Salario máximo

Una campaña publicitaria del salario mínimo reforzaría un sistema ineficiente para defender a los trabajadores
Salario máximo
El régimen actual en gran parte protege a los ricos

El mes pasado, el gobierno anunció que iba a gastar millones de colones de los contribuyentes en una campaña publicitaria, para que los empleadores paguen el salario mínimo legal.
Pero la campaña, como la mayoría de los esfuerzos del gobierno en este ámbito, va más allá de un intento desacertado por hacer cumplir un sistema, que es confuso, anticuado y paternalista.
La campaña en sí no es probable que logre cambiar las prácticas existentes.
Uno de los principales problemas tiene que ver con el hecho de que miles de empresas pequeñas no cumplen con las reglas del salario mínimo.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no ha anunciado ningún aumento en los recursos que planea dedicar a la investigación de este tipo de empresas.
En este caso no es mucho lo que sucederá.
Un problema más grave aún es que las reglas del Gobierno con respecto al salario mínimo no tienen ningún propósito claro.
Un país normalmente impone un régimen tal para proteger a los pobres.
En el caso de Costa Rica, el sistema existe en buena medida para proteger a los ricos.
Una de las categorías más importantes en la lista de salarios mínimos establecidos por el Estado, afecta a las personas que tienen un diploma universitario, quienes se supone que no ganan menos de ¢473.758,20 al mes, casi el doble del promedio nacional.
Sin embargo, los graduados universitarios incluidos los médicos, abogados y profesores son supuestamente las personas mejor formadas del país.
En este caso, no se deberían necesitar unos cuantos burócratas para negociar condiciones de trabajo razonables.
Luego, está la cuestión de por qué Costa Rica necesita mantener un sistema obsoleto, en un mercado laboral que ha cambiado tanto en los últimos años.
En 1949, cuando entró en vigencia la ley de salarios mínimos, la economía de Costa Rica estuvo dominada por un número reducido de grandes instituciones del Estado.
Hoy, la mayor competencia en casi todos los sectores, significa que los empresarios tienen pocas oportunidades quizás ninguna de suprimir los salarios de forma abusiva.
Otro defecto del régimen actual es que discrimina a los empleados mayores.
En el caso de las profesiones liberales, el hecho de que un joven de 22 años reciba casi medio millón de colones al mes, simplemente porque él o ella tiene un título universitario, a menudo dificulta a los empleadores pagar salarios altos a las personas con mayores habilidades y experiencia.
Además, el sistema costarricense del salario mínimo es demasiado complicado, con no menos de 248 categorías de puestos de trabajo, muchas de las cuales tienen poco sentido.
De acuerdo con el Ministerio, una persona que hornea pasteles debe ganar un salario diario de no menos de ¢7.983,80 (y ¿qué es exactamente el punto de los 80 céntimos, aparte de representar millones de cálculos pequeños más complicados para los empleadores cada año?).
Mientras tanto, el gobierno impone una cifra diferente (¢7.832,71), para quien cuece al horno una pizza pre-ensamblada, aunque la persona que hace la pizza y además la hornea, aparentemente no goza de ningún salario mínimo.
En el caso de los contadores privados, existen cuatro categorías diferentes, dependiendo de la experiencia o calificaciones de la persona.
Por el contrario, solo hay un tipo de programador de computadoras, pese a que algunos programas son tan simples como el alfabeto para un niño, mientras que otros son igual de complicados como el cálculo avanzado.
Para reemplazar este sistema obsoleto, confuso y paternalista, Costa Rica debe adoptar el modelo utilizado en la mayoría de los países desarrollados, que consiste en establecer el salario mínimo único.
Bajo este concepto, tanto empresarios como trabajadores calificados se beneficiarían, al permitir que las condiciones reales de la economía determinen el valor de los sueldos.
Así mismo, un sistema simple es mucho más fácil de aplicar, para efectos de proteger a los pobres.
Además, el Gobierno tendría más tiempo y recursos para intervenir, si los empleadores utilizaran cualquier imperfección del mercado, con la intención de dañar a los trabajadores.
Una campaña para promocionar el régimen actual quizás no sea difícil de montar, pero tampoco producirá mucho beneficio.
Un “overhaul” completo del sistema requeriría un mayor esfuerzo.
Pero haría la economía nacional más productiva.

Fred Blaser
Co-Presidente
República Media Group