Seguridad en jaque ante hueco fiscal
Si se deja de cobrar el impuesto, el Gobierno tendría un hueco de ¢40 mil millones anuales en la lucha contra el hampa. Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, teme un desmejoramiento en la lucha contra los criminales. Gerson Vargas/La República
Enviar

Habría retroceso por falta de dinero

Seguridad en jaque ante hueco fiscal

Peligran ¢40 mil millones que se generan del impuesto a sociedades

Se perderían los avances en seguridad ciudadana de los últimos dos años si Luis Guillermo Solís y la oposición no se ponen de acuerdo en los próximos meses.
En peligro están ¢40 mil millones que se generan del impuesto a las sociedades anónimas y que se usan para luchar contra la criminalidad.


Si el Gobierno quiere contar con ese dinero en 2016, deberá convencer a la oposición de que avale un cambio en ese impuesto específico, pues la Sala Constitucional lo declaró ilegal en enero anterior.
El problema para el mandatario es que los diputados exigen primero pruebas de contención del gasto.
“Para que haya nuevos impuestos, primero hay que recobrar la confianza en la labor del Presidente, y segundo, ver una voluntad real en materia de reducción de gastos”, expresó Rolando González, diputado liberacionista.
La revisión de las exoneraciones y de las pensiones con cargo al presupuesto, además de la limitación de los salarios públicos, son algunos de los proyectos que exigen los legisladores.
En cuanto a lo que se refiere al gravamen, ha generado ¢125 mil millones extra para combatir el hampa desde 2012.
Una mayor cantidad de recursos y una buena gestión desde el Ministerio de Seguridad, le dieron un giro a la problemática criminal, pues dejó de ser la principal preocupación de los costarricenses.
“Nos preocupa el hueco fiscal que se generaría si el impuesto se deja de cobrar, porque eso significa menos dinero para luchar contra los robos, asaltos y bandas organizadas”, indicó Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda.
El plan que hace viable otra vez el cobro a las sociedades anónimas, permitiría al Estado cobrar ¢200 mil anuales a todas las empresas o familias que tengan inscrita una personería jurídica, sin importar el tamaño de la empresa.
La propuesta se encuentra en la Comisión de Hacendarios y se une a otras iniciativas fiscales como la aprobación del IVA y los cambios a la renta que desea el Gobierno.

201505252101072.6.jpg

Esteban Arrieta
[email protected]
@earrietaLR


Ver comentarios