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Lunes, 18 de noviembre de 2019



COLUMNISTAS


Tamaño del Estado y situación de las finanzas

Natalia Díaz [email protected] | Jueves 29 noviembre, 2018


Cuando hablamos de una Costa Rica más próspera y moderna, sin lugar a dudas tenemos que referirnos invariablemente al tamaño y eficiencia de nuestro Estado.

Muchos se sorprenderán que en la actualidad el Estado costarricense está compuesto por más de 330 entidades, 15 regímenes distintos de salarios y cerca de 130 diferentes esquemas de pluses o incentivos que no tienen relación con la productividad de la fuerza laboral. Dicho de otra forma, nos hemos enredado en nuestros propios mecates.

La realidad es que un Estado más pequeño no es símbolo de eficiencia, pero sí debemos suponer que sería más sencillo de conducir y menos dispendioso.

Esta coyuntura actual, en que la economía nacional parece estar en uno de sus peores momentos, bien nos caería, analizar esta situación, con miras a ofrecerle a la ciudadanía mejores servicios, más expeditos y de rápida respuesta.

Varios estudios señalan que un mayor tamaño del Estado, medido como un mayor peso del gasto público en el PIB, reduce el crecimiento económico a largo plazo. Pero circunscribiéndonos a la realidad nacional y a esas 330 instituciones, estoy convencida que no es viable continuar sosteniendo el sistema en las actuales condiciones.

El plan fiscal ya es una realidad y las autoridades de Hacienda tienen un respiro para optar por medidas drásticas de contención del gasto. Debemos abocarnos a buscar la legislación que permita la fusión de algunas instituciones, la venta de otras y el congelamiento presupuestario de aquellas que aporten muy poco al desarrollo nacional.

Se inicia el período de sesiones extraordinarias en el Legislativo; y el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda parlamentaria. Creo que es mandatorio buscar el consenso para aprobar proyectos orientados a recorte del gasto, continuar con el tope a algunas pensiones abusivas que aún permanecen, reducción de las grandes transferencias presupuestarias obligadas por leyes, cierre de portillos y homologación salarial para nuevos funcionarios públicos, congelamientos de plazas de quienes se jubilen o se retiren a laborar al sector privado, entre otras accione urgentes de ahorro fiscal.




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