El embudo/influencia que generan personas físicas y/o grupos organizados, en el accionar o inoperancia del Gobierno y formación de políticas públicas, es uno de los principales obstáculos que está enfrentando la sociedad costarricense para ver materializados cambios

Semáforo amarillo + rojo = naranja

Según el índice de Democracia, medición hecha por la Unidad de Inteligencia de The Economist, basada en los resultados de 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política, Costa Rica se encuentra clasificada como una democracia plena, ocupando la posición 23, con un índice de 8,01 de 10, apenas por encima del límite superior del rango de la clasificación siguiente, democracias defectuosas, también conocidas como democracias imperfectas (rango entre 6-7,9 puntos).
Aunque la libertad de los medios de comunicación ha sido por excelencia, uno de los factores más observados cuando se contextualizan las democracias de diversos países y aunque se da peso significativo a factores como “la influencia de potencias extranjeras en el gobierno” o “la capacidad (potencial) de un funcionario civil de implementar políticas”; en mi opinión, el embudo/influencia que generan personas físicas y/o grupos organizados, en el accionar o inoperancia del Gobierno y formación de políticas públicas, es uno de los principales obstáculos que está enfrentando la sociedad costarricense para ver materializados cambios, que beneficiarían a muchos más de los que pudieran verse perjudicados.
Enfrentarse a cuestiones tan contradictorias como:
Los abusos a hoy muy sonados, por convenciones colectivas de instituciones en las que se benefician pocos y a las que no se logra poner freno porque siempre encuentran algún vacío legal en el cual respaldarse, son para mí, una señal de alerta de que nuestra democracia no anda bien. No puede ser eficiente, tanto administrativamente como en términos de asignación de recursos, “tener la gasolina más cara y las peores carreteras de Centroamérica”, mientras la Contraloría aprueba alzas para cubrir gastos de convención colectiva de Recope.
No es coherente ser testigo de que el Ministerio de Trabajo pida un alza del 0,5% en salarios para el sector privado, mientras que en instituciones como el ICT, “en poco más de tres años, las remuneraciones crecieron un 111,5% y los incentivos salariales en un 140,5%”.
Es “risible” que aunque no debería haber fincas de recreo para unos pocos, subsidiadas por el pueblo, el ICE planee, peor aún, sustituir este beneficio por casas de lujo para unos cuantos ingenieros.
En medio de un caos vial generalizado (transporte público y privado), los autobuseros se salen con la suya cuando el mismo Presidente cede ante la presión y saca a Sebastián Urbina (para mi gusto de los pocos que estaban tratando de hacer las cosas bien), viceministro de Transportes, de la dirección del plan de sectorización de autobuses y cobro electrónico en el transporte público.
Exportadores que nunca dan tregua a sus presiones hacia el alza sobre el tipo de cambio y autoridades generando política monetaria sujetos a la ingobernabilidad que ello implica.
Falta de medidas drásticas para evitar la evasión fiscal, mientras se pretende imprimir un nuevo paquete de impuestos donde como siempre, terminarán pagando más (en términos relativos, no necesariamente absolutos) quienes tengan menor poder de negociación.
“Casos “polémicos” que se desmoronan sin llegar al banquillo”.
Escándalos de medios de comunicación que por no convenir a unos pocos pero sí muy influyentes, se callan en un par de días.
Las irregularidades dentro de los mismos Poderes de la República, que tantas veces validan que en nuestro país se gobierna para unos pocos.
Eso nos hace cuestionarnos ¿es esta la democracia que queremos?

Alejandra Esquivel G.

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