Claudio Alpízar

Claudio Alpízar

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Jueves 23 Junio, 2016

He sido crítico de la administración Solís Rivera, pero si en un tema he de reconocerle méritos es la preocupación de revisar, conversar y cambiar los abusos en las convenciones colectivas aprobadas en gobiernos del PUSC y del PLN


SIN TREGUA

Sector público, sinónimo de la clase media


Por décadas venimos debatiendo la disminución de la clase media costarricense, que desde la fundación de la Segunda República (1949) tuvo un ascenso vertiginoso para bien del sistema democrático. Empero, a partir de ese “maldito” 1980 empezó a sufrir un retroceso.
Por su parte, el deterioro de nuestra administración pública tiene varios culpables, desde sindicalistas y gobernantes con convenciones colectivas abusivas de las finanzas del Estado y el descuido del compromiso de servicio, hasta de sectores empresariales obsesionados con una visión minimalista del Estado.
Los servicios públicos son fundamentales para la clase baja y media, tanto en salud, educación y seguridad, como en tecnología y medio ambiente. Las clases altas tienen posibilidades económicas para adquirir esos servicios fuera del Estado, tanto por los recursos que poseen como por lo “glamuroso” de sus gustos.
Hoy se percibe un “acoso laboral” mediático y legislativo sobre uno de los últimos bastiones de nuestra clase media: el sector público. Ciertamente los sindicatos abusaron de ventajas únicas, que sirven de mampara a intereses privados que pretenden eliminar la competencia de empresas estatales que les limitan en mucho las posibilidades de manipular los mercados y precios de bienes y servicios.
Ciertos diputados se prestan para generalizar el juego del descrédito del sector público, con el apoyo de algunos medios de comunicación, así llenan sus vanidades desmedidas de protagonismo. Generalizan casos de abusos salariales como una constante en un sector que aglutina a 295 mil empleados —INEC, 2013— que multiplicado por cuatro —promedio de una familia— representa el principal ingreso de 1.180.000 costarricenses.
He sido crítico de la administración Solís Rivera, pero si en un tema he de reconocerle méritos es la preocupación de revisar, conversar y cambiar los abusos en las convenciones colectivas aprobadas en gobiernos del PUSC y del PLN.
De la misma forma en que se negociaron los beneficios abusivos deben negociarse sus cambios. No es maltratando y denigrando al servidor público como se promueve una Reforma Administrativa del Estado, que es más imperativa que una Reforma de Estado o una Constituyente, ambas sin ambiente por la desconfianza generada entre los sectores.
Solo un estúpido puedo promover ataques constantes y un descrédito crónico del sector público y a la vez pretender gobernar el país, cuando este es el principal instrumento para gestionar con éxito las políticas públicas que se requieren.
Si los torpes políticos continúan tildando de mediocres, abusivos, vagos e ineptos a los colaboradores públicos lograrán que esos ataques terminen siendo una premonición forzada de lo que será este sector. Empero, los sindicatos deben velar con fuerza por la excelencia de sus agremiados y de los servicios públicos, sin justificar la mediocridad y la desidia.
Si los gobernantes no generan empatía y liderazgo en el sector público y continúan vendiendo una visión negativa del colaborador público, la consecuencia inmediata será la desconfianza de la mayoría de la población sobre quienes son intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía, lo que gestará mayores dificultades para gobernar.
A quienes tienen dudas de lo que planteo les recuerdo, a manera de consejo, a José Martí: “No tiene la capacidad de gobernar con justicia, y no debe gobernar el que no tiene la capacidad de convencer”.

Claudio Alpízar Otoya, Politólogo