Sí a los datos, mientras no sean para cuatro gatos

Andrzej Baranski Madrigal

Profesor de Economía

New York University Abu Dhabi

El avance de las tecnologías de la información de la última década ha dejado un cúmulo de datos sobre consumo, ingresos, empleo, salud, educación, gustos y preferencias, actividades sociales, red de contactos y demás. Científicos sociales en las universidades más prestigiosas del mundo han emprendido la tarea de analizar algunas bases de datos novedosas con tal de comprender de forma precisa el efecto que diferentes políticas públicas tienen sobre ciudadanos. Por lo general, estas investigaciones tras ser publicadas en revistas científicas, ayudan a informar el debate sobre políticas públicas en los órganos pertinentes en las economías más avanzadas.

La discusión que los costarricenses debemos tener no es si se necesitan datos o no, sino como recolectarlos y utilizarlos buscando un balance entre las libertades individuales y el bienestar colectivo. Los datos sobre salud, educación, ingresos, consumo y variables sociodemográficas recolectados a través del tiempo nos pueden ayudar a comprender los efectos de la pandemia a mediano y largo plazo, el efecto de los nuevos impuestos sobre el bienestar de las personas, el impacto del bono proteger, entre muchos otros fenómenos más. Medir los alcances de políticas públicas es la única manera de evaluar nuestro progreso y corregir el rumbo de aquellas políticas que no nos estén dando retornos sociales apropiados.

Ahora bien, el acceso a información con alto grado de especificidad también conlleva riesgos. Los costarricenses preocupados por el mal manejo de sus datos tienen todo el derecho y deber de reclamar su privacidad. Cuando el estado tiene acceso a nuestra información nada garantiza que los funcionarios públicos la vayan a utilizar para la búsqueda del bien común. Nuestros datos pueden ser vendidos, filtrarse a terceros con propósitos comerciales, se pueden utilizar para espionaje o acoso y utilizarse con fines políticos partidarios. El gobierno chino es el mejor ejemplo de un estado que ha invadido por completo la privacidad de sus ciudadanos mediante sistemas coordinados de recolección de datos y monitoreo.

¿Existe un modelo híbrido que nos permita recolectar y analizar datos sin violentar la privacidad de los ciudadanos? En esta columna expongo brevemente varios elementos esenciales que deben incorporarse en una política pública sobre la recolección de información, almacenaje de datos, y análisis científico que deben estar presentes para garantizar el mejor retorno social sin ir en detrimento de la privacidad individual.

El primer ingrediente es transparencia institucional: normas claras y de conocimiento público que hayan sido técnicamente diseñadas. Segundo, se requiere independencia partidaria y filtros institucionales para evitar que los datos puedan ser manipulados, censurados, compartidos con base en cálculos políticos del ciclo electoral. Sobra decir que una unidad de recolección y análisis de datos requiere más que un pequeño grupo de inexpertos y un par de computadoras personales. Tampoco puede ser creada mediante un decreto (que por cierto, rima con secreto) a la ligera como sucedió en nuestro país, sino que amerita una discusión más amplia y democrática.

Tercero, los datos deben entenderse como propiedad pública por lo que es importante diferenciar entre aquellos que ponen en riesgo la privacidad de las personas y los que no. Estos últimos deben ser de acceso libre a todos los actores de la población.

Con respecto a los datos que contienen información personal sensible debe regularse la forma en que se recopilan, almacenan, y comparten. Primeramente, deben garantizarse que se recopilen de la forma menos invasiva posible y que se almacenen sin identificadores personales. Lo óptimo sería que ningún funcionario público a cargo del manejo de los datos pueda, de forma individual, ser capaz de saber a quién corresponde una entrada en la base datos. Para ello, deben crearse protocolos muy rigurosos sobre los diferentes permisos de acceso y los niveles de anonimidad. Al compartirse con el público, deben presentarse con cierto nivel de agregación de modo que nadie pueda identificar a ningún costarricense en particular. Adicionalmente, es importante establecer las responsabilidades legales de quienes accedan las bases de datos nacionales.

Un cuarto ingrediente de toda política pública de recopilación central de datos es que dicha política genere un retorno social. Para ello, es esencial que exista un vínculo efectivo con el sector académico de modo que estos sean utilizados para la creación de conocimiento. Un sector académico independiente política e ideológicamente es un jugador clave en toda democracia moderna pues puede proveer de análisis técnicos a los gobiernos de turno, así como evaluar de forma independiente los resultados de las políticas públicas.

Espero que nuestros gobernantes tomen con seriedad la necesidad de migrar hacia un sistema de generación de políticas públicas diseñadas y evaluadas con criterios científicos basados en la evidencia y no en la ocurrencia. La UPAD es un ejemplo más de una iniciativa improvisada y fallida, que irónicamente ha sido defendida por el gobierno de turno como una herramienta para la toma de mejores decisiones. Independientemente de las intenciones del Poder Ejecutivo en la creación de dicho órgano, lo cierto es que urge crear un ambiente propicio para que el análisis riguroso de nuestras políticas públicas sea guiado por los principios de la transparencia, independencia política e ideológica respetando siempre la privacidad individual.