Sistema educativo: ¿transformador o victimario?

Analizar el sistema educativo con enfoque crítico, en sentido constructivo, requeriría al menos, dar una mirada a la historia (pues el que no sabe de dónde viene, tampoco dimensionará para dónde va); prestar atención al Ministerio de Educación y con ello a la dinámica público y privada cobijada bajo esta estructura; observar cómo encaja esta pieza del rompecabezas dentro del mapa de políticas públicas del país; comparar la dinámica de la disciplina actual en el país, con la dinámica educativa de países que son potencias mundiales en planteamientos educativos; abordar la adaptabilidad del enfoque educativo a las exigencias globales en materia, a hoy, de la industria 4.0 y dominio de otros idiomas; analizar el impacto que el sistema educativo costarricense tiene sobre el crecimiento/desarrollo del país. Procuraré abordar en “un párrafo” cada tema planteado por cuanto nunca se deberá subestimar la capacidad que tiene el sistema educativo de un país para transformar a su sociedad o mantenerla víctima tras generaciones.

Probablemente tres de los hitos históricos más importantes en materia de la educación en Costa Rica sean:

1.          La creación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, en 1814, que posibilitó el inicio de la preparación formal en el país más allá de las primeras letras, o instrucción básica y la creación de la Escuela Normal, en 1914, institución que tuvo un papel esencial en la profesionalización del proceso formativo de los docentes de primaria —ambas acciones constituyen los precedentes del sistema educativo costarricense;

2.          En 1858 se declaró obligatoria la educación pública para todas las clases sociales y en la Constitución Política se dedica un capítulo a la educación y la cultura;

3.          En la historia más reciente se amplía y fortalece la política curricular para promover la visión “Educar para una nueva ciudadanía”. En ella se promueve un cambio en los procesos de aprendizaje en los que se coloca a los estudiantes en el centro de las actividades educativas y al docente como mediador para que estos construyan su propio conocimiento, considerando cuatro dimensiones: maneras de pensar, formas de vivir, formas de relacionarse con otros y de integrarse al mundo.

En la última década, en el último año: el Ministerio de Educación ha implementado proyectos curriculares tanto en sector público como privado, digitales, de promoción de la innovación, de infraestructura física, financieros, sociales, inclusivos, culturales, deportivos, de cooperación internacional, legales, de política pública, etcétera, que demuestran que los frentes que son atendidos por este Ministerio no son ni pocos, ni de significancia que no amerite nuestro interés no solo en función de su impacto, sino por su gestión misma… Comentario escueto: ni todo se ha hecho bien, ni todo se ha hecho mal… Cuantiosos proyectos sacados adelante con éxito y cuyos resultados se pueden medir y tangibilizar. Muchos otros que siguen evidenciando que medir unos cuantos proyectos no es suficiente y que en cambio la necesidad de migrar hacia una gestión integral por resultados, sigue siendo una deuda vigente con la sociedad costarricense máxime cuando se han vivido olas de divulgación de corrupción que no han eximido al Ministerio de Educación a pesar de ser justamente eso: un Ministerio de formación/promoción de Educación y no de corrupción en el que más allá de la corrupción “tradicional” (si es que el “robo a mano armada” al estilo de meter “fantasmas” en la planilla de un centro educativo o de desviar fondos/recursos presupuestados para un proyecto específico a “intereses particulares” pueda ser llamado “tradicional”), en este 2018 el pueblo costarricense fue víctima de movimientos que no solo dañaban directamente las finanzas del país, sino el anhelo transformador de miles de niños indefensos, mártires de adultos que en lugar de protegerlos, defendían egoístamente posturas a conveniencia que trascendían al absurdo de buscar vacaciones aunque no entendieran siquiera lo que oficialmente decían defender.

La definición respecto a si procede o no rebajar salario a huelguistas ha dividido visiblemente a la Asamblea Legislativa actual y la ineficiencia con que se dictaron resoluciones en materia de legalidad de huelgas en las diferentes instituciones públicas, con actores principales como una gran mayoría de educadores costarricenses, no me parecen congruentes con la coyuntura fiscal del país en la que por extremo que parezca a ojos de quienes estuvieron en huelga, los salarios de todos estos meses de paro, en un escenario en el que naturalmente se vuelven egresos completamente improductivos, dejan de ser peanuts/cincos.

En contexto del mapa de políticas públicas, no podría dejar de referenciar a la ley No.9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que en su capítulo III Exenciones y tasa del impuesto, artículo 8 “Exenciones”, contiene “Los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica” y en su artículo 11 “Tarifa reducida”: Del dos por ciento (2%) para “los servicios de educación privada”.

La sexta edición del Estado de la Educación (periodo 2015-2017), refiere que “equipos de trabajo interdisciplinarios aplicaron metodologías de trabajo novedosas para registrar los factores físicos, ambientales y las prácticas docentes, que permiten comparabilidad internacional. El resultado es un conjunto de hallazgos inéditos útiles para la toma de decisiones de las autoridades educativas y para que los resultados del sistema educativo mejoren en los próximos años”. La valoración general compartida en este informe plantea entre otras, la necesidad de producir cambios generalizados en las prácticas educativas que se desarrollan en las aulas (no solo en cuanto a condiciones materiales, sino, especialmente, en cuanto a la interacción entre docentes y alumnos) para lograr mejoras efectivas en los resultados del sistema y, en particular, para superar los bajos desempeños de los estudiantes en las pruebas estandarizadas de primaria y secundaria, nacionales e internacionales. El informe recoge que “el sistema ha operado “de arriba hacia abajo”, con una jerarquía que aprueba y gestiona políticas nacionales sin saber lo que ocurre en las aulas, ni medir el impacto de sus lineamientos sobre las prácticas docentes. Entre las autoridades técnicas y políticas, por un lado, y la realidad de los salones de clase, por otro, se ha erigido un “muro de separación” que impide enlazar de manera efectiva los objetivos de la política educativa con los procesos de aprendizaje”. Una consecuencia de esta desconexión, señala el mismo informe, “es que se termina imponiendo una gestión concentrada en aspectos operativos, que relega a un segundo plano temas relevantes para la calidad educativa como el uso del tiempo, las formas de interacción docente-alumnos, las prácticas y el desempeño de los educadores en el aula”. El informe es concreto al apuntar que “articular las políticas educativas (curricular, infraestructura, equidad) con lo que ocurre en las aulas y las necesidades de apoyo que tienen alumnos y docentes, es la inversión más efectiva que el sistema puede hacer para mejorar la calidad de sus servicios, especialmente en un contexto fiscal restrictivo”.

Si se une lo anterior a las exigencias globales que no son nuevas en materia de idiomas y a los requerimientos que han llegado con la industria 4.0, entiendo que el sistema educativo costarricense muestra rezagos demostrables con brechas naturalmente más amplias en la educación pública en la que los niños aún no ven desarrollado su intelecto con experiencias de robótica o educaciones bilingües, lo que a mi juicio permite cuestionar la calidad del sistema vigente no solo de cara al crecimiento/desarrollo del país, sino de las oportunidades que el sistema materializa en función de calidad y equidad entre la población que necesariamente debe asistir a la educación pública, respecto a la población que puede acceder a la educación privada.

Claramente el sistema educativo costarricense merece calificarse de transformador si se compara con los países de la región y se analiza en función de las oportunidades que muestra a porciones de la población que no podrían acceder al mismo si no fuera un derecho constitucional dimensionado de la forma en que se ha definido en Costa Rica. También es claro que la calidad/adaptabilidad del sistema a las demandas globales ha traído víctimas entre las que se cuenta la población que accede a educación privada no porque le sobren los medios, sino porque le sobran los sacrificios para ofrecerles un mejor futuro a las nuevas generaciones; la población que accede a la educación pública y ve ensanchada la brecha que reciben, respecto a quienes asisten a centros privados; la población como un todo que ve pausado el desarrollo económico de un país que cuenta con instrumentos para escalar económicamente pero al que el sistema le ha fallado al decidir (en mi opinión: desafortunadamente) formar trabajadores para otros y no innovadores “para sí mismos”.

El 2018 no registra en mi memoria como un buen año para la educación costarricense, lo que sin hacer señalamientos necios, no evita dejar sobre la mesa que siguen abiertos grandes retos y toma de decisiones diferenciadora como un gran pendiente para el actual gobierno.