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Tras darse a conocer nuevas revocación de visas estadounidenses a varios altos funcionarios y figuras públicas del país, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que estas decisiones no son arbitrarias, sino que responden a criterios claros relacionados con seguridad, narcotráfico y defensa de la democracia.
El mandatario dejó claro que no son decisiones caprichosas de ninguna manera, sin mencionar a Rodrigo Arias, presidente del Congreso, que fue notificado esta semana de la pérdida de la visa a Estados Unidos.
“La gente tiene que entender que Estados Unidos tiene reglas muy claras relacionadas al crimen internacional, al narcotráfico y a atentados contra la democracia. No es una decisión que tome una embajada local, eso viene desde muy arriba”, afirmó Chaves, aludiendo a los mecanismos internos del gobierno norteamericano.
Para Chaves, la falta de explicación formal por parte del gobierno estadounidense no significa ausencia de motivo.
“Ahí nadie toma una decisión sin que se haya discutido a los más altos niveles. El que diga que fue la embajada aquí, no señores”, enfatizó, señalando que estas medidas se están replicando en otros países de América Latina.
El mandatario invitó a los afectados a buscar sus propias respuestas: “Vayan pregúntenle a Arias, a Vanessa Castro, la vicepresidenta del Congreso, a los diputados, a las señoras estas que llaman, algo relacionado con Huawei, a los magistrados, ¿por qué les quitaron la visa? A mí no me pregunten”.
La lista de costarricenses que han perdido el permiso de ingreso a Estados Unidos continúa creciendo, sin que la embajada o el Departamento de Estado emitan explicaciones específicas.
Entre los nombres destacan los de Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional; Johana Obando y Cynthia Córdoba, diputadas independientes; Francisco Nicolás, legislador del PLN; Vanessa Castro, del PUSC; Sofía Machuca, auditora del ICE; y el expresidente Óscar Arias.
Aunque el gobierno estadounidense ha guardado silencio oficial, en el pasado el exsenador Marco Rubio advirtió que se tomarían medidas contra funcionarios costarricenses que intentaran socavar la ciberseguridad o cooperar con gobiernos considerados enemigos por Washington, como China.
Chaves dejó claro que no dará más detalles sobre el tema, pero insistió en que “esto sí es en serio” y que quienes están siendo sancionados podrían haber incurrido en actos que violan principios que Estados Unidos se toma muy en serio: democracia, seguridad y lucha contra el crimen organizado.
