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Proyecto pretende aumentar en un 96% el monto del pago actual
Salario mínimo abre combate entre legisladores y empresarios
Sector patronal sugirió rechazar el plan pues lo considera desproporcionado

Los empresarios lanzaron una advertencia pero los legisladores no la acataron. Ahora se vislumbra un conflicto entre ambos, por el eventual aumento del salario mínimo al sector laboral.
Desde la semana anterior se tramita un proyecto de ley que pretende aumentar en un 96% el salario mínimo, iniciativa que el sector empresarial catalogó como desproporcionada y recomendó rechazar.
El plan pretende que el ingreso mínimo sea la suma equivalente al costo mensual de la canasta básica alimentaria, la tarifa básica residencial de agua, energía y telefonía y además del costo mensual de alquiler de una vivienda, vestido y recreación. Con esta propuesta los legisladores pretenden que el pago pase de ¢180.720 a ¢353.510.
Actualmente los salarios se fijan según una fórmula que toma en cuenta la inflación acumulada del semestre anterior, pero no reconoce los aumentos más recientes en servicios básicos, alimentos y combustibles. El proyecto propone eliminar esta medición.
“Yo sé que este es un tema sensible, el salario mínimo de un trabajador costarricense es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia de al menos cuatro miembros. El Estado de la Nación señala que una manera de atacar la pobreza es mejorar los ingresos de los sectores que se han estancado en los últimos diez años”, dijo Carlos Pérez, diputado liberacionista y proponente del proyecto.

La iniciativa se encuentra en la comisión de asuntos económicos, donde los diputados buscan darle un trámite expedito.
Pero para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) esta variación no ayudaría a disminuir la pobreza, pues impactaría “violentamente” sobre la capacidad de contratación de las empresas al incrementar el costo del recurso humano, de acuerdo con lo expuesto por Manuel H. Rodríguez, presidente de la entidad, en una carta dirigida al Congreso.
En la Asamblea, no todos los diputados de la comisión parecen estar de acuerdo con el proyecto.
Por ejemplo, Evita Arguedas, diputada independiente, se negó a firmar el análisis que junto con Jorge Eduardo Sánchez y Leda Zamora, diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC), respectivamente, hicieron del texto, previo a su discusión.

Carlos J. Mora
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