La nueva Ley desconoce el concepto elemental en una Democracia del interés público y, por tanto, crea una barrera para que sea posible informar sobre asuntos que, por sus implicaciones sociales, son importantes para la colectividad

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Sí a las libertades de prensa, opinión y expresión

Ante el avance en las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el consiguiente surgimiento de la nueva sociedad del conocimiento, era necesario normar una serie de conductas que, de acuerdo a los principios básicos de la convivencia democrática, podrían tipificarse como delitos informáticos.
Así lo entendieron quienes formularon, en primera instancia, una iniciativa de Ley que pretendía mejorar el uso que, como sociedad, le damos a la tecnología.
Sin embargo, a la hora de redactar este texto jurídico algunos señores diputados se confundieron y cometieron errores, que finalmente condujeron a que la Ley 9098, “normas sobre delitos informáticos al Código Penal”, terminara por convertirse en un limitante a la libre expresión que, como han señalado los medios de comunicación social y, sobre todo, el Colegio de Periodistas, representa un retroceso para un país democrático que, a lo largo de su historia, se ha distinguido por la defensa de los derechos humanos fundamentales, como la libertad de prensa y la libertad de información.
La nueva Ley desconoce el concepto elemental en una Democracia del interés público y, por tanto, crea una barrera para que sea posible informar sobre asuntos que, por sus implicaciones sociales, son importantes para la colectividad. Incluso, según esta norma, se podría perseguir y castigar con penas de cárcel a quienes informen sobre asuntos de interés público y temas relativos a la gestión del Estado.
La norma, que pretendía regular Internet, obliga a la autocensura, ya que protege la información a tal punto que crea la posibilidad de que muchos temas que deben conocerse ante la opinión pública se manejen, prácticamente, como “secretos de Estado”.
En una democracia que requiere con urgencia de transparencia, de rendición de cuentas y de acceso de la ciudadanía a la información, esta Ley implica un paso atrás, ya que obstaculiza, no solo la labor de la prensa, sino de todas aquellas personas que tienen el legítimo interés de velar por la gestión honesta, eficaz y eficiente de las entidades públicas. Con una norma de estas características, además de renegar de los compromisos internacionales sobre derechos humanos fundamentales, se impide que nuestro sistema político avance hacia un modelo democrático más deliberativo y participativo.
Por ende, considero que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, deben modificar, en el menor plazo posible, esta Ley, para que se corrijan sus errores y así prevalezcan las libertades de expresión, opinión e información, que son pilares fundamentales de una Democracia que ha sido tan reconocida a escala internacional que incluso es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Johnny Araya Monge
Precandidato del PLN