Plan que excluye a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea prohíbe el cobro de la renta mundial
Rodrigo Chaves pide a diputados ser “responsables” y no permitir una exoneración injusta para grandes empresas
El mandatario evaluará en los próximos días el veto del proyecto tras la aprobación en primer debate
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 07 septiembre, 2023
En vez de permitir que algunas grandes empresas dejen de pagar impuestos en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves hizo un llamado ayer a los diputados para que sean responsables con las finanzas públicas y defiendan los recursos del país para mantenimiento vial, educación y salud, entre otras áreas.
La manzana de la discordia entre los legisladores y el presidente está relacionada con la aprobación en primer debate del proyecto de ley que sacaría a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea (UE), la cual, incluye a naciones que no son cooperantes con el bloque europeo en materia tributaria.
El problema es que la iniciativa que validaron los legisladores este martes por la noche, incluye una modificación en el impuesto de renta para clarificar que Tributación no puede cobrar tributos a personas y empresas por ganancias obtenidas en el exterior, aunque las hayan generado con dinero producido en Costa Rica.
De esta manera, grandes empresas lograrían ahorrarse dinero en el pago de impuestos, en momentos en que el país requiere recursos para invertir en diversas áreas, dijo Chaves.
El plan es apoyado por el PLN, el PUSC, el Partido Liberal Progresista y Nueva República, además de varias cámaras empresariales.
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Para el presidente Chaves, los diputados se quieren aprovechar de la situación para beneficiar a grupos de poder económico.
“Considero que esa iniciativa es verdaderamente perversa porque permitirá a muchas empresas y bancos no tributar y haría que el Estado pierda unos ¢21 mil millones. Ese dinero los diputados se lo van a regalar a las empresas y se necesita para construir los puentes a nivel sobre la Ruta 32 y más infraestructura y eso no puede ser”, destacó Chaves.
En ese sentido, el mandatario aceptó que está valorando la posibilidad de vetar la ley; sin embargo, aclaró que permitir que Costa Rica se mantenga en la lista de países no cooperantes también es una mala decisión.
Esto se debe a que se afectaría la imagen de Costa Rica, la seguridad jurídica y el clima de negocios.
Mientras tanto, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, señaló que el gobierno tiene diez días para definir qué hará.
En caso de que Chaves decida vetar el proyecto tal y como está, los diputados tendrían que reunir 38 votos para pasarle por encima a la decisión de Chaves.
“El proyecto aprobado en primer debate creó una exoneración para las rentas extraterritoriales de las empresas costarricenses. La gran preocupación para nosotros es que en algún momento había la posibilidad de que a ciertas empresas que realizan actividades en Costa Rica y realizan inversiones en el exterior, les estábamos pudiendo cobrar impuestos sobre esas inversiones, ahora, eso quedó cerrado. Tenemos que hacer una valoración sobre la conveniencia para el país de crear una exoneración injusta y para un grupo de empresas con muchísimo poder económico”, finalizó Acosta.
Por su parte, varios partidos de oposición señalan que el irresponsable sería el presidente Chaves, quien estaría permitiendo que Costa Rica se mantenga en la lista de países no cooperantes de la Unión Europea.
Mejor solución
Diputados de oposición insisten en que el gobierno debe avanzar con la exclusión de Costa Rica de la lista gris.
Paulina Ramírez
Diputada
PLN
Hemos tenido que correr contra el tiempo para que el proyecto se conozca. Hemos insistido en la necesidad de sacar a Costa Rica de la lista gris.
Esperamos que el gobierno actúe de manera responsable y no mande malas señales al mundo.
Daniela Rojas
Diputada
Unidad
Tras varios meses de trabajo en la comisión de paraísos fiscales, finalmente votamos el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea.
Hacemos un llamado a la responsabilidad del gobierno para que no vete este proyecto y permita su votación en segundo debate.