Se violenta la institucionalidad del sector telecomunicaciones

Nunca debe perderse la razón por la cual las leyes fueron formuladas.

En el contexto del proceso de liberación del mercado de telecomunicaciones, era importante balancear el rol de los actores del mercado de telecomunicaciones – usuarios, operadores, regulador y ente rector. Cada uno independiente absoluto del otro, para lograr un mercado equiparado.

Con ese fin se crea el Viceministerio de Telecomunicaciones dentro del MINAET (en su momento y ahora trasladado al MICITT), como ente rector de la política pública.

Y a su vez se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), como regulador independiente de todos los actores del mercado, el cual necesita sus recursos separados totalmente del Gobierno Central, con el fin de ser autónomo económicamente para nunca ser secuestrado en sus decisiones técnicas por parte de las decisiones políticas del Ejecutivo.

Es ampliamente conocido que en un mercado cuasi-perfecto de oferta y demanda, siempre hay un sector que nunca podrá ser asistido por las fuerzas del mercado.

Esto por cuanto no es rentable brindar servicios a un mercado que aporta ingresos marginales en comparación con el costo total de la inversión.

Debido a esas distorsiones de mercado, se establece que un agente externo debe actuar en esas fuerzas de mercado para poder abastecer los servicios a esas zonas y usuarios que pudieran quedar desamparados por el costo-beneficio de los operadores.

Ese agente externo, en otros países se ha conocido como los fondos de acceso universal, y en Costa Rica, se le llama Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).

Debido a la labor técnica de análisis de redes de telecomunicaciones, así como la labor económica del estudio de mercados en competencia, para determinar cuáles son esas áreas del país sin servicio y buscar el equilibrio económico financiero, fue que el legislador costarricense decidió que un ente neutral administrara los Fondos.

Se buscaba que este ente y los fondos no fueran capturados por el Gobierno Central a través de la Caja Única del Estado, para que no echaran mano de esos fondos para otros fines que no fueran los del cierre de la brecha digital. Legalmente, esa labor recayó en SUTEL.

SUTEL tiene tres fuentes principales de ingresos, totalmente distintas: el Canon de Regulación, el Canon de Uso del Espectro Radioeléctrico y la Contribución Especial Parafiscal de FONATEL.

Los dos primeros son parte de una proyección de gastos basada en datos reales e históricos, así como los planes futuros de inversión en programas y proyectos plurianuales que requieren altos costos de operación para tener la regulación que la ley exige.

Si bien algunos quisieran que no se regulara, para ser mezquinos en cuanto a su costo de operación, es de reconocer que SUTEL es de las entidades reguladoras más tecnificadas y competentes de la región. Eso requiere el apoyo del Canon de Regulación y Canon de Uso del Espectro Radioeléctrico que es la fuente principal de ingresos de SUTEL.

La Contribución Especial Parafiscal de FONATEL aporta un porcentaje bajo para las funciones de SUTEL relacionadas con la administración del FONATEL.

El remanente, es utilizado para los proyectos mismos – esto está dictado así por ley y no por ocurrencia de funcionarios.

El monto para SUTEL y su equipo a cargo de FONATEL, también cubre los rubros de las empresas que ayudan a la gestión y operación del fondo, así como costos de administración financiera a través de fideicomiso por parte de un banco estatal (también estipulado por ley.

Dado el financiamiento, operación y separación de funciones de SUTEL y FONATEL, así como su rol esencial en el mercado de telecomunicaciones, es que se ve como un despropósito la propuesta del Ejecutivo de violentar la institucionalidad del sector telecomunicaciones que ha llevado a que Costa Rica pasara del oscurantismo tecnológico en telecomunicaciones, a ser uno de los líderes en América Latina en cuanto a la gestión del espectro radioeléctrico, operación de redes de telecomunicaciones y regulación del mercado de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público.

¿Y porqué un despropósito?

Utilizar el dinero recaudado por SUTEL para el FONATEL para los fines que quiere el Ejecutivo, debilitará el balance del mercado en sus fuerzas de oferta y demanda, y hará INEVITABLEMENTE que no hayan operadores con el apetito de ir a invertir uno, dos, tres, diez millones de dólares en aquellas regiones del país donde los inversionistas potenciales sólo tendrán ingresos marginales por varios años que a lo mejor lleguen a una décima de su inversión inicial.

Nadie, en su buen juicio lo haría.

En lo personal no veo a ningún diputado haciendo bulla para que sus cantones se queden desconectados sin señal celular y que ellos les digan a sus constituyentes, que por ayudar al resto del país los dejaron incomunicados.

Creo que eso sería un gran error social, y aún más, sin ser político, me aventuro a decir que es un gran yerro político.

La premisa básica de un operador de telecomunicaciones es siempre brindar continuidad en el servicio al cliente.

Sin embargo, con este posible arrebato del Ejecutivo junto con el Legislativo, le estamos diciendo a los operadores que no habrá continuidad de esos servicios en muchas zonas marginales.

Y por ende que mejor no inviertan en la gran cantidad de zonas “oscuras” del país donde no hay servicio de telecomunicaciones para todos los costarricenses por igual, tal como se decía durante las discusiones del TLC en el 2006.

Ahora bien, si Ejecutivo y Legislativo se armonizan a realizar estos cambios en los fondos, deberán entonces derogarse reglamentos, decretos y establecerse modificaciones a leyes, decretos y reglamentos.

Pero, como estado de Derecho, deberán pasar muchos de esos planteamientos por los tamices judiciales para determinar la viabilidad constitucional de negar el acceso a internet, que ya la Sala IV ha determinado ser un Derecho Fundamental en Costa Rica.

Asimismo, sin lugar a dudas deberá hacerse un análisis dentro de los marcos legales internacionales a los que Costa Rica se ha adherido, por posibles conflictos con los compromisos ya adquiridos por el país.

De igual manera y aún más preocupante, es el tema de remover la figura y fondos de FONATEL, que se asientan en una institución autónoma del Estado costarricense, que es SUTEL, y trasladarla a cualquier otra entidad NO PUBLICA, que se regiría por derecho privado.

¿Qué pasaría con los controles de finanzas públicas, la transparencia de ley, las leyes de administración pública, y demás pesos y contrapesos que tiene nuestro país?

¿Habrán otras instituciones o fundaciones en Costa Rica que hagan el mismo trabajo que aquella organización beneficiada?

¿Se hace la elección de esta entidad por parte del Ejecutivo y Legislativo “a dedo” o por medio de concurso público?

Son muchas interrogantes y muchas preocupaciones, que deben dilucidarse antes de realizar cualquier cambio, tanto por posibles irregularidades en control público nacional, así como con compromisos legales internacionales.

El quitar fondos de FONATEL para cualquier otro fin u entidad sería un gran yerro social, ya que dejaría a muchos de nuestros conciudadanos desconectados del mundo, y por ende, ahondando más en la división tecnológica de las áreas sociales más vulnerables. Si el actual Gobierno quiere ayudar a Costa Rica, deberá ser a través de la inclusión digital más que repartiendo con estos fondos unos cuantos bonos temporales, sin resolver un problema de fondo – cosa que el FONATEL sí busca en su esencia.

Sin embargo, si el Gobierno insiste a través del Ejecutivo y el Legislativo, es necesario analizar si existe normativa que pudiera contradecir este deseo acerca del traslado de los fondos de FONATEL para ser usado con otros fines.

Al ser el FONATEL concebido y financiado a través una Contribución Especial Parafiscal, el hecho generador que es la provisión del servicio de telecomunicaciones, y el fin específico que es el de brindar el Acceso y Servicio Universal de Telecomunicaciones, pareciera prima facie que no es factible el destino y uso por parte de nadie, de lo ya existente, para otro fin que no sea el originalmente atribuido. Esto ha sido así analizado y es posible derivarlo a través de pronunciamientos variados evacuando consultas específicas y generales al respecto, y emitidos por distintos entes del estado como la PGR, CGR, Tribunal Fiscal, Sala IV, entre otros.

Asimismo, es tesis de muchos letrados de la ley que Costa Rica adquirió compromisos internacionales durante las rondas de negociaciones del CAFTA-DR. Dentro de esos acuerdos estaban la independencia del regulador, sus finanzas, así como del FONATEL, que fuera administrado únicamente por tal ente neutral del Estado pero sin inherencia del Ejecutivo.

Así pues, lastimosamente será un pulso político, legal y hasta de derecho internacional, si así lo buscaran los interesados, para que se limite el ámbito de FONATEL a lo originalmente atribuido.

Y digo lastimosamente, porque es mucho el daño que se le hace al pueblo de Costa Rica, llevándose este dinero que busca que los sectores más necesitados tengan telecomunicaciones y acceso a las TIC, al igual que aquellos sectores mas pudientes.

El acceso a internet, tal como lo estipuló las Sala IV, es un DERECHO FUNDAMENTAL.

Y sin los fondos disponibles para lo que fueron creados, ¿cómo el Estado mismo podrá cumplir con acatar ese DERECHO FUNDAMENTAL consagrado por la Sala IV?

Insisto en la necesidad de ver el daño y serias consecuencias, de adoptar el cortoplacismo a través de la solución planteada por el Ejecutivo, como un grave yerro social, que repercutirá por décadas y que el pueblo de Costa Rica deberá ponerle nombre y apellido a quien teniendo la solución en la mano, la malgastó y la dejó ir.

Sería equivalente y en contrariu sensu a la política de don Mauro Fernández Acuña, quien, en vez de pensar en corto plazo, pensó en tan largo plazo, que sus réditos se vieron generaciones después, al establecer una política educativa tal que es hoy nuestro baluarte estrella.

Es hora de sopesar el corto plazo versus el largo plazo.

Y sino que Dios y la patria os lo demanden.

George Miley

Expresidente

Superintendencia de Telecomunicaciones