Telaraña de trámites atrapa incluso a policías

No se han podido invertir ¢6 mil millones en seguridad debido a embrollo legal

Telaraña de trámites atrapa incluso a policías

• Además de insuficiencia de recursos, el problema es que los disponibles no se pueden usar eficientemente

• Reforma a Ley de Concesiones es vista como pequeña sutura a un mal burocrático que requiere una cirugía general

Eduardo Baldares

ebaldares@larepublica.net

Mientras países tan cercanos como Panamá emprenden el vuelo hacia el desarrollo, mediante leyes ágiles que les permiten tomar decisiones con rapidez, Costa Rica se ha convertido en una mosca atrapada en una laberíntica red de trámites.

Tan asfixiante es la telaraña, que ni siquiera permite la inversión en necesidades tan básicas como la seguridad.

El progreso canalero, que se ve en obras tan concretas como sus impecables carreteras, contrasta con el entrabamiento costarricense tan evidente en sus calles hechas “queso de Gruyère”.

Sumado a ello, los ciudadanos sufren la creciente hampa, como se representa en los 904 vehículos robados con violencia el año pasado, según estadísticas del Poder Judicial.

Y es que mientras los asaltos a personas en la calle se incrementaron de 7.704 en 2006 a 8.620 el año anterior, y el Gobierno lanzó una tardía declaratoria de emergencia nacional el pasado 10 de enero, por otro lado se desperdiciaron unos $13 millones (más de ¢6 mil millones) que bien pudieron ser invertidos en seguridad; esto debido al exceso de trámites.

El año pasado el Ministerio de Seguridad se incautó poco más de $13 millones del narcotráfico, pero se quedaron en el estómago de la “araña de trámites”, pese a la prioridad anticrimen en que está Costa Rica.

“Es necesario reformular la Ley de Psicotrópicos para poder utilizar estos dineros y reinvertirlos en seguridad. Es increíble que exista la plata, pero que cueste tanto utilizarla”, se lamentó Fernando Berrocal, ministro de Seguridad, a propósito del presupuesto extraordinario de emergencia que el Gobierno busca financiar “a como dé lugar”, según palabras de Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda.

Se sabe que la delincuencia se ha tecnificado y se torna más violenta día a día, por lo que es necesario inyectar capital a los cuerpos de seguridad, así como reformar las leyes con fines específicos.

Aunque el Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD) es una entidad adscrita al Ministerio de Seguridad con la potestad de administrar los recursos decomisados, está atado de manos enredado en la compleja tramitomanía que caracteriza al país, según Berrocal,

“Ni siquiera estamos pidiendo más plata (porque de hecho se ha incrementado el presupuesto ordinario y se buscan fondos para el extraordinario), sino que se nos permita usar lo disponible más rápidamente, con inteligencia”, dijo Berrocal.

El Ministro considera necesario reinvertir en urgentes necesidades del sector, que son evidentes “principalmente en materia de infraestructura”, tal como mostró LA REPUBLICA el miércoles 30 de enero en una serie de fotografías que ilustraron el deplorable estado en que trabajan los oficiales.

“Este es un momento clave, justo cuando la bomba nos reventó a nosotros, pero que es producto de la falta de inversión en los últimos 20 años en materia de seguridad”, dijo Berrocal.

Ahora el Ministro pide que la Asamblea Legislativa les dé una “manita” para acelerar reformas a cuatro leyes que califica de “urgentes”.

“A diferencia del tema de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio, en el tema de seguridad sí he notado una mayor anuencia a analizarlo sin politizarlo tanto”, manifestó Federico Tinoco, diputado liberacionista.

En la fracción libertaria se considera que el proyecto de reformas sobre seguridad debe ir de la mano con el de agilización de trámites, no solo en lo concerniente a la Ley de Psicotrópicos, sino en todos los campos de la realidad nacional que son afectados por el entrabamiento burocrático.

“La reforma a la Ley de Concesiones no es suficiente. Se requiere un sistema totalmente nuevo, moderno, para que una compañía no desista tras dos o tres años de intentar invertir en el país, sino que pueda hacerlo rápidamente dentro de un marco jurídico claro”, comentó el asesor legislativo Erick Picado.