Se evidencia fallo político en caso Caja-Fischel
| Jueves 20 mayo, 2010
Se evidencia fallo político en caso Caja-Fischel
Es cada día más evidente que el fallo dictado en mi contra es un fallo político. El Tribunal Penal de Goicoechea confirma la ilegalidad de la Prueba de Panamá en el caso ICE-Alcatel, prueba que fuera aceptada como válida en el caso CCSS-Fischel.
Debe quedar claro a los costarricenses que ambas pruebas fueron traídas con un método similar, idéntico, igual en toda su extensión. Desde la etapa intermedia ambas fueron impugnadas, la diferencia radica en que una tuvo la suerte de caer en manos de un tribunal independiente que se apegó a los principios doctrinarios y de legalidad y en mi caso fue aceptada como válida, a pesar de presentar las mismas inconstitucionalidades y ser violatoria a los Derechos Fundamentales que me asisten como costarricense.
Es literalmente inexplicable como la denominada “Prueba de Panamá”, fue admitida por un Tribunal de la República y meses después el mismo tribunal (con diferente integración) la declare ilegal, pues habiéndose cometido las mismas irregularidades, anomalías y violaciones a la Constitución, ambas pruebas, conforme a derecho, debieran haber sido anuladas desde el inicio, como está ocurriendo en el caso ICE-Alcatel.
Como bien lo señalan los señores jueces del juicio ICE-Alcatel al analizar el fondo de su fallo: para la obtención de la prueba era INDISPENSABLE, la autorización jurisdiccional, pues de no hacerlo se atenta contra la defensa de DERECHOS FUNDAMENTALES, consagrados en nuestra Constitución Política. En ningún momento existió la orden de un juez costarricense tal y como lo exige el Tratado de Asistencia Mutua, cuando se pidieron las pruebas. Por si esto no fuera suficiente, el fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, abrió la prueba sin la presencia de un juez, lo cual es también una grave violación al debido proceso.
El fallo de los señores jueces va aún más allá señalando que la Fiscalía mostró una clara intención de ignorar los Derechos Fundamentales de los imputados y llama la atención al fiscal general y a la Procuraduría, señalándoles que ellos no pueden actuar al margen de la ley.
En su resolución los jueces estiman que la prueba es inaceptable porque no se cumplió con la ley y se rompió la cadena de custodia. En mi caso particular denunciamos en su momento que de Panamá salen 100 folios menos de los que la Fiscalía presentó en el debate, y nunca se explicó de dónde salieron, quién los incorporó, con qué intención se hizo y si el hecho ocurrió antes o después que el fiscal general abriera la prueba.
Durante el debate quedó demostrado que hubo manipulación de la prueba, además de la participación de periodistas al momento de recabarla en Panamá, esto de acuerdo con lo declarado por el procurador adjunto de la República de Costa Rica.
La validación de la Prueba de Panamá en el Caso CCSS-Fischel, fue estrictamente política, nunca negué haber recibido honorarios y demostré, en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, que pagué en demasía los impuestos respectivos. Pero nuevamente este hecho fue ignorado por el Tribunal del Caso Caja- Fischel, pues no aceptó como prueba el fallo de 13 jueces de la República, que fallaron a mi favor en diferentes instancias, diciendo que había pagado impuestos por “CONCEPTO DE HONORARIOS”, a pesar que la misma Fiscalía tuvo que reconocer que así lo hice.
El Tribunal se negó a admitir esta contundente prueba, así como otras muchas pruebas de descargo, con el mismo criterio que se negó a anular la prueba cuya nulidad ha sido nuevamente ratificada por el Tribunal de Goicoechea. Este criterio a todas luces político, no era unánime, razón por la cual el juez que no lo compartía, fue separado del Tribunal nueve meses después de haber comenzado el debate, en un acto sin precedente en la historia jurídica de nuestro país, lo cual demuestra una vez más que en el caso Caja-Fischel se han dado irregularidades escandalosas y violaciones graves que ponen en entredicho nuestro Estado de Derecho.
La Sala Tercera ha admitido parte de la prueba que rechazó el tribunal de juicio.
Reconozco en los jueces que han conocido y fallado en el caso ICE-Alcatel, valentía, capacidad y honestidad a pesar de las presiones que todos intuimos; es vergonzoso que otros cedan a las presiones en perjuicio de los ciudadanos y la credibilidad institucional.
Rafael Angel Calderón
Ex presidente de la República
Es cada día más evidente que el fallo dictado en mi contra es un fallo político. El Tribunal Penal de Goicoechea confirma la ilegalidad de la Prueba de Panamá en el caso ICE-Alcatel, prueba que fuera aceptada como válida en el caso CCSS-Fischel.
Debe quedar claro a los costarricenses que ambas pruebas fueron traídas con un método similar, idéntico, igual en toda su extensión. Desde la etapa intermedia ambas fueron impugnadas, la diferencia radica en que una tuvo la suerte de caer en manos de un tribunal independiente que se apegó a los principios doctrinarios y de legalidad y en mi caso fue aceptada como válida, a pesar de presentar las mismas inconstitucionalidades y ser violatoria a los Derechos Fundamentales que me asisten como costarricense.
Es literalmente inexplicable como la denominada “Prueba de Panamá”, fue admitida por un Tribunal de la República y meses después el mismo tribunal (con diferente integración) la declare ilegal, pues habiéndose cometido las mismas irregularidades, anomalías y violaciones a la Constitución, ambas pruebas, conforme a derecho, debieran haber sido anuladas desde el inicio, como está ocurriendo en el caso ICE-Alcatel.
Como bien lo señalan los señores jueces del juicio ICE-Alcatel al analizar el fondo de su fallo: para la obtención de la prueba era INDISPENSABLE, la autorización jurisdiccional, pues de no hacerlo se atenta contra la defensa de DERECHOS FUNDAMENTALES, consagrados en nuestra Constitución Política. En ningún momento existió la orden de un juez costarricense tal y como lo exige el Tratado de Asistencia Mutua, cuando se pidieron las pruebas. Por si esto no fuera suficiente, el fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, abrió la prueba sin la presencia de un juez, lo cual es también una grave violación al debido proceso.
El fallo de los señores jueces va aún más allá señalando que la Fiscalía mostró una clara intención de ignorar los Derechos Fundamentales de los imputados y llama la atención al fiscal general y a la Procuraduría, señalándoles que ellos no pueden actuar al margen de la ley.
En su resolución los jueces estiman que la prueba es inaceptable porque no se cumplió con la ley y se rompió la cadena de custodia. En mi caso particular denunciamos en su momento que de Panamá salen 100 folios menos de los que la Fiscalía presentó en el debate, y nunca se explicó de dónde salieron, quién los incorporó, con qué intención se hizo y si el hecho ocurrió antes o después que el fiscal general abriera la prueba.
Durante el debate quedó demostrado que hubo manipulación de la prueba, además de la participación de periodistas al momento de recabarla en Panamá, esto de acuerdo con lo declarado por el procurador adjunto de la República de Costa Rica.
La validación de la Prueba de Panamá en el Caso CCSS-Fischel, fue estrictamente política, nunca negué haber recibido honorarios y demostré, en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, que pagué en demasía los impuestos respectivos. Pero nuevamente este hecho fue ignorado por el Tribunal del Caso Caja- Fischel, pues no aceptó como prueba el fallo de 13 jueces de la República, que fallaron a mi favor en diferentes instancias, diciendo que había pagado impuestos por “CONCEPTO DE HONORARIOS”, a pesar que la misma Fiscalía tuvo que reconocer que así lo hice.
El Tribunal se negó a admitir esta contundente prueba, así como otras muchas pruebas de descargo, con el mismo criterio que se negó a anular la prueba cuya nulidad ha sido nuevamente ratificada por el Tribunal de Goicoechea. Este criterio a todas luces político, no era unánime, razón por la cual el juez que no lo compartía, fue separado del Tribunal nueve meses después de haber comenzado el debate, en un acto sin precedente en la historia jurídica de nuestro país, lo cual demuestra una vez más que en el caso Caja-Fischel se han dado irregularidades escandalosas y violaciones graves que ponen en entredicho nuestro Estado de Derecho.
La Sala Tercera ha admitido parte de la prueba que rechazó el tribunal de juicio.
Reconozco en los jueces que han conocido y fallado en el caso ICE-Alcatel, valentía, capacidad y honestidad a pesar de las presiones que todos intuimos; es vergonzoso que otros cedan a las presiones en perjuicio de los ciudadanos y la credibilidad institucional.
Rafael Angel Calderón
Ex presidente de la República