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Sábado, 25 de mayo de 2024



NACIONALES


Cuatro de cinco partidos opositores cuestionan mecanismo de financiamiento propuesto por Rodrigo Chaves

“Selección a dedo” para construir Ciudad Gobierno haría naufragar plan para recortar alquileres del Estado

País gasta más de ¢59 mil millones al año en arrendamientos

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 18 abril, 2024


“El proyecto debe respetar todos los procedimientos legales y la licitación pública”, dijo Vanessa Castro, diputada del PUSC. Cortesía/La República.
“El proyecto debe respetar todos los procedimientos legales y la licitación pública”, dijo Vanessa Castro, diputada del PUSC. Cortesía/La República.


Si por la víspera se saca el día, el proyecto de Ciudad Gobierno impulsado por el presidente Rodrigo Chaves para ahorrar unos ¢30 mil millones en alquileres al año, naufragará en el mar de las buenas intenciones.

Lea más: (Video) Así será la Ciudad gobierno que costará $450 millones

Cuatro de cinco partidos de oposición tienen grandes reservas sobre el mecanismo de financiamiento y se oponen a una selección a dedo para construir el proyecto.

El PUSC, el Partido Liberal Progresista, el Frente Amplio y Liberación Nacional quieren garantizar que los procesos de licitación y construcción garanticen la mejor inversión.

En todos los casos, se reconoce la necesidad de recortar los alquileres, pero siempre bajo un modelo de legalidad absoluta y control que evite el despilfarro y la corrupción.

Por su parte, el presidente impulsa un mecanismo de contratación más expedito, el cual, le permitiría firmar un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que licite, construya y alquile varios edificios al Estado por un período de 30 años y posterior a ese lapso, entregar los inmuebles al gobierno. En este caso, ni la Contraloría, ni el Congreso analizarían el tema.

Lea más: Más complicaciones para Ciudad Gobierno

En estos días, se dio a conocer que el mandatario trata de negociar el respaldo de su fracción de Progreso Social Democrático al nuevo directorio legislativo, a cambio de apoyo para el proyecto en cuestión.

La obra consiste en 3 o 4 torres de edificios para albergar a unas 20 instituciones y 10 mil funcionarios, de manera tal, que el Estado ahorraría unos ¢30 mil millones al año en alquileres.

Hoy día, todo el gobierno central invierte ¢59 mil millones en arrendamientos; es decir, unos $118 millones al año.

“En lo personal, siempre voy a estar a favor de una mayor eficiencia en la gestión pública, no obstante, aclaro que el proyecto debe respetar todos los procedimientos legales y la licitación pública”, dijo Vanessa Castro, diputada del PUSC.

Mientras tanto, Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, se opuso a una escogencia a dedo.

“Si hablamos de las pretensiones del gobierno de escoger a dedo a un desarrollador, entregarle un terreno público para que lo construya sin concurso público y comprometerse a pagarle un alquiler durante varias décadas y ni siquiera asegurar que la propiedad retorne a manos del Estado una vez recuperada la inversión, estamos ante un planteamiento inaceptable”, dijo Feinzaig.

Anteriormente, Marta Acosta, contralora general, cuestionó el mecanismo que desea impulsar el gobierno, lo cual, enfureció a Chaves.

Posteriormente, el mandatario presentó dos proyectos al Congreso para avanzar con el plan. En ambos casos se trata de planteamientos que no cumplen con los requerimientos de los diputados.

El primero de ellos, es una modificación a la ley de contratación pública para que el Estado pueda acordar con el BCIE la construcción, alquiler y cesión de los edificios, después de un período de 30 años de arrendamiento.

La otra opción, es una interpretación auténtica de la ley señalada, para que el Gobierno pueda impulsar esta idea sin importar la oposición de la Contraloría.


Apertura


Los partidos de oposición en el Congreso tienen dudas del mecanismo que propone el gobierno para construir Ciudad Gobierno, aunque reconocen los beneficios del plan.

Garantizar la transparencia y el debido proceso de la licitación son condiciones de los legisladores.

Vanessa Castro

Diputada
Unidad

Todavía la fracción no ha discutido el tema.

En lo personal, siempre voy a estar a favor de una mayor eficiencia en la gestión pública y en el manejo de recursos públicos, por lo que si el plan de Ciudad Gobierno implica todo esto, voy a estar de acuerdo.

No obstante, aclaro que el proyecto debe respetar todos los procedimientos legales y la licitación pública.

Ahora bien, debemos reconocer que el gobierno ya inicia su tercer año de trabajo, por lo que analizar estos temas es más complicado por el ciclo electoral.

Eli Feinzaig

Jefe de fracción
Liberal Progresista

Si hablamos estrictamente del proyecto inmobiliario, Ciudad Gobierno es un buen planteamiento.

Si hablamos de las pretensiones del gobierno de escoger a dedo a un desarrollador, entregarle un terreno público para que lo construya sin concurso público, comprometerse a pagarle un alquiler durante varias décadas y ni siquiera asegurar que la propiedad retorne a manos del Estado una vez recuperada la inversión, y disfrazar un crédito de arrendamiento operativo para evitar pasar por la autorización legislativa, pues estamos ante un planteamiento inaceptable, y esa pretensión no la podemos apoyar bajo ninguna circunstancia.

Óscar Izquierdo

Jefe de fracción
Liberación Nacional

Entendemos la necesidad de construir infraestructura pública.

No obstante, tenemos que hacer una revisión integral de esto, ya que hay edificios que están subutilizados del gobierno; además de contemplar otras necesidades.

En el plano de la ilusión sería muy bonito, pero en el plano de las realidades, urge más un hospital en Cartago o mejorar la infraestructura educativa.

Yo conozco un colegio que funciona en una casa cural, donde la división entre dos aulas es una lámina de plywood, por lo que los muchachos escuchan lecciones de Matemáticas de un lado y al mismo tiempo, reciben Inglés.

David Segura

Diputado
Nueva República

¿Por qué el Estado sigue pagando una millonada en edificios públicos, cuando puede ahorrar con sus propios edificios?

¿Será porque no le conviene a los políticos tradicionales, a esos parásitos que han desangrado las arcas públicas, mientras sus amigos y partidos políticos siguen defendiendo sus negocios?

La propuesta de Ciudad Gobierno significa cortar con esos alquileres millonarios y contar con edificios propios, lo que implica un ahorro millonario para el Estado al año.

Antonio Ortega

Diputado
Frente Amplio

El desarrollo de Ciudad Gobierno es necesario por obvias razones, ya que es un verdadero descaro los miles de millones que paga el Estado en alquileres al año, sin importar que ese dinero serviría para mejorar los servicios y ofrecer más becas o construir escuelas u hospitales.

Por otra parte, el hecho de tener toda la institucionalidad en un mismo lugar, ayudaría al ciudadano a realizar más rápido sus trámites.

La otra semana vamos a tener una reunión con el gobierno para analizar el tema.

Hay que ver la letra chica del plan y esperamos que una buena idea no sea desperdiciada por esta administración.



ABC de Ciudad Gobierno


El proyecto Ciudad Gobierno le ahorraría al Estado entre $17 millones y $24 millones al año en alquileres, según la expectativa de Rodrigo Chaves.

Variable Explicación
Costo $450 millones
Detalle Se trata de la construcción de 3 o 4 torres de edificios en Plaza Víquez para albergar a unas 20 instituciones públicas del gobierno central. Cada inmueble tendría más de 15 pisos. Al contemplar solo a los ministerios se estaría hablando de unas 10 mil personas, por lo que no contempla a los funcionarios del Poder Judicial o Asamblea Legislativa.
Ahorro en alquileres Entre $17 millones y $24 millones al año, según cálculos del gobierno
Opciones de financiamiento El gobierno impulsa dos proyectos de ley.
El primero de ellos es una modificación a la ley de contratación pública para que el Estado pueda acordar con el BCIE la construcción, alquiler y cesión de los edificios, después de un período de 30 años de arrendamiento.
La otra opción es una interpretación de la ley señalada, para que el Gobierno pueda impulsar esta idea sin la oposición de la Contraloría.
En ambos casos, el Estado no se encargaría de una licitación pública para construir, sino que el BCIE sería el encargado de tomar la decisión para agilizar los trámites


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