Sin solvencia moral no hay democracia
| Viernes 06 julio, 2012
Sin solvencia moral no hay democracia
El gobierno democrático se ejerce por diversos medios entre los que sobresalen la probidad en la administración de la cosa pública y, no menos importante, el comportamiento ejemplar de quienes son responsables en nombre del pueblo de conducir a la Nación.
Cuando un gobierno trasgrede esos dos principios y más todavía, cuando ello ocurre a contrapelo de una resolución contundente de una institución, en este caso la Procuraduría de la Etica Pública, cuyo mandato alude de forma directa a la preservación de la transparencia, la legalidad y la salvaguarda de los más altos principios en la administración del Estado, la urdimbre social de la República sufre grave desmedro, se carcome la confianza ciudadana y se pone una vez más en entredicho la solvencia moral de la Administración.
Los argumentos del Gobierno para disimular las acciones éticamente cuestionables de dos de sus más altos cargos, el vicepresidente Luis Liberman y el ministro Leonardo Garnier, no son de recibo.
Constituyen un insulto a la inteligencia y una bofetada a la conciencia de las y los costarricenses de buena fe.
Pero si ello es grave, más lo es todavía el olímpico desdén con que la Administración Chinchilla desconoce la resolución de la Procuraduría de la Etica Pública, institución cuya credibilidad pone en entredicho y convierte, a partir de hoy, en un instrumento inútil en la lucha contra la corrupción.
La señora Presidenta, sus asesores y el Partido Liberación Nacional al cual se deben, están obligados a escuchar el clamor de Costa Rica y rectificar.
Deben enmendar su error y sancionar de inmediato a quienes incumplieron con el juramento de “(…) preservar y defender la Constitución y las Leyes de la República” y consecuentemente, su integridad. No hacerlo sería una gran afrenta a la dignidad de nuestro pueblo y un salvoconducto para quienes quieran mancillarla en el futuro.
Luis Guillermo Solís Rivera
luisguillermosoliscr@gmail.com
El gobierno democrático se ejerce por diversos medios entre los que sobresalen la probidad en la administración de la cosa pública y, no menos importante, el comportamiento ejemplar de quienes son responsables en nombre del pueblo de conducir a la Nación.
Cuando un gobierno trasgrede esos dos principios y más todavía, cuando ello ocurre a contrapelo de una resolución contundente de una institución, en este caso la Procuraduría de la Etica Pública, cuyo mandato alude de forma directa a la preservación de la transparencia, la legalidad y la salvaguarda de los más altos principios en la administración del Estado, la urdimbre social de la República sufre grave desmedro, se carcome la confianza ciudadana y se pone una vez más en entredicho la solvencia moral de la Administración.
Los argumentos del Gobierno para disimular las acciones éticamente cuestionables de dos de sus más altos cargos, el vicepresidente Luis Liberman y el ministro Leonardo Garnier, no son de recibo.
Constituyen un insulto a la inteligencia y una bofetada a la conciencia de las y los costarricenses de buena fe.
Pero si ello es grave, más lo es todavía el olímpico desdén con que la Administración Chinchilla desconoce la resolución de la Procuraduría de la Etica Pública, institución cuya credibilidad pone en entredicho y convierte, a partir de hoy, en un instrumento inútil en la lucha contra la corrupción.
La señora Presidenta, sus asesores y el Partido Liberación Nacional al cual se deben, están obligados a escuchar el clamor de Costa Rica y rectificar.
Deben enmendar su error y sancionar de inmediato a quienes incumplieron con el juramento de “(…) preservar y defender la Constitución y las Leyes de la República” y consecuentemente, su integridad. No hacerlo sería una gran afrenta a la dignidad de nuestro pueblo y un salvoconducto para quienes quieran mancillarla en el futuro.
Luis Guillermo Solís Rivera
luisguillermosoliscr@gmail.com