Sí hay cómo ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica

Daniel Suchar Zomer, PhD

Analista Financiero. Profesor Universitario.

daniel.suchar@hotmail.com

A raíz de la alerta sanitaria, las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES)en Costa Rica están atravesando un momento bastante retador a lo largo de los últimos 18 meses. Estas empresas tratan de hacer todo lo posible para mantenerse a flote en este 2021 y entrar de la mejor manera en el 2022.

Más del 90% del parque empresarial costarricense posa sobre los hombros de aquellos emprendedores cuyas empresas generan más de un millón de empleados (INEC, 2021) y producen casi un 35% del PIB de Costa Rica, suma de gran importancia macroeconómica para el país (MEIC, 2020). A su vez, el aporte de cada una de ellas a través del encadenamiento empresarial y productivo es de alto valor agregado a una economía, a la cual le urge una reactivación económica a todo nivel a la brevedad posible.

Las reducciones laborales, la implementación obligatoria de teletrabajo, la pérdida de clientes, las restricciones vehiculares, la cancelación de contratos y por supuesto el retraso de muchos pagos hace que estas PYMES pendan de un hilo muy delgado para poder sobrevivir mes a mes sin tener que caer en incumplimientos tributarios, laborales y por supuesto, huirle al fantasma de cerrar sus negocios.

Dentro de las decisiones que se le pide a quienes lideran el país, se requieren proyectos que impulsen la reactivación económica para no perder terreno -que ya de por sí fue afectado por la pandemia- con miras de retomar la senda productiva de todo el parque empresarial costarricense a corto, mediano y largo plazo.

En la corriente legislativa, se encuentra un Proyecto de Ley bastante amigable de entender, sencillo de implementar y bien estructurado para poder ayudar a las PYMES a defenderse de uno de sus retos y debilidades más comunes: la falta de dinero o flujo de caja. Se trata del proyecto 21.679, que convierte a las facturas electrónicas en un título valor negociable. Este proyecto además se complementa con la reciente aprobación de la Ley 9973 Ley de Digitalización del Cobro Judicial, que dio un paso fundamental en establecer la factura electrónica como un título ejecutivo.

Lo novedoso y la importancia regulatoria del proyecto 21.679 es que posibilita que las Mipymes puedan obtener de forma rápida, segura y sencilla una ayuda inmediata en su flujo de caja, puesto que las facturas podrán ser canjeadas en un mecanismo bursátil, obteniendo recursos financieros (dinero) sin problemas y eliminando el retraso en los pagos de facturas.

El nombre técnico de esta iniciativa es el de anotación en cuenta. Este mecanismo permite registrar la factura electrónica en una Central de Valores, para que dicho documento pueda ser colocado de forma segura en el mercado bursátil. A partir de allí, la PYMES podrá obtener el flujo de efectivo con un descuento de la factura, obteniendo dichos recursos canjeables a nivel bursátil y financiero, tal cual un título valor lo hace hoy en día. Como puede observarse, este proceso funcionara bajo la innovadora acción de la democratización financiera.

Lo importante de esta reforma regulatoria es la facilidad con que la PYMES podrá colocar su factura electrónica y serán aquellos inversionistas quienes obtendrían ese documento (ya como título valor) con recursos propios, sin que esto represente ningún costo adicional para el Estado. La empresa agilizaría el ingreso de recursos a su flujo de caja, oxigenando su operación comercial.

Se debe recordar que, al desmenuzar las PYMES en el país, un 42% según el MEIC, se dedican a brindar servicios y un 15% al sector agrícola, donde ambas coinciden en que su flujo de caja está muy comprometido, ya que muchas tienen que esperar entre 60 y 120 días para recibir pagos facturados.

Es de suma importancia resaltar de que este tipo de iniciativas (Proyecto 21.679 y Ley 9973) amplía el abanico de posibilidades para que las PYMES puedan obtener sus dineros de forma rápida, sencilla y de una vez poderlas inyectar dentro de su propia organización cumpliendo cabalmente con en el pago de gastos fijos, tributos, impuestos municipales, cargas sociales y salarios.

Con todo lo anterior, se debe resaltar la importancia de promover proyectos de ley enfocados en reactivar la economía, para que los emprendedores costarricenses estén más tranquilos a la hora de hacer sus pequeñas inversiones y saber que sí hay formas -más allá de una banca de desarrollo – de obtener sus flujos de dinero que tanto se necesitan.

Es por eso que se debe elevar la voz desde cada trinchera productiva, para que dentro de la Asamblea Legislativa se enfoquen en la reactivación económica, sabiendo que sí hay cómo ayudar a las PYMES. Necesitamos que estas iniciativas se impulsen ya.