Sobre el censo de 2021

La Organización de las Naciones Unidas ONU pide a todos los países miembros realizar un censo de su población por lo menos cada diez años. Prefieren que sea cuando finaliza cada decenio; en 2010 Costa Rica no cumplió, y tampoco en 2020. Ahora el gobierno está programando para realizarlo un año tarde, no a petición de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico OCDE como recientemente anunció la Ministra de Planificación, si no como una acción de un miembro responsable frente a la ONU.

La ministra también anunció que dispone el gobierno de $15.8 millones para enumerar a todos los habitantes, un monto importante para un gobierno presidido por un presidente que ha anunciado que “no hay plata.”

El censo es importante, y la verdad es que no tiene que costar tanto dinero. Algunos países contratan empresas privadas para llevar a cabo toda o parte de la tarea y es definitivo que hay más de una en Costa Rica con la experiencia y la capacidad de realizar la tarea. Ni la ONU ni OCDE exigen que sea el mismo gobierno que haga este trabajo.

Más de uno que lee este escrito dirá que tomo esta posición porque ocupo un puesto en una empresa que tiene experiencia amplia para hacer el trabajo. Sin duda CID/Gallup pudiera realizar la tarea por un monto significantemente menor (millones de dólares menos) al que cita la jerarca de Planificación. Probablemente hay otras empresas con la misma capacidad y por sí se haría una licitación donde todos presentarían sus credenciales.

Más de uno preguntará, ¿para qué un censo? Aparte de decidir cuantos de los 57 curules se asignan a las provincias (división histórica de poca importancia) ¿para qué? Para el ministerio de planificación es de vital importancia; permite determinar la ubicación de escuelas y colegios, la inversión en la estructura de distribución de agua potable, la necesidad de policías y de viviendas entre otros. Pueden determinar la ubicación de familias con más niños y también adultos mayores; cada grupo con necesidades especializadas.

Uno de los problemas con la contratación de una empresa privada para realizar el censo es que tradicionalmente el INEC (responsable de realizarlo) usa docentes de colegios y escuelas públicas que reciben un pago generoso por sus servicios en la recaudación de datos. La costumbre ha sido suspender clases por 15 días mientras que estos profesores y maestros visitan los hogares para llenar los formularios. Los docentes reciben su salario corriente y una “extra” por el servicio con el censo.

Tomando en cuenta la cantidad de clases perdidas entre la huelga de 2018 y la pandemia de 2020, ahora suspenderlas por quince días mientras que los docentes realizan esta labor tiene un costo fuerte entre niños que están muy atrasados. Mejor no cancelar clases y que otros de empresa privada hagan el trabajo de enumeración.

Ya es hora de buscar alternativas más económicas para realizar actividades del gobierno. Muchas veces organizaciones privadas calificadas pueden realizar trabajos por menos.