceso, Hacienda puede exigirle a esa persona la entrega de los datos bancarios.
En términos prácticos, el contribuyente no puede rehusarse a hacerlo, de ser así se expone al cobro de una renta presuntiva, que ascendería a un monto equivalente a casi $200 mil.
Exigir la entrega de los datos, únicamente como parte de un auditoraje, limitaría las instancias en las cuales se utilice esa medida, de modo que no se abuse.
Precisamente que la orden de iniciar la auditoría tenga que ser firmada por el director de Tributación le da otro grado de protección al contribuyente, que además sabría que Hacienda va a tener acceso a sus datos financieros.
El hecho de que la solicitud la haga Hacienda directamente al contribuyente, y no a su banco, le hace la vida más serena a las instituciones financieras.
La única solicitud que debería poder hacer Hacienda al banco, es la de confirmar que el contribuyente haya enviado los datos de todas las cuentas que tenga.
Bajo este esquema, el banco recibiría la petición de entregar los datos de su cliente, que tiene todo el derecho de ordenar el envío, dado que los datos de la cuenta son propiedad de él o ella.
Persistiría el problema de que el contribuyente no sepa cuáles funcionarios tendrían acceso a sus datos financieros, una vez que Hacienda los reciba, ni cuánto tiempo permanecerían en el Ministerio, hasta que se destrocen.
Sin embargo, esta incertidumbre existe hoy, en el caso de los datos conseguidos por Hacienda, tras una orden judicial.
Queda el asunto del cumplimiento con las normas de los países ricos, algunos de los cuales han denunciado a Costa Rica como paraíso fiscal, al no divulgar de forma ágil los datos bancarios costarricenses de los contribuyentes de esas naciones.
Sin embargo, la forma de colaborar con otros países es un problema de rango menor, dado que este tipo de investigación no ocurre con mucha frecuencia.
Además, una solicitud de otro país normalmente viene de su fiscalía, de modo que es menos probable que un juez costarricense rehúse ordenar el acceso a una cuenta.
La evasión fiscal es un serio problema en este país, que tiene el efecto no solo de reducir la recaudación, sino también de obligar a los contribuyentes decentes a pagar más.
En este caso, Hacienda debería mejorar su rendimiento no solo en el área de las auditorías, sino también en otras más.
Varios funcionarios de alto nivel han señalado la falta de controles en aduanas, que manejan el flujo de bienes, valorados en cientos de millones de dólares cada año.
Tema relacionado es el del contrabando de mercancías, que ni siquiera pasan por aduanas.
Además, los negocios informales no contribuyen con el Estado, mientras sus decenas de miles de integrantes aprovechan los servicios sociales sin costo.
Sin embargo, la propuesta reforma del secreto bancario no obliga a Hacienda a resolver ninguno de esos serios problemas —o de aprovechar las herramientas de las cuales ya dispone, para encontrar los datos financieros de los contribuyentes, que pretende buscar.
Fred Blaser
Co presidente
República Media Group