Su empresa debe ajustarse a nuevas reglas tributarias
Una de las acciones que debe hacer el país para entrar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico...
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Esto crea obligaciones con consecuencias para las empresas, en especial para aquellas que tienen operaciones fuera del país, sin importar si se trata de una gran compañía o un emprendimiento.
Todo lo relativo a los costos del cumplimiento de estas obligaciones, las implicaciones para las empresas y lo que está por venir será tratado en el Programa de Actualización Regional en Tributación Internacional, organizado por Grupo Camacho.
La actividad se llevará a cabo entre el 29 de febrero y el 3 de marzo en el San José Palacio y tiene un costo de $750.
En la actividad estará la expositora internacional Anuschka Bakker, que viene del International Bureau of Fiscal Documentation, de Holanda, una institución mundialmente reconocida, que incluso es la biblioteca de carácter técnico para la OCDE, ella viene para hablar sobre el tema BEPS.
“Vamos a participar algunos expositores nacionales y otros de la región que va desde México hasta Panamá, especialistas tributarios que tocarán los temas del efecto de la normativa internacional y todo el enfoque de softlaw en las jurisdicciones particulares”, explicó Carlos Camacho, quien será uno de los principales oradores.
Todas estas normas son significativas, en especial si se considera que no hay una adopción y dimensionamiento en el derecho costarricense.
En relación con la acción número 13 de BEPS que Costa Rica ya firmó, referente al intercambio de la información de precios de transferencia, el objetivo es identificar si existe correlación entre los riesgos, funciones y activos involucrados en la cadena de valor de un bien o un servicio.
“Siendo Costa Rica receptor de inversión extranjera, nos debemos apegar a las normas de transparencia de los países inversores. Es así que desde la óptica práctica no se requiere una normativa local para obligar a la adopción de las acciones BEPS”, explica Camacho.
En el país existe una contradicción, ya que hay dos factores para poder cumplir con esta norma. Primero, es necesario tener una declaración de precios de transferencia (el país no la tiene), aunque la obligación jurídica existe por la publicación del decreto de 2013.
El segundo problema recae en el mismo decreto, que obliga a declarar solamente a los grandes contribuyentes, grandes empresas territoriales y empresas beneficiarias de zona franca, cuando lo que busca la normativa BEPS es aplicar estas normas a todas las compañías, sin distinción alguna.
