Se inicia debate por pensiones
| Miércoles 29 octubre, 2008
Se inicia debate por pensiones
Gobierno defiende que nacionalización es necesaria porque el manejo de las operadoras
Buenos Aires
EFE
El Gobierno argentino aseguró ayer que los fondos privados de pensiones que se nacionalizarán si se aprueba el proyecto del Ejecutivo estarán garantizados por “los tres poderes del Estado” y rechazó que el dinero pueda destinarse a “hacer caja”, tal como denuncia la oposición.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, comparecieron ayer en comisiones parlamentarias para defender el proyecto de ley de nacionalización de las Administradoras privadas de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) impulsado por el Ejecutivo de Cristina Fernández.
Ambos afirmaron que el empleo de los más de 10 mil trabajadores de las AFJP está asegurado y rebatieron las críticas de la oposición sobre la posibilidad de que los fondos de pensiones se desvíen en vísperas de las elecciones legislativas de 2009 a atender otras obligaciones del Estado, como afrontar los pagos de deuda pendiente
“Este proyecto de ley significa una reparación histórica”, dijo el titular de Trabajo, que subrayó que el sistema de capitalización “fue una pésima decisión” que “generó un círculo perverso, produjo déficit y nunca tuvo un control parlamentario”.
Según Tomada, la creación del régimen privado de jubilaciones, en 1994, supuso un costo superior a los $100 mil millones y fue una de las causas del endeudamiento externo del país.
“Se trata de una sumatoria de falacias”, agregó el ministro, quien sostuvo que, tras la nacionalización, los fondos de pensiones estarán controlados por “los tres poderes del Estado”.
Respecto a las acusaciones de la oposición, declaró al dar una explicación sobre el efecto de la nacionalización de cerca de $30 mil millones en manos de las AFJP: “Es todo lo contrario vamos a desendeudarnos”.
A su juicio, la iniciativa gubernamental supone un “paso fuerte para devolverle al Estado su rol rector en seguridad social” y no se puede demorar la decisión porque “la volatilidad de los mercados no deja demasiado espacio para prórrogas para deudas irrecuperables”.
La crisis, añadió, “demostró la debilidad de un sistema privado que se recuesta en lo público para pagar sus prestaciones”.
También el titular de la ANSES criticó con dureza al sistema privado de pensiones y aseguró que la administración no necesita hacer “caja”.
“No va a suceder que vamos a convertir las inversiones de los fondos en liquidez”, afirmó Boudou, quien opinó que los fondos “no deben ser invertidos en el exterior”.
“Definitivamente con la ley va a cambiar la orientación de los mercados financieros a los sectores productivos”, adelantó.
Según el funcionario, la nacionalización es necesaria porque el manejo de las AFJP ha afectado a los fondos, que han pasado de 92 mil millones de pesos (unos $28.700 millones) a finales de 2007 hasta 78.700 millones de pesos argentinos ($24.500 millones) en octubre de 2008.
Boudou afirmó también que todos los trabajadores de las AFPJ “tienen la continuidad laboral garantizada” porque serán absorbidos por la administración.
Pese a las promesas gubernamentales, cientos de empleados se manifestaron ayer frente al Congreso para exigir que se garanticen sus puestos.
Desde la oposición, los diputados recordaron al Gobierno que quienes demonizan ahora el sistema privado redactaron la reforma de 1994 y exigieron que la ley incluya garantías de que los fondos de jubilación no se desviarán a otros pagos.
Gobierno defiende que nacionalización es necesaria porque el manejo de las operadoras
Buenos Aires
EFE
El Gobierno argentino aseguró ayer que los fondos privados de pensiones que se nacionalizarán si se aprueba el proyecto del Ejecutivo estarán garantizados por “los tres poderes del Estado” y rechazó que el dinero pueda destinarse a “hacer caja”, tal como denuncia la oposición.El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, comparecieron ayer en comisiones parlamentarias para defender el proyecto de ley de nacionalización de las Administradoras privadas de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) impulsado por el Ejecutivo de Cristina Fernández.
Ambos afirmaron que el empleo de los más de 10 mil trabajadores de las AFJP está asegurado y rebatieron las críticas de la oposición sobre la posibilidad de que los fondos de pensiones se desvíen en vísperas de las elecciones legislativas de 2009 a atender otras obligaciones del Estado, como afrontar los pagos de deuda pendiente
“Este proyecto de ley significa una reparación histórica”, dijo el titular de Trabajo, que subrayó que el sistema de capitalización “fue una pésima decisión” que “generó un círculo perverso, produjo déficit y nunca tuvo un control parlamentario”.
Según Tomada, la creación del régimen privado de jubilaciones, en 1994, supuso un costo superior a los $100 mil millones y fue una de las causas del endeudamiento externo del país.
“Se trata de una sumatoria de falacias”, agregó el ministro, quien sostuvo que, tras la nacionalización, los fondos de pensiones estarán controlados por “los tres poderes del Estado”.
Respecto a las acusaciones de la oposición, declaró al dar una explicación sobre el efecto de la nacionalización de cerca de $30 mil millones en manos de las AFJP: “Es todo lo contrario vamos a desendeudarnos”.
A su juicio, la iniciativa gubernamental supone un “paso fuerte para devolverle al Estado su rol rector en seguridad social” y no se puede demorar la decisión porque “la volatilidad de los mercados no deja demasiado espacio para prórrogas para deudas irrecuperables”.
La crisis, añadió, “demostró la debilidad de un sistema privado que se recuesta en lo público para pagar sus prestaciones”.
También el titular de la ANSES criticó con dureza al sistema privado de pensiones y aseguró que la administración no necesita hacer “caja”.
“No va a suceder que vamos a convertir las inversiones de los fondos en liquidez”, afirmó Boudou, quien opinó que los fondos “no deben ser invertidos en el exterior”.
“Definitivamente con la ley va a cambiar la orientación de los mercados financieros a los sectores productivos”, adelantó.
Según el funcionario, la nacionalización es necesaria porque el manejo de las AFJP ha afectado a los fondos, que han pasado de 92 mil millones de pesos (unos $28.700 millones) a finales de 2007 hasta 78.700 millones de pesos argentinos ($24.500 millones) en octubre de 2008.
Boudou afirmó también que todos los trabajadores de las AFPJ “tienen la continuidad laboral garantizada” porque serán absorbidos por la administración.
Pese a las promesas gubernamentales, cientos de empleados se manifestaron ayer frente al Congreso para exigir que se garanticen sus puestos.
Desde la oposición, los diputados recordaron al Gobierno que quienes demonizan ahora el sistema privado redactaron la reforma de 1994 y exigieron que la ley incluya garantías de que los fondos de jubilación no se desviarán a otros pagos.