Carlos Denton

Carlos Denton

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Miércoles 8 Febrero, 2017

Ya el público se acostumbró a lo que ha sido el manejo de la política por décadas; ya saben que las promesas políticas no son de mucha confianza

Sobre las “promesas fiscales”

Cuando el primer gobierno de Óscar Arias introdujo en 1987 el “impuesto al ruedo” se presentó a la opinión pública como la manera más eficaz de crear fondos para la construcción y mantenimiento de las carreteras nacionales. Después de todo, era justo que los usuarios de las vías públicas fueran los que pagaran para su creación y manutención.
Los diversos impuestos a la gasolina también fueron promovidos por distintas administraciones con el fin, decían, de financiar obras públicas y en especial carreteras y puentes.


Ahora es sabido por todos los que pagan esos dos impuestos que los dineros recaudados pasan a la “caja única” y que pueden ser usados para las necesidades generales del Gobierno, según las prioridades establecidas por la administración y los legisladores de turno. Relativamente poco de lo recaudado es lo que se usa para carreteras.
El impuesto de salida de los aeropuertos, aprobado durante el gobierno de Abel Pacheco en 2002, fue justificado argumentando que se necesitaba para construir y mantener los aeródromos públicos. Eran los usuarios, y no todos los costarricenses, quienes deberían pagar por este servicio especializado. En este caso es cierto que parte de lo recaudado (más o menos el 40%) se devuelve directamente al Concesionario del Juan Santamaría o del Daniel Oduber respectivamente, pero lo demás es pasado a Aviación Civil o pudiera usarse para otro propósito.
La noticia divulgada por el gobierno de Luis Guillermo Solís en 2017, que los dineros producto del impuesto sobre las viviendas “de lujo” (creado en el segundo gobierno de Óscar Arias en 2008) ya no iban a ser usados para construir viviendas para los más necesitados, pasó sin reacción del público. Todo el dinero se depositará en la “caja única” y lo de las casas de habitación para personas de pocos recursos ya no va.
No hubo reacción porque, después de todo, ya el público se acostumbró a lo que ha sido el manejo de la política por décadas; ya saben que las promesas políticas no son de mucha confianza.
Nadie debe de haberse extrañado cuando los diputados (representantes del pueblo) rechazaron la ley para gravar a las sociedades empresariales. El Gobierno insistió en que necesitaba ese dinero para financiar a la Fuerza Pública y que si no se aprobaba no podían contratar suficientes efectivos para combatir al hampa. El pueblo, después de las promesas incumplidas con los impuestos al ruedo, sobre las viviendas “de lujo”, de salida del país por la vía aérea, entendió que los nuevos ingresos no necesariamente llegarían a la Fuerza Pública.
Es importante notar que todos los impuestos citados contienen un elemento divisorio, de lucha de clases; después de todo son los adinerados que viajan en avión, que poseen auto, que viven en casas grandes. Quisieron hacer lo mismo enmarcando la ley de sociedades como una lucha entre el empresario rico contra el pueblo azotado por el crimen —no lo lograron.
La situación financiera del Gobierno es cada vez más delicada pero no se arregla disimulando.
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