No hay necesidad de que el Estado administre instituciones educativas en Costa Rica

Sistemas educativos que funcionan

Para asegurar escuelas, colegios y universidades de excelencia, debemos preguntarnos primero cuáles son las características de ese sistema que esperamos diseñar, para luego definir cómo lo implementamos. La OECD ofrece un marco útil de referencia.
Por ejemplo, un sistema educativo de calidad fomenta la equidad, estableciendo altas expectativas de desempeño de todos sus alumnos, y no solo algunos. El logro educativo responde, no al facilismo, sino al arduo esfuerzo y trabajo de todos los miembros de una comunidad educativa, pero primordialmente de los estudiantes. Esas expectativas de desempeño se articulan en estándares de clase mundial, rigurosos y claramente articulados, y orientados hacia el desarrollo de capacidades de pensamiento complejo, en preparación para la vida y el mercado laboral. Los programas de estudios los diseñan los expertos más calificados en la materia y las pruebas externas de calidad se utilizan para evaluar el desempeño escolar. Los resultados de esas pruebas se comunican para que la sociedad los conozca y de esa forma, se implementen medidas correctivas.
Todo sistema educativo de calidad presta atención a los procesos para atraer, evaluar y retener a los educadores preparados, con vocación de servicio y capacidades de liderazgo. Para ello, instaura mecanismos para contratar, desarrollar, remunerar y promover al personal docente, así como para empoderarlo en su función, confiando en su criterio profesional para definir su metodología de enseñanza o manejar la disciplina en el aula. Además fomentan la autonomía: les otorgan un amplio radio de acción a sus docentes y directores, pero también mayor responsabilidad, por lo que a ellos también se les exigen resultados.
Para gestionar un sistema de calidad, debemos exigir resultados a los responsables, a los tomadores de decisiones. ¿Pero quiénes son? ¿A quién llamamos a la rendición de cuentas? No hay propietarios de los centros educativos públicos, y quienes los financian, hace años cedieron sus derechos de gestión a las fuerzas sindicales y a los mandos medios. No lo hicieron con el propósito de democratizar la educación ni fomentar la participación comunitaria, sino evitar contiendas políticas que pudieran afectar los resultados electorales, en detrimento de la calidad de la educación y la gestión eficiente de los recursos.
El sistema educativo público actual, inmovilista y reaccionario, ofrece mediocridad para los más capaces y el fracaso rotundo para seis de cada diez chicos. No hay necesidad de que el Estado administre instituciones educativas en Costa Rica. La administración estatal de los servicios educativos no es menos costosa que las alternativas privadas, ni ofrece mejor calidad. La gratuidad de la educación todavía se podría garantizar, así como la posibilidad de libre elección por parte de los padres de familia. Con un contrato revocable, la institución educativa que no cumpliera con los estándares de clase mundial, sencillamente cerraría.

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