Sala IV defiende decisión y señala “declaraciones desproporcionadas” y “alejadas del respeto” por parte de Laura Fernández

Tras aseverar que sus decisiones están fundamentadas en normas y principios jurídicos, y que su único objetivo “es salvaguardar los derechos constitucionales” de los ciudadanos, la Sala IV rechazó “las declaraciones desproporcionadas” y “alejadas del respeto” por parte de la presidenta Laura Fernández.

En ese sentido, el máximo tribunal defendió la prórroga de nombramiento de todos los magistrados suplentes de dicho tribunal, hasta que la Asamblea Legislativa hagan los nombramientos.

“La Sala lamenta las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo, por considerarlas desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado. Este tribunal reafirma que continuará actuando con firmeza, valentía e independencia, siempre del lado de la ciudadanía y en defensa del Estado de derecho”, dijo la Sala IV en un comunicado.

El máximo tribunal aseveró además que “este órgano continuará ejerciendo sus competencias con plena independencia, responsabilidad y apego irrestricto a la ley”.

“El fallo dictado por la Sala responde exclusivamente al mandato constitucional de proteger a la ciudadanía ante la situación generada por la ausencia de magistraturas suplentes y se enmarca en las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere a este tribunal”, dijo la Sala.

La polémica

Acompañada de los diputados oficialistas de Pueblo Soberano, la presidenta Laura Fernández calificó de “golpe de Estado” la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera indefinida a los magistrados suplentes del máximo tribunal.

En un mensaje de cuatro minutos, la mandataria señaló que Costa Rica no puede permitir el atropello a la Constitución Política, a la vez que aseguró que los cuatro magistrados que avalaron esa decisión “son golpistas”.

“No podemos dejar pasar la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera ilegal e inconstitucional el nombramiento de magistrados suplentes, cuyo periodo venció desde el 16 de diciembre del año pasado, del año 2025. Esto es, ni más ni menos, que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, quien es el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados. No podemos aceptar que se violente de manera categórica el principio de división de poderes, fundamental en un sistema democrático y de derecho”, dijo Fernández.

Para mediados de julio, al menos 120 costarricenses esperaban una resolución judicial sobre medicamentos, pensiones, becas y vivienda, entre otros temas.

El proceso de nombramiento lleva siete meses en discusión y los legisladores, en once ocasiones, no han logrado ponerse de acuerdo.

Esto, porque la bancada oficialista de Pueblo Soberano (31 legisladores) ha vetado la lista enviada por la Corte Suprema de Justicia, que, a su vez, envió en dos ocasiones la misma nómina de 18 aspirantes para nombrar a nueve personas. Para nombrar un magistrado titular o suplente se requieren 38 votos.