Derechos adquiridos de burócratas deben respetarse, según Presidente

Solís ve con recelo leyes para limitar incentivos

Oposición y Gobierno en rumbo de colisión por remuneraciones

Limitar el salario y los incentivos económicos de miles de empleados públicos como quiere la oposición, es algo que Luis Guillermo Solís ve con recelo.
Aunque considera que este tema debe ser incluido en el debate fiscal, el mandatario reconoce que, para cumplir ese objetivo, primero “hay que recorrer un largo camino”.
Esto porque existe un marco legal que respalda a los burócratas, además de convenciones colectivas que consagran los derechos adquiridos.
En ese sentido, aseveró que a la hora de plantear el tema no se pueden hacer “imposiciones”.
“Nosotros estamos dispuestos a entrar en ese debate dentro de la problemática fiscal que estamos analizando, sin embargo, no podemos hacerlo imponiendo un proyecto de ley porque hay todo un ordenamiento jurídico que se debe respetar”, indicó Solís.
El mandatario dio estas declaraciones ayer, tras el encuentro que sostuvo con los nueve jefes de fracción para establecer una hoja de ruta para el Congreso en el segundo año de trabajo.
La postura mesurada de Solís se diferencia radicalmente del pensamiento de los principales partidos de oposición, quienes tienen en la mira los ¢2 billones que se reparten los funcionarios públicos en incentivos al año.
De hecho, ya se han presentado varias iniciativas al Congreso para regular este tema.
Uno de los proyectos fue puesto a debate por Liberación Nacional y su objetivo es establecer un sistema único de cálculo de incentivos para todo el sector público, sin importar si se trata de un ministerio, o una institución autónoma.
“Tenemos una hoja de ruta que hemos planteado al Gobierno en tres ocasiones. Esperamos que en esta vez sí haya una revisión sobre ella. Haremos el control político que sea necesario y vamos a impulsar leyes importantes como la de incentivos salariales”, indicó Julio Rojas, jefe del PLN.
La otra iniciativa en la corriente legislativa pretende establecer un límite máximo al salario de los empleados públicos, con el objetivo de evitar remuneraciones de lujo.
Por el momento, ninguna de las iniciativas tiene una fuerte viabilidad política, sin embargo, la oposición que tomó el directorio del Congreso el pasado 1 de mayo, se ha puesto como meta establecer una propuesta conjunta e impulsarla en este año.
“El mandatario quiere nuevos impuestos y nosotros queremos recortar el gasto, y para ello ya estamos planeando varias cosas. Una será analizar los salarios en el sector público”, explicó Otto Guevara, jefe del Movimiento Libertario.
Los privilegios de los burócratas han creado una especie de élite de trabajadores en los últimos años, pues estos devengan el doble o más, si se les compara con sus homólogos del sector privado.
Para el año pasado se gastaron unos ¢5 billones en remuneraciones para pagar el salario en todas las instituciones públicas.
Un 40% de ese monto lo constituyeron los incentivos, que van desde la dedicación exclusiva y la carrera profesional, hasta el pago de 24 años de cesantía y elevados montos por antigüedad.
Los incentivos han hecho que el gasto en remuneraciones se convierta en uno de los principales disparadores del gasto público, lo cual impulsa el déficit fiscal hacia arriba.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR