Edgardo Araya

Edgardo Araya

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Se nos hace tarde para la urgente reforma fiscal progresiva

Más de 100 años han transcurrido desde el momento en que el expresidente Alfredo Gonzáles Flores expusiera el principio básico para un sistema tributario justo: “que el rico pague como rico y el pobre como pobre”.

Un siglo después el sistema tributario costarricense sigue sin ser progresivo. Al contrario, nuestro sistema tributario es levemente regresivo, como ha demostrado el estudio de CGR (2000), siendo que no aporta a la reducción de la desigualdad, como concluyen Sauma y Trejos (2014).

Un siglo después de la propuesta de justicia tributaria del expresidente González Flores, en Costa Rica nuestro sistema tributario sigue siendo regresivo, incapaz de reducir la desigualdad, y, por tanto, injusto.

Al mismo tiempo, desde la década de los 80, de forma cíclica, nos enfrentamos a recurrentes crisis fiscales. Los ingresos han sido, históricamente insuficientes para cubrir las inversiones públicas, provocando recurrentes y peligrosos aumentos de la deuda pública.

Y durante estos últimos 35 años de crisis recurrentes, los gobiernos del bipartidismo han encontrado la misma e insuficiente solución: aumentar los impuestos indirectos, los impuestos injustos que pagan en igual proporción ricos y pobres. En 1983, en 1990, y en 1995, Gobiernos del PLN y el PUSC aumentaron el impuesto sobre las ventas. Mientras que los ingresos de la elite económica se protegían de nuevos tributos, derivada esta protección de esa clara y profunda relación entre el poder político del bipartidismo y el poder económico de las elites nacionales.

Esto ha conducido a la situación actual: poseemos un sistema tributario injusto (regresivo) y que, además, es insuficiente para asegurar al Estado de ingresos suficientes para cumplir con los derechos que ha obtenido la ciudadanía.

En la coyuntura actual es evidente este problema de injusticia e insuficiencia tributaria. La insuficiencia es patente cuando se observa que mientras que los ingresos corrientes de Gobierno central son solo de ¢4,85 billones, los gastos que deben atenderse ascienden a ¢8,94 billones. La insuficiencia es evidente. Y esa insuficiencia ha provocado, desde el tercer año del segundo gobierno de Óscar Arias, un aumento sostenido de la deuda que tiene por consecuencia un aumento preocupante del gasto en servicio de la deuda (el abono a esa deuda adquirida): solo este año, lo que gastamos en pagar la deuda adquirida por la insuficiencia es mayor a lo que invertimos en todo el sistema de educación pública. Somos un país cada vez más endeudado, que debe hacer, cada vez, abonos más grandes a esa deuda, y que, por tanto, tiene menos posibilidades de invertir en infraestructura, en educación, en salud y en programas sociales.

Y la injusticia queda revelada en toda su magnitud cuando se observan los estudios antes citados que demuestran que en Costa Rica los ricos no pagan como ricos, y más aún cuando se observa que unos cuantos privilegiados son capaces de evadir/eludir el pago de impuestos por una cifra que supera el 8% del PIB.

Entonces el reto es claro. Desde el Frente Amplio hemos propuesto e impulsado una agenda para una reforma fiscal progresiva, integral y suficiente.

Una reforma integral al impuesto sobre la renta, para hacer que los grandes capitales realmente tributen en correspondencia con su capacidad económica, mientras que se reduzcan las cargas sobre los micro-emprendimientos, y se cierren portillos a la defraudación fiscal, es urgente. Es una reforma que tiene un retraso de más de tres décadas. Las herencias de lujo, las ganancias de capital, las ganancias extraordinarias de los bancos, y los dividendos que no se trasladan para producir más empleo, deben tributar más.

También hemos propuesto modernizar el actual impuesto general sobre las ventas, pasando a un verdadero IVA, pero hemos puesto condiciones: bajo ninguna condición aceptaremos subir la actual tarifa, ni aceptaremos que se graven bienes o servicios básicos (como canasta básica alimentaria, educación o salud).

Además, hemos propuesto un conjunto de impuestos con fines parafiscales: impuestos verdes y a alimentos ultraprocesados que generan graves impactos en la salud pública.

Así mismo consideramos vital mejorar la legislación para combatir el fraude fiscal: hemos realizado un conjunto de propuestas para asegurar que los evasores no puedan esconderse. Hemos propuesto el levantamiento del velo societario, la mejora del proceso del levantamiento del secreto bancario, la prohibición de la entrega de beneficios fiscales a quienes están morosos con el fisco o la CCSS, y una compleja reforma al Código Tributario para que los evasores no se escondan tras entramados de personas jurídicas.

Para el Frente Amplio esta reforma fiscal progresiva, integral y suficiente para detener el aumento de la deuda y para dotar al Estado Social de Derecho de capacidad real, es urgente.

Pero también, somos conscientes de que las condiciones políticas, en una año preelectoral no son las óptimas. Y ante esto, por responsabilidad, porque no queremos que una crisis fiscal nos lleve, como ha llevado recientemente al hermano país de Puerto Rico, a cerrar escuelas o colegios, porque no queremos llegar a una crisis que sirva de excusa a los neoliberales para erosionar aún más lo público, hemos propuesto, recientemente, una Ley de Contingencia Fiscal, que congelaría temporalmente las remuneraciones de todos los altos jerarcas, las dietas, y las remuneraciones de los funcionarios con salarios mayores a 5 millones de colones. A eso, se suma en esta propuesta, un aumento temporal del impuesto de renta solo para las grandes empresas, mientras que se reduce el impuesto para las microempresas, y así mismo se aumenta el impuesto sobre salarios muy altos, mientras que se reduce sobre salarios pequeños.

Esta propuesta de Contingencia Fiscal la hemos propuesto como vía alterna, en caso de que la necesaria reforma fiscal integral no encuentre avance posible. Se trata de un “plan b”, profundamente progresivo, que busca servir para evitar una grave crisis fiscal que ponga en riesgo el Estado Social de Derecho, los derechos de la gente, en caso de que un acuerdo pronto no sea posible.

Como se observa, desde el Frente Amplio reconocemos la necesidad de una reforma fiscal, pero también reconocemos que no cualquier reforma fiscal es la que urge: urge una reforma profundamente progresiva, integral y suficiente. No permitiremos ninguna reforma que vuelva a cargar el peso sobre las personas de menores ingresos mientras quienes poseen más riqueza siguen sin aportar según sus capacidades. 

Edgardo Araya, candidato Presidencial del Frente Amplio
 

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