Sindicatos agitan agenda

La huelga indefinida que iniciará el lunes es la última expresión de una agitación por parte de los sindicatos para defender sus convenciones colectivas y pluses salariales, ante una ofensiva de varios partidos y el Gobierno, que busca recortarlos.
Esto se acopla al plan de los gremios de promover un referendo sobre el tema de los salarios del sector privado, cuyo objetivo es bloquear cualquier intento de que los privilegios de los burócratas sean sujetos de una consulta popular, ya que solo se permite una al año.
En el fondo, se trata de una lucha similar a la que vivió Costa Rica en el marco del TLC con Estados Unidos, dijo Albino Vargas, secretario de la ANEP, en una entrevista en LA REPÚBLICA en junio.
En lo que respecta a la huelga de este lunes, que se extenderá por tiempo indefinido, participará el Colectivo Latinoamericanista Patria Justa, conformado por trabajadores del ICE, Recope, Japdeva, INS, algunos ministerios y varias municipalidades
Los sindicatos, en primera instancia, reclaman la salida de Dennis Meléndez, regulador general, el entierro de cualquier proyecto de empleo público y la expulsión de APM Terminals.
La oposición a Meléndez surge de la negativa de la Aresep de incluir los costos de las convenciones colectivas en el precio de los servicios públicos, como gasolina y electricidad.
También defienden los regímenes salariales del sector público, mientras objetan a APM por violentar el supuesto monopolio de los puertos estatales.
Ayer, los sindicatos rechazaron el llamado del mandatario Luis Guillermo Solís a detener la protesta, tras una reunión que se extendió por más de dos horas en Casa Presidencial.
Como parte de su estrategia, los sindicatos y los partidos Frente Amplio y PAC, firmaron un acuerdo en el Teatro Melico Salazar a mediados de año, para proteger los salarios del sector público.
Esto, tras una seguidilla de publicaciones periodísticas que relacionaron el déficit fiscal con los altos salarios que devengan los burócratas.
La huelga es la segunda medida de presión que los sindicatos han puesto en los últimos meses.
Hace unas dos semanas, los gremios laborales del Estado presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones la documentación necesaria para pedir la convocatoria a un referendo, que pretende subir en un tercio el salario mínimo del sector privado.
Con esto, ellos podrían distraer al público del asunto de la compensación de los funcionarios, que cada año crece a un ritmo superior que la del sector privado, y que es una de las principales causas del déficit que en algunos años hundiría las finanzas públicas.
De ser aprobado el plan, se trataría de recolectar unas 160 mil firmas para proceder a la consulta pública.
Para los gremios, proceder de esta forma además es estratégico, ya que durante varios años bloquearía las intenciones de los partidos de oposición de realizar una consulta sobre los pluses salariales, ya que la ley establece que solo se puede hacer una consulta al año.
Tampoco se puede celebrar un referendo durante los seis meses antes o después de una elección presidencial.
El presidente Solís, por su parte, ha propuesto la creación de una comisión especial, conformada por el Gobierno y diputados de oposición, que busque un acuerdo en torno al salario de los burócratas y las remuneraciones en el sector privado.
Sin embargo, cuando hizo este planteamiento el mes pasado, fue recibido con escepticismo por parte de la oposición porque no se están tomando decisiones.
Detrás de estos movimientos hay una división ideológica que data de la administración de Miguel Ángel Rodríguez, que pretendió abrir el monopolio en telecom, que a finales se logró como parte del Cafta.
“Vamos hacia una polarización similar a la del combo ICE o la del TLC con Estados Unidos; este tema de los salarios en el sector público es mucho más grande de lo que se imagina el Gobierno o la oposición”, dijo Albino Vargas en una entrevista en LA REPÚBLICA de junio.