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Después de cinco años de sufrir un congelamiento en sus salarios por la regla fiscal y la ley de empleo público, los trabajadores del Estado podrán recibir un incremento en sus remuneraciones por costo de vida.
Sin embargo, la buena noticia no aplica para todos, de acuerdo con Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.
Y es que, a pesar de que la relación deuda/PIB ya está por debajo del 60% como exige la regla fiscal para descongelar los incrementos salariales, la realidad es que el incremento solo aplicará para los trabajadores del Estado que tengan un sueldo por debajo del salario global contemplado en la ley de empleo público.
Dicho en otras palabras, si un trabajador del Estado tiene un salario por encima de la escala laboral que se contempló en dicha normativa, su remuneración seguirá congelada hasta que sus compañeros, con igual puesto y responsabilidades de todo el Estado, alcancen su misma escala salarial.
“Para el 2026, debido a que la relación deuda/PIB en 2024 bajó al 59,75%, lo que implica que se ubicó por debajo del 60%, quedarán sin efecto las medidas extraordinarias; es decir, el próximo año sí se podrán realizar ajustes de salarios por costo de vida a los trabajadores del sector público. Lo anterior pareciera muy esperanzador; sin embargo, las buenas noticias solo aplican para un grupo de funcionarios públicos; es decir, únicamente podrán tener aumentos salariales aquellas personas que devengan un salario compuesto inferior al salario global de referencia para su mismo puesto”, explicó Morales.
Según datos del Ministerio de Hacienda, la relación deuda/PIB en Costa Rica cerró en 56,43% en 2019 y aumentó a 66,91% en 2020, lo cual implicó que, a partir de la formulación de los presupuestos públicos siguientes, fuese aplicada la regla fiscal y, por ende, no se pudieran realizar ajustes salariales por costo de vida. Esta situación se ha mantenido hasta el 2025.
En ese sentido, la inflación acumulada de enero de 2021 a junio de 2025 reportó un incremento de 9,47%, lo que implicó la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del Estado en ese mismo porcentaje.
“En resumen, después de casi cinco años de congelamiento salarial, algunos funcionarios públicos podrán recuperar, en 2026, algo de su poder adquisitivo de sus salarios, y decimos algo, porque difícilmente se podrá ajustar los salarios en un 9,47% que corresponde a la pérdida desde el 2021; mientras tanto, otro grupo, que podría ser mayoritario, seguirá perdiendo capacidad de compra, ya que todavía ganan un salario por encima del salario global”, agregó Morales.
Es por ello que, desde el Observatorio Económico y Social de la UNA, la economista hizo un llamado a las autoridades del país, para revisar y modificar la ley de empleo público, ya que muchos trabajadores mantendrán sus salarios congelados por varios años.
Esta situación genera incertidumbre sobre la pérdida del poder adquisitivo sin que haya una solución a la vista.
Desde diciembre de 2018 fue aprobada la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; la cual incluyó una serie de medidas extraordinarias que implican el congelamiento de los salarios públicos bajo ciertas condiciones.
| Condición | Consecuencia |
|---|---|
| Relación Deuda/PIB |
Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal.
La normativa en cuestión establece escalas salariales definidas por puesto de trabajo para todo el Estado, con la intención de que un funcionario de un ministerio, con igual puesto y responsabilidades, gane lo mismo en cualquier otro lugar del Estado.
