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Telecomunicaciones en camino a nuevo debate

Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 29 abril, 2008




Sector financiero ya recibió primer golpe
Telecomunicaciones en camino a nuevo debate

Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net

La Ley General de Telecomunicaciones podría volverse a votar en primer debate en los próximos días y así de manera más expedita convertirse finalmente en ley de la República.
Esta mañana los diputados iniciarían la discusión de las 14 mociones de la diputada Leda Zamora, de Acción Ciudadana, que quedaron sin discutirse durante su primera tramitación en el Plenario.
De igual forma los 57 diputados volverán a tener diez minutos cada uno para volver a pronunciarse por el fondo del proyecto.
Estas disposiciones fueron avaladas ayer por los diputados en el Plenario, luego de que los legisladores que integran la Comisión de Consultas Constitucionales las recomendarán tras el pronunciamiento de la Sala IV del pasado 26 de marzo, en donde se señaló que si bien el proyecto no presentaba roces con la Constitución sí hubo vicios en su tramitación.
Los promotores de la apertura del sector esperan que este nuevo debate y proceso de corrección no se alargue por más de dos sesiones legislativas y que la oposición cumpla con su palabra de no volver a someter el proyecto a otra consulta ante los magistrados en la Sala Constitucional.
Una vez que el proyecto se vote en segundo debate deberá de ser ratificado en la Presidencia de la República y publicado en el diario oficial La Gaceta para su entrada en vigencia.
Por otra parte, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad trabaja ahora en la recomendación que hará al Plenario sobre la forma en que se subsanarán los vicios que por el fondo señaló la Sala IV al proyecto de Reformas a la Ley de Propiedad Intelectual, también legislación del paquete de leyes de acompañamiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En este caso el proyecto fue declarado inconstitucional por considerar los magistrados que presenta incongruencias en las penas que el proyecto estipula para quienes incurran en delitos contra la propiedad intelectual.








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