Problemática herencia recibida (una más), deberá ser atendida por el gobierno que llegó al poder ofreciendo cambios. Una medida cautelar solicitada por la Defensoría de los Habitantes llevó a que el Tribunal Administrativo de Transporte anulara 160 concesiones otorgadas por el gobierno anterior a empresas autobuseras

---

Servicio de autobuses en crisis

Un deficiente servicio de autobuses desde hace muchos años perjudica a los costarricenses que deben ir y regresar a diario a sus lugares de trabajo o centros educativos.
Unidades en mal estado en unos casos, algunas de ellas contaminando de forma importante el aire (¿a pesar de haber pasado Riteve?), calles públicas que han sido tomadas para que funcionen como estaciones de final e inicio de rutas, aumentando el congestionamiento vial.
Además, autobuses que muchas veces no se acercan a las aceras sino que recogen a los pasajeros en media calle, con grave riesgo para estos de ser atropellados (muchas motocicletas adelantan por la derecha o serpentean por entre los vehículos), entre otros factores de mal servicio.
Sin embargo, los gobiernos se han sucedido en el poder sin tomar las medidas que correspondían para que todo esto se ordenara.
Hoy, el gobierno que llegó al poder porque ofreció cambios, deberá enfrentar una más de las problemáticas herencias recibidas.
Una medida cautelar solicitada por la Defensoría de los Habitantes (DH) llevó a que el Tribunal Administrativo de Transporte anulara 160 concesiones otorgadas por el gobierno anterior y que entrarían a regir a partir del 30 de setiembre próximo, fecha en que expira el actual periodo, como lo informó en estos días una nota de este medio.
La argumentación de la DH es que no se tomó en cuenta el criterio de los usuarios para otorgar esos permisos.
En efecto, muchos usuarios no están conformes ni con el servicio que se les presta ni con el hecho de que las autoridades año tras año hayan dejado los problemas sin resolver.
Por su parte, si los autobuseros no cuentan con capital de trabajo para la renovación de unidades que les corresponde hacer y dependen de crédito bancario, se verían en problemas para obtenerlo porque el servicio lo seguirían prestando, pero ahora bajo la figura de un permiso prorrogable por tres años.
Así las cosas, la solución podría estar en llegar a un acuerdo en el que los autobuseros estuvieran dispuestos a escuchar y atender las quejas de los usuarios, contar con terminales propias para las diferentes líneas que hoy usan vía pública para un negocio privado, entre otras cosas.