Superpoderes para el Central generan discrepancias
Wilmer Murillo wmurillo@larepublica.net | Sábado 26 abril, 2008
Plan cambia modelo de financiamiento para entidades reguladoras
Superpoderes para el Central generan discrepancias
• Costo de organismos reguladores, que se cubre con inflación, es de ¢9 mil millones al año
• Hacienda defiende cambios y considera que rendición de cuentas es adecuada
Wilmer Murillo
wmurillo@larepublica.net
La regulación efectuada por Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tiene un costo para los costarricenses cercano a los ¢9 mil millones, pues los recursos provienen de la emisión del Banco Central y un recargo en las transacciones financieras.
Este gasto en su mayoría es inflacionario porque el Banco Central emite dinero para cubrir los costos de las entidades que se dedican a la supervisión y regulación del sistema financiero.
Actualmente el presupuesto de las superintendencias y del Conassif es financiado en un 80% con recursos provenientes del Banco Central y el otro 20% de los gastos efectivamente incurridos, mediante contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados.
El proyecto que otorgaría superpoderes al Banco Central propone que en adelante cada sujeto fiscalizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia de Pensiones (Supen) contribuirá con un porcentaje de sus ingresos brutos anuales, al financiamiento del 50% de los gastos efectivos.
“El financiamiento de las superintendencias y del Conassif con recursos del Banco Central es inflacionario”, admitió Alberto Franco, economista.
No obstante, si los costos los pagaran los bancos, se daría aquello de que quien paga la fiesta manda el baile, dijo el economista, quien considera que por ello lo ideal es que el financiamiento de estas entidades debería correr por cuenta del fisco, o lo que es lo mismo, por cuenta de todos los contribuyentes.
Las tendencias mundiales, sin embargo, son cargar a los regulados los costos de la supervisión, dijo Francisco de Paula Gutiérrez, presidente del Banco Central.
A juicio de algunos analistas, existe también la ausencia de sanas explicaciones de cómo se gastan los fondos.
El legislador socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez abundó en críticas contra la Sugef y otros reguladores por considerar que en algunos casos buscan amarrar al banquero de pies y manos y, en otros, intentan cerrar el acceso al crédito de miles de costarricenses, y de este modo “la Sugef ha intentando cogobernar el sistema financiero”.
Actualmente los reguladores han restado acceso al crédito con disposiciones que Sánchez no comparte, por lo que el tema debe ser objeto de un amplio debate a fin de determinar la clase de supervisión se desea en Costa Rica, considera el diputado.
Aunque obvió las críticas, Oscar Rodríguez, superintendente general de entidades financieras explicó que la rendición de cuentas del presupuesto de la Sugef se hace con su superior jerárquico, que es el Conassif.
Esta se efectúa cada año, en el ejercicio de formulación y aprobación de su presupuesto y de los programas de trabajo que desarrollará. A su vez, el Conassif presenta al Banco Central, para su aprobación, el presupuesto del propio Consejo y de las tres superintendencias.
Finalmente el Congreso aprueba los presupuestos del Gobierno central, señaló Rodríguez.
La propuesta no debería tener objeciones, dijo Gerardo Porras, gerente del Banco Popular, por considerar que los regulados cubren en algunos países hasta el 100% de los costos de la regulación. No obstante, adujo que sería bueno, de aprobarse esta propuesta, establecer un sistema de rendición de cuentas más adecuado.
A lo anterior, Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda, destacó que el proyecto tiene ya un espíritu de rendición de cuentas.
El presidente ejecutivo del Banco Central como máxima representación de esa entidad, en materia de gobierno y en el manejo de sus relaciones con otras instituciones y organismos financieros internacionales, presentará ante los diputados, durante el primer trimestre de cada año, un informe sobre la ejecución de la política monetaria respecto el año anterior y sobre las acciones que tomó la Institución para alcanzar el objetivo inflacionario planteado a inicios de ese año.
Además, deberá incluir una exposición sobre la política monetaria que seguirá el Banco Central durante el periodo en ejercicio.
La rendición de cuentas al Congreso y al público es un ingrediente para la implementación efectiva de un régimen de metas de inflación, hacia donde se dirige actualmente el ente emisor.
“Este ejercicio servirá para que la Asamblea conozca muy bien cuáles son los orígenes de la inflación y sobre el papel que, para su control, juega el Banco Central”, señaló Franco.
Superpoderes para el Central generan discrepancias
• Costo de organismos reguladores, que se cubre con inflación, es de ¢9 mil millones al año
• Hacienda defiende cambios y considera que rendición de cuentas es adecuada
Wilmer Murillo
wmurillo@larepublica.net
La regulación efectuada por Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tiene un costo para los costarricenses cercano a los ¢9 mil millones, pues los recursos provienen de la emisión del Banco Central y un recargo en las transacciones financieras. Este gasto en su mayoría es inflacionario porque el Banco Central emite dinero para cubrir los costos de las entidades que se dedican a la supervisión y regulación del sistema financiero.
Actualmente el presupuesto de las superintendencias y del Conassif es financiado en un 80% con recursos provenientes del Banco Central y el otro 20% de los gastos efectivamente incurridos, mediante contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados.
El proyecto que otorgaría superpoderes al Banco Central propone que en adelante cada sujeto fiscalizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia de Pensiones (Supen) contribuirá con un porcentaje de sus ingresos brutos anuales, al financiamiento del 50% de los gastos efectivos.
“El financiamiento de las superintendencias y del Conassif con recursos del Banco Central es inflacionario”, admitió Alberto Franco, economista.
No obstante, si los costos los pagaran los bancos, se daría aquello de que quien paga la fiesta manda el baile, dijo el economista, quien considera que por ello lo ideal es que el financiamiento de estas entidades debería correr por cuenta del fisco, o lo que es lo mismo, por cuenta de todos los contribuyentes.
Las tendencias mundiales, sin embargo, son cargar a los regulados los costos de la supervisión, dijo Francisco de Paula Gutiérrez, presidente del Banco Central.
A juicio de algunos analistas, existe también la ausencia de sanas explicaciones de cómo se gastan los fondos.
El legislador socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez abundó en críticas contra la Sugef y otros reguladores por considerar que en algunos casos buscan amarrar al banquero de pies y manos y, en otros, intentan cerrar el acceso al crédito de miles de costarricenses, y de este modo “la Sugef ha intentando cogobernar el sistema financiero”.
Actualmente los reguladores han restado acceso al crédito con disposiciones que Sánchez no comparte, por lo que el tema debe ser objeto de un amplio debate a fin de determinar la clase de supervisión se desea en Costa Rica, considera el diputado.
Aunque obvió las críticas, Oscar Rodríguez, superintendente general de entidades financieras explicó que la rendición de cuentas del presupuesto de la Sugef se hace con su superior jerárquico, que es el Conassif.
Esta se efectúa cada año, en el ejercicio de formulación y aprobación de su presupuesto y de los programas de trabajo que desarrollará. A su vez, el Conassif presenta al Banco Central, para su aprobación, el presupuesto del propio Consejo y de las tres superintendencias.
Finalmente el Congreso aprueba los presupuestos del Gobierno central, señaló Rodríguez.
La propuesta no debería tener objeciones, dijo Gerardo Porras, gerente del Banco Popular, por considerar que los regulados cubren en algunos países hasta el 100% de los costos de la regulación. No obstante, adujo que sería bueno, de aprobarse esta propuesta, establecer un sistema de rendición de cuentas más adecuado.
A lo anterior, Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda, destacó que el proyecto tiene ya un espíritu de rendición de cuentas.
El presidente ejecutivo del Banco Central como máxima representación de esa entidad, en materia de gobierno y en el manejo de sus relaciones con otras instituciones y organismos financieros internacionales, presentará ante los diputados, durante el primer trimestre de cada año, un informe sobre la ejecución de la política monetaria respecto el año anterior y sobre las acciones que tomó la Institución para alcanzar el objetivo inflacionario planteado a inicios de ese año.
Además, deberá incluir una exposición sobre la política monetaria que seguirá el Banco Central durante el periodo en ejercicio.
La rendición de cuentas al Congreso y al público es un ingrediente para la implementación efectiva de un régimen de metas de inflación, hacia donde se dirige actualmente el ente emisor.
“Este ejercicio servirá para que la Asamblea conozca muy bien cuáles son los orígenes de la inflación y sobre el papel que, para su control, juega el Banco Central”, señaló Franco.