Señal alarmante

Vericuetos
Señal alarmante

Un país que escoge como vía para su desarrollo la inmersión en los procesos productivos de la economía global, no puede de ninguna manera desatender los requerimientos educativos de su población.
No solo porque la educación es un derecho humano cuya preservación el Estado debe tutelar y asegurar, sino porque en definitiva es el mecanismo más apropiado (y quizás el único) para garantizar la movilidad social a la que toda persona tiene derecho.
Por último, educar a los jóvenes y darles instrumentos adecuados para que tengan cómo labrarse un futuro decoroso es un buen negocio para el Estado. Lo es en primer lugar porque la fuerza laboral es el principal atractivo para que las empresas extranjeras vengan a invertir en nuestro territorio. Es un hecho comprobado que el principal determinante de la selección de Costa Rica entre las muchas alternativas regionales ha sido el nivel educativo de nuestra oferta de mano de obra.
Pero también es un buen negocio porque una masa de trabajadores calificados que obtiene buenos salarios reduce su dependencia de los programas asistencias del gobierno, contribuye sustancialmente al equilibrio fiscal con el pago de más impuestos y colabora con el dinamismo de la economía al alcanzar una mayor capacidad de consumo.
No sobra por supuesto mencionar cómo la educación ayuda a reducir drásticamente los índices de utilización de sustancias como el alcohol y las drogas, que tanto daño social producen en la población y que son causa inmediata de violencia, inseguridad, gasto en asistencia médica, etc.
De ninguna manera puede darse cabida a argumento alguno que niegue a la educación su carácter esencial de buena inversión personal y social. Esta convicción absoluta e incuestionable llama poderosamente la atención ante la situación que se está presentando en el país con el deterioro producido durante el último año en las finanzas de Conape, la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, que ha visto reducidos dramáticamente los aportes que fondean sus programas y que, como consecuencia ha debido reducir el número de sus beneficiarios.
He recibido en estos días información, no oficial pero proveniente de personas cercanas al tema y lo que podríamos llamar “bien informadas”, en el sentido de que entre 6 mil y 7 mil estudiantes habrían tenido que abandonar las aulas universitarias durante el anterior proceso de matrícula, por la imposibilidad de obtener recursos de Conape para sufragar el costo de sus estudios.
No es por supuesto necesario exponer las razones por las cuáles esta situación debe ser atendida de inmediato, los recursos perdidos por Conape deben ser recuperados y su estabilidad financiera debe garantizarse hacia el futuro de manera sostenible.
No descarto, por supuesto, que Conape debe sufrir una investigación sobre los préstamos otorgados a no-estudiantes a tasa preferencial, así como una revisión integral de sus políticas crediticias y el condicionamiento que debe darse del resultado académico a la posibilidad de continuar siendo beneficiario de sus programas.

Tomás Nassar