Sin gas

Sin gas

Lejos de ser un tema de stand up, solo en Costa Rica un divorcio puede poner en jaque la distribución de gas licuado en el país. Resulta irónico, además, que ocurra durante un Gobierno que ha pecado —hasta en este caso— de su inexperiencia, acrecentando las consecuencias reales y percibidas de algo que dos señores deberían estar atendiendo de forma privada en tribunales que ni siquiera son los de aquí.

El delicado tema del gas licuado en Costa Rica no es consecuencia de la diferencia matrimonial presente. Es la inadecuada regulación de un oligopolio que el Estado costarricense no quiso oportunamente atender y que hoy desencadena en un absurdo riesgo de desabastecimiento para el consumidor final.

Amenaza que se ha cernido reiteradamente cual espada de Damocles para proteger su posición privilegiada en el mercado.

Repasemos.

El señor Miguel Zaragoza tiene, dentro de sus actividades, relación con el negocio del gas en Costa Rica desde los años 60 en que su familia estuvo asociada con Shell en la empresa Tropigas. Al salir Shell de Costa Rica, mantuvieron de forma mayoritaria la participación en Tropigas.

La empresa sufrió su primer quebranto familiar cuando don Miguel y su hermano Eduardo se enfrentaron judicialmente en Panamá, por la propiedad de las subsidiarias en Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Quedando don Miguel solo con el negocio de Tropigas en Costa Rica, al que después agregó Gas Zeta como otra empresa dedicada al mismo negocio y de su propiedad.

La Comisión para Promover la Competencia en sesión 23-2007 conoció una denuncia por prácticas contra la libre competencia y los derechos del consumidor aduciendo que Tropigas y Gas Zeta acaparaban los cilindros.

La Comisión se declaró incompetente de conformidad con su Ley de creación, artículo 9 que establece que “no es aplicable a los prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión, ni tampoco a los monopolios del Estado creados por Ley mientras estos subsistan y en las áreas debidamente autorizadas por ella”.

En 2012, Gas Zeta y Tropigas, que para entonces tenían más del 70% del mercado del gas licuado en Costa Rica, anunciaron que se fusionaban por absorción, prevaleciendo Gas Zeta. Nadie dijo pío.

Desde su creación, Recope ha tenido el monopolio de la importación de todo el gas que se consume en el país. El Gobierno de la República, por medio del Minae otorga una concesión para que terceros, como en el caso de Gas Zeta, compren el gas al por mayor a Recope y lo distribuyan al consumidor nacional.

Como trascendió la semana anterior, el divorcio del señor Zaragoza y la señora Evangelina López, decretado en el Estado de Texas, Estados Unidos, devino en la suspensión de casi el 50% del suministro del total gas consumido en Costa Rica.

En razón de lo anterior, y sin criterio técnico previo pero ante la necesidad, el Gobierno dispuso “autorizar el funcionamiento de cualquiera otra empresa distribuidora, que cumpla con los requisitos de ley”.

Así no más, así de sencillo. Atados de manos por la propia ley que debería regular el monopolio, quedamos a su merced o de quien cumpla con los requisitos. ¡Vaya concesión!

Pedro Oller