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Sector público, no es problema de salarios

Carlos Denton cdenton@cidgallup.com | Miércoles 26 agosto, 2015

Lo que se requiere es un referendo sobre el trabajo público que permita reescribir las reglas del Servicio Civil y cambiar aspectos de los pactos colectivos

Sector público, no es problema de salarios

Cuando se trata del problema del sector público, los salarios y otras extras que reciben los funcionarios no deberían constituir la base del debate, como ha sido el caso en varias publicaciones y declaraciones recientes. Los funcionarios tienen razón cuando insisten que ellos no van a aceptar que se les haga una campaña de denigración, y que en su gran mayoría son personas de bien, dedicadas a su trabajo. Lo único que hace este tipo de debate es provocar marchas, protestas y disgustos; cualquiera saldría a una manifestación si creyera que sus ingresos familiares estuvieran en peligro.
¡El problema es que el sector público no está atendiendo las necesidades del pueblo! ¡Ese debería ser el tema del debate!
Y mientras que esté así, nadie debería ser obligado a aportar un peso más de lo que ahora paga para mantenerlo. No hay seguridad física —los habitantes tienen que invertir y pagar para mantener sistemas de guardas privados en sus barrios, tienen que invertir en rejas y alambre de navaja o de púas para lograr algún nivel de protección.
La educación pública es altamente deficiente. Si quieren los padres que sus hijos estudien a nivel universitario, los tienen que enviar a colegios privados; cada año la proporción de bachilleres emitidos en los colegios públicos que logran aprobar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica es menor.
La atención médica es inadecuada y requiere mucho tiempo (a veces años) para recibirla. No están seguras las pensiones del futuro.
Si se suma a la falta de seguridad, la educación deficiente y la atención médica defectuosa el hecho de que no se construyen carreteras, que el sistema de transporte público (léase los trenes) está en deterioro, que muchas escuelas están en malas condiciones, que no hay agua para importantes componentes de la población de Guanacaste, que el gobierno mantiene una refinadora de petróleo que no refina, que la institución que tiene que suministra electricidad directa o indirectamente lo hace pero a costos muy elevados, se puede entender por qué el pueblo está inquieto.
Los empleados públicos manifiestan que el hecho de que no funciona el gobierno no es culpa de ellos, que es la mala organización, la falta de directrices y objetivos que inhibe que trabajen mejor. En eso también es probable que tengan razón.
Pero para reorganizar y poner a trabajar mejor las instituciones que componen al sector público hay que reubicar trabajadores, cambiar horarios, reentrenar muchos y reasignar otros. Y allí las reglas del Servicio Civil y algunos acuerdos con sindicatos impiden que se tome acción.
Tienen razón algunos líderes políticos cuando dicen que lo que se requiere es un referendo sobre el trabajo público que permita reescribir las reglas del Servicio Civil y cambiar aspectos de los pactos colectivos.
Los líderes sindicales se oponen a ese referendo; es lamentable, porque están impidiendo la mejoría que se necesita tan desesperadamente para que el gobierno comience de nuevo a servir a la ciudadanía.

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com

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