Natalia Díaz

Natalia Díaz

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Jueves 1 Marzo, 2018

Solución integral al déficit fiscal

Costa Rica continúa postergando la solución a su déficit fiscal, ante la incapacidad de incorporar y desarrollar integralmente diversas acciones para reducirlo.

Es evidente la gran cantidad de dinero que no ingresa a las arcas del Estado, producto del resultado poco eficiente que logra el Ministerio de Hacienda en cumplir la gestión del cobro de impuestos, independientemente de los motivos por los cuales se susciten estos hechos.

Indica el Ministerio de Hacienda que el incumplimiento por evasión, elusión y mora de los impuestos sobre la renta y general sobre las ventas ascendió para los años 2010, 2011, 2012 y 2013; representando el 8,21%, 7,98%, 7,82% y 8,22% del PIB respectivamente. En el caso del impuesto de ventas, en el año 2013 se incumplió en un 33,10% sobre el potencial recaudatorio, y en lo que respecta al impuesto sobre la renta para ese mismo año, las personas físicas incumplieron un 57,26% y las personas jurídicas un 70% sobre el potencial a recaudar.

A la par del incumplimiento tributario, se suma la calidad de los bienes y servicios que brinda el Estado a la ciudadanía. No cabe duda, que también es imprescindible el mejoramiento del desempeño del Estado.

El retorno del pago de impuestos que experimenta el pueblo, desplegado en temas de control, racionalidad, transparencia de la gestión pública, jerarquización de las inversiones, precisión del gasto y la inversión social, pone en evidencia otro costo de incalculable monto. Costa Rica se encuentra muy lejano a los estándares internacionales de países desarrollados y lamentablemente posee grandes complicaciones. Aunado a esto, se presenta la calidad del gasto público. La reorganización, sistematización y racionalización de los gastos estructurales del Estado deben estar ligados estrechamente con el seguimiento y cumplimiento de las políticas públicas. La evaluación de este tema en particular requiere, en primera instancia, de acertados diagnósticos, mapeos estratégicos acordes al Plan Nacional de Desarrollo y en determinados casos las reingenierías se hacen necesarias.

Para lo anterior, destaco que la participación, aporte y gestión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica se hace indispensable en una necesaria modernización del Estado en busca de la eficiencia. Cabe recordar, que el Mideplan tiene como misión orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública a corto, mediano y largo plazo. Además, asesora a la Presidencia de la República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación. Este Ministerio es estratégico para el desarrollo nacional y el mejoramiento de la gestión pública, ya que tiene la capacidad de generar insumos oportunos y de alta calidad técnica para la toma de decisiones; y además promueve el debate nacional con la participación de diversos actores de la sociedad.

Es necesario también, dentro de esa integralidad de la solución, adicionar el establecimiento de reglas en la construcción del presupuesto nacional, blindándose con medidas de sostenibilidad y determinando límites “impasables” en lo que compete al endeudamiento público.

A lo anterior se suman indicadores actuales que arrojan alertas, como el deterioro que Costa Rica experimenta, desde el año 2003, en el índice de Desarrollo Humano, al trasladarse de la posición 43 a la 66 de 188 países; el aumento de la desigualdad, con un Índice de Gini de 0.438 en el año 1989, de 0.507 en 2010 y de 0.521 en 2016. En cuanto al desempleo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos informa que en el IV trimestre de 2017, 204 mil personas se encuentran en esta condición y se suman aproximadamente 985 mil personas en el sector informal.

La economía debe orientarse a un funcionamiento dinámico, consistente y oportuno. Para esto es urgente impulsar medidas de fomento tanto para los actuales como para los nuevos empresarios, con características congruentes con la actualidad del país.

Actualmente, una mayoría parlamentaria aboga por la aprobación de nuevos impuestos con el fin de aumentar la carga tributaria para reducir el déficit fiscal y fomentar el desarrollo. Nada más falso que esto. Los problemas no se agotan con la aprobación de esta reforma fiscal. El proyecto de ley Nº20580, denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, proyecta una recaudación del 1,9% del PIB desglosada de la siguiente manera: un 0,9% mediante el IVA, un 0,50% en renta, 0,50% en regla fiscal y un 0,01% en empleo público. Lo anterior irremediablemente se traducirá, al cabo de unos años, en la presentación de una nueva reforma fiscal con propuestas para nuevos impuestos, ya que hoy no estamos impulsando un proyecto de ley responsable que garantice la sostenibilidad en el largo plazo. Se carece de planificación estratégica que subsane el problema. La incapacidad es evidente.

Una reforma fiscal seria debería proponer medidas de racionalización del gasto que permitan generar al menos un ahorro del 1% del PIB, lo que significaría, con cifras de 2017, $580 millones anuales. La propuesta del proyecto del gobierno apenas genera un ahorro anual del 0,01% (en el capítulo de empleo público) del PIB; es decir, menos de $6 millones anuales. Por lo tanto es una propuesta insuficiente, tímida y poco significativa.

El proyecto del Nº20179, denominado “Reforma de los artículos 176 y 184, y adición de un transitorio a la Constitución Política, para la estabilidad económica y presupuestaria”, conocido como regla fiscal, de importante trámite actual en la Asamblea Legislativa, señala que desde 2009, el Gobierno central registra déficits primarios crecientes que en los años 2014 y 2015 superaron el 3% del PIB. Por su parte, el déficit fiscal (cerca del 6% del PIB) no se limita a déficits financieros (pago de intereses o de la deuda), sino que se produce por desequilibrios entre los ingresos corrientes y los gastos ordinarios, habilitándose emisiones de deuda para financiar esos excesos de forma recurrente, incumpliendo la Ley Nº8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

El Gobierno actual ha carecido de dominio y toma de decisiones. No ha asumido con certeza el liderazgo que le corresponde. No ha construido puentes de comunicación verdaderamente sólidos con la Asamblea Legislativa y como consecuencia, no ha logrado avances estructurales en diversos campos como el fiscal.

La fracción del Movimiento Libertario no votará la moción para darle vía rápida al trámite legislativo del proyecto de ley N°20580, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. Esto parece ser insuficiente ante una mayoría reinante de diputados que sí lo apoyan. El Movimiento Libertario propone una mayor reducción del gasto público, un trato más justo en algunos bienes y servicios específicos en lo que compete al IVA y una agenda paralela de reactivación económica.

Las propuestas de los legisladores libertarios con respecto a esta reforma fiscal giran en torno a dos ejes principales, el primero se relaciona el tema de la reducción del gasto público, centrándose principalmente en componentes salariales. Se propone que la necesidad institucional que origine cualquier contrato de dedicación exclusiva debe ser desarrollada y solventada por un profesional que posea una carrera universitaria relacionada directamente o afín con el cargo que desempeña. También se propone replantear la remuneración de las anualidades, de tal manera que se otorgue únicamente a los funcionarios que reciban una calificación de “excelente” en su rendimiento laboral. Se replantea el componente de carrera profesional para que sea reconocido únicamente, cuando el grado académico faculte al funcionario para el desempeño del puesto. Se rescata que la cesantía sea para todo el sector público de ocho años, tal y como está regulado en el Código de Trabajo, con lo que se eliminan las diferencias entre instituciones.

El segundo eje es el de reactivación económica, a través de una agenda paralela que incluya los proyectos de ley N°19355, denominado: “Ley para Regular el Teletrabajo”; el Nº19685, denominado: “Reforma a las Excepciones de la Base Mínima Contributiva de la Caja”; el Nº19377: “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores (Flexibilización Laboral); el Nº19794 denominado: “Incentivo para nuevos emprendedores” y el Nº19538 denominado: “Incentivo tributario para estimular emprendedurismo.”

Finalmente, se propone mantener exoneraciones sobre los medicamentos, libros, todo equipo o instrumento que requiera una persona discapacitada (calificado por la Caja de Seguro), unidades de transporte y repuestos para la Fuerza Pública; así como los bienes y servicios que requiera la misma para el cumplimiento de sus funciones, servicios de construcción, ingeniería, arquitectura y topografía que se requieran en la edificación de casas de bienestar social, eliminar cualquier tipo de condicionante a los gastos por intereses, disminuir la sanción a los contribuyentes que no posean medios alternativos de pago en especial los contribuyentes del régimen de tributación simplificada, devolución al consumidor final del IVA a todos los servicios con tarifa reducida (servicios para la producción agropecuaria, agroindustrial, acuicultura, siembra, cosecha, recolección, fumigación, fertilización, comisiones de las operadoras de pensiones, compra de pasajes aéreos, servicios de educación privada).

Los impuestos no son la única vía para incrementar los ingresos del Gobierno. Se pueden obtener mayores ingresos mediante la reactivación económica y una reforma más amplia para reducir el gasto público, lo cual se traduciría en una mejor recaudación de impuestos y un mayor crecimiento económico. Este plan fiscal impulsado por el Gobierno y otras fracciones políticas, es un espejismo de solución porque no garantiza una reducción sustantiva del déficit fiscal ni el manejo responsable de las finanzas públicas.

La historia humana reporta que distintos países después de grandes crisis, desastres o situaciones que provocaron magnas destrucciones, surgieron con trabajo y ahínco. Los gobiernos entendieron que muchos de sus pensamientos eran inoperantes para provocar soluciones, sus argumentos no eran más que barreras para la sociedad y que sus ideologías eran promotores de ociosidad, con lo que arrojarían al pueblo paulatinamente al letargo, a la ruina y a la pobreza.

Costa Rica tiene los recursos suficientes para salir adelante, con trabajo, mucho trabajo, requerimos producir abundantemente, desarrollarnos con ingenio, esfuerzo y dedicación, este es el verdadero cimiento sobre el cual podemos edificar nuevo progreso y desarrollo.