Sala IV analizará si “Escudo de las Américas” violenta la Constitución Política
Pacto hemisférico permitiría a Estados Unidos hacer operativos en suelo nacional
Tras acoger para estudio un recurso de amparo, los magistrados de la Sala IV determinarán si la incorporación de Costa Rica al programa “Escudo de las Américas” contraviene la Constitución Política y los derechos fundamentales de los costarricenses.
La iniciativa en cuestión es una política de acción conjunta hemisférica liderada por Donald Trump y Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico y, en principio, permitiría a ese país hacer operativos en territorio nacional con fuerza militar.
Además de Costa Rica, otras 15 naciones se suscribieron al pacto hemisférico.
“Los recurrentes sostienen que la declaración que suscribió el ministro de Seguridad Pública vincularía a Costa Rica con una concepción de seguridad hemisférica de carácter militar (…). Alegan que esa suscripción generó efectos jurídicos y políticos al relacionar al país con un esquema de seguridad regional que consideran incompatible con el ordenamiento jurídico costarricense”, explicó la Sala IV.
Para que Costa Rica pueda luchar de tú a tú con las fuerzas criminales, necesariamente ocupa de ayuda externa, según el presidente Rodrigo Chaves, quien defendió este miércoles el “Escudo de las Américas”.
El jefe de Estado lanzó fuertes críticas contra los detractores del plan, acusándolos de no entender el alcance del acuerdo y de tergiversar su contenido.
“Nunca falta un borracho en una vela. Nunca falta gente como Miguel Guillén yendo a, sin saber qué fue lo que se discutió con exactitud, a poner recursos constitucionales a la Sala IV”, dijo Chaves al referirse a dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra el plan.
El presidente insistió en que el convenio no implica la presencia de fuerzas militares extranjeras, sino un refuerzo a la capacidad de respuesta policial frente al avance del crimen organizado.
“Aquí nadie está hablando de fuerza militar necesariamente. No estamos hablando más que de asegurarnos de que la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas policiales tenga la misma proporción que la capacidad de ataque de estas fuerzas que son combatientes no estatales”, sostuvo.